El pasado 26 de diciembre, pocas horas después de la Navidad, el presidente Macri vetó la ley 27.344 sancionada por el Congreso Nacional en noviembre último. Es la quinta vez en un año que hace uso de esa facultad que le otorga la Constitución. La norma impugnada declaraba de utilidad pública y sujeta a expropiación los inmuebles e instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen, ubicado en avenida Callao y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, incluida su marca comercial registrada.
En los considerandos del decreto 1.302/16 se subraya que "la administración de los recursos públicos se debe realizar de manera responsable, de conformidad con los fines públicos y apegada a los principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, mientras que las obligaciones mencionadas precedentemente resultarían sumamente gravosas para el Estado nacional, favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general".
La ley vetada disponía expropiar todos los bienes del Hotel Bauen, excluidos aquellos que hubieran sido adquiridos por la cooperativa de trabajo "Buenos Aires, una empresa nacional". El extraño nombre se debe a que sus iniciales son Bauen, de gran similitud con el nombre del hotel, nombre cuya propiedad la cooperativa no posee. La ley establecía además que el monto de la expropiación no la pagaría el Estado nacional sino que compensaría con los créditos que el mismo Estado posee contra el titular de los bienes, como también el crédito derivado de la hipoteca que el hotel constituyó a favor del ex Banco Nacional de Desarrollo. El decreto de impugnación señala que tal procedimiento no debe concretarse en las actuales circunstancias, dejando ver entrelíneas que no es voluntad del Gobierno comprarse un juicio, notoriamente gravoso y de final incierto.
Se advierte que este veto ejemplifica una de las maneras con las que el Gobierno Nacional evita el aumento del gasto público innecesario y lo hace saber a la opinión pública. Expresa en los fundamentos del veto que, aunque la finalidad de la expropiación pudiera ser loable, no debe concretarse porque el proceso expropiatorio perjudicaría la posibilidad de asignar esos recursos económicos a paliar otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población, y además lo sería "exclusivamente en beneficio de una situación particular que sólo afecta a un grupo de personas que se hayan comprometidas en las actividades desarrolladas en el inmueble en cuestión", las cuales se vinculan, fundamentalmente, con hotelería y turismo.
El hotel Bauen
El Bauen fue construido en 1978 con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de ese año; recibió subsidios del entonces Banco Nacional de Desarrollo (Banade) y se construyó en tiempo récord; en la década del 90 comenzaron sus problemas económicos que culminaron con su quiebra y cierre, durante la crisis económica del 2001. Supo ser un lugar de mitines y encuentros políticos; al retornar la democracia fue sede de actos proselitistas, búnker de candidatos presidenciales los días de comicios, para Menem en los noventa o para Nicolás del Caño el año pasado. El hotel terminó en manos de una cooperativa mediante un confuso procedimiento cuya solución actualmente se ventila en los tribunales. A esta ambigua situación judicial, que incluye a los propietarios pidiendo la devolución del edificio ocupado, se sumó la curiosa idea de expropiarlo. En el 2012 ingresó el proyecto al Congreso Nacional; en 2014 un fallo judicial ordenó el desalojo del hotel y la restitución a sus dueños.
Con tales antecedentes de morosidad del Poder Judicial y del Poder Legislativo, donde el gobierno tiene que remar con esfuerzo, resulta llamativo que el último día de las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, se aprobara la ley de expropiación, permite conjeturar en que fue una suerte de acción extorsiva. En esas circunstancias la ley fue enviada al P.E.P. para su promulgación. La respuesta del gobierno fue casi inmediata, medida en tiempos legislativos: el presidente Macri vetó la ley el día posterior a la Navidad. Ese hecho indicaba de qué modo el Ejecutivo presta atención al tema del gasto fiscal aún, como en este caso, capeando las urgencias que implica el final del año. También indica que primó la política de reducción del gasto público, prioridad absoluta para el gobierno, al vetar el pago de una expropiación que solo beneficia a un grupo de personas y no a la comunidad, o sea que no cumple, según su visión, con el requisito de utilidad pública que exige la Constitución.
Expropiación y populismo
El Gobierno no está dispuesto a gastar innecesariamente, y reducir el gasto fiscal es su terco objetivo. Las expropiaciones, que son un desapoderamiento forzado pagado por el Estado, exige una condición: que sea por causa de utilidad pública. Pero no la define, es un criterio cuya oportunidad y conveniencia el Poder Legislativo deberá elegir y fundamentar en cada caso para cada ley. Esa ambigedad hace que en muchas ocasiones la Justicia haya debido intervenir a pedido del damnificado cuando demandó judicialmente la inexistencia de tal utilidad pública. Este concepto, desde hace más de un siglo, ha provocado el recelo de la opinión pública argentina, cuando advirtió por distintos medios, en especial por la prensa, que bajo el disfraz de "utilidad pública" en ocasiones se escondían negociados, abusos o incluso persecuciones políticas como la emblemática expropiación del diario La Prensa. Los juristas han señalado repetidamente que la utilidad pública se debe anteponer a la utilidad particular; ese es el único fundamento y razón para que una persona pueda ser objeto de una venta forzada toda vez que así lo exija el bien general. Pero también señalan que los gobiernos suelen abusar de este procedimiento; en especial los gobiernos populistas, que despilfarran sin control los dineros públicos, y que so pretexto de pública utilidad, perjudican patrimonialmente a ciertos ciudadanos, y se violan garantías constitucionales.
En otros casos, el populismo, tan proclive a regalar sin ton ni son, llevó a cabo expropiaciones que encubrían operaciones de corrupción económica. Esto ha ocurrido en el país en todos los tiempos y en todas las provincias y también, por supuesto, en el ámbito nacional. En el caso del Hotel Bauen desde 1978 hasta la fecha, las conductas de los propietarios así como la de los empleados y la de terceros acreedores hipotecarios, han estado regidas por las leyes regulares del país, con sujeción a las cuales se desenvuelve la vida cotidiana en Argentina. En caso de existir conflictos por incumplimiento de algún deber que esas leyes imponen, la solución reglada es que el conflicto sea dirimido por el Poder Judicial a través de los tribunales competentes.
Ello no sucede con el Bauen, en el cual ha tomado partido el Poder Legislativo sin que esté dado el requisito excluyente que le permite hacerlo: la causa de utilidad pública.
Este veto presidencial debe ser interpretado entonces como una señal de lo que significará la reducción del gasto fiscal en su sentido más cabal, señal dirigida igualmente a los gobiernos provinciales. También resulta una advertencia para los legisladores nacionales, acerca de la posición que asumirá el gobierno respecto del gasto fiscal en relación con las leyes expropiatorias, las que deberán ahora pasar por un tamiz mucho más exigente al momento de explicar que el restrictivo sentido con el que entenderá el gobierno nacional la "causa de utilidad pública", palabras con las que el artículo 17 de la Constitución Nacio nal permite, muy excepcionalmente, privar a una persona de su derecho de propiedad.

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