Un parpadeo azul despertó la sospecha. Una empleada de la sede central del Registro Civil, sito en Uruguay 753, ingresó al baño de mujeres del sexto piso cuando esa luz, que salía de un agujero del techo, la inquietó. Preocupada, la empleada llamó a una compañera y entre las dos hicieron un esfuerzo para descubrir qué había detrás de ese destello. Una se subió a una silla y despejó la duda con sus manos: una cámara de video había estado filmando al personal femenino que hacía uso de los sanitarios.
Las miradas no tardarían en apuntar contra Adrián Alberto Gargiulo, que se desempeña como casero del Registro Civil. Luego confirmaría su responsabilidad la Procuración General de la Ciudad y la Justicia porteña, que semanas atrás rechazó la medida cautelar del acusado contra la resolución del Gobierno de separarlo de su puesto.
No fue difícil encontrar al responsable. Tras el hallazgo de la cámara, las mujeres dieron aviso a sus superiores. Conectaron el aparato a una computadora del Registro y comenzaron a visualizar el material que había en la tarjeta de memoria, una SD de 2 Gigas. No fue difícil encontrar al responsable. Tras el hallazgo de la cámara, las mujeres dieron aviso a sus superiores. Conectaron el aparato a una computadora del Registro y comenzaron a visualizar el material que había en la tarjeta de memoria, una SD de 2 Gigas.
En un tramo de la grabación, vieron dedos de hombre que parecían acomodar el dispositivo. Después apareció una figura masculina. No se veía su cara, pero sí su vestimenta.
La entonces directora del Registro Civil, Ana Lavaque, decidió solicitar la grabación de una cámara de seguridad que registra el ingreso al baño. Esa filmación había capturado a un hombre que salía por la puerta de los sanitarios. Llevaba las mismas prendas que la silueta que habían visto en la cámara oculta. Todos lo reconocieron: era Gargiulo.
El hombre siempre negó su responsabilidad, aún cuando la Procuración General de la Ciudad expresó que su acción estaba demostrada. Gargiulo luego pidió a la Justicia porteña "la suspensión de la cesantía decretada por las autoridades, que se le restituya inmediatamente al empleo, funciones y modalidades; y el pago de una indemnización sustitutiva equivalente a los salarios de la categoría en la que revisaba no percibidos durante la suspensión preventiva". La cautelar fue rechazada por la Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

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Sección Editorial

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jorge echeverria
jorge echeverria · Hace 26 días

Esta bien el uso de cámaras de seguridad dependiendo en donde se las ubique. En Salta muchos comercios las usan, en algunos casos llegan al extremo de colocarlas en el baño, violando así la intimidad del empleado. Quien es el encargado de controlar que esto no suceda? Alguien sabe donde pueden ir a parar esas imágenes?


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