La decisión de Juan José Araanguren de vender sus acciones en Shell es tardía e insuficiente, ya que el ministro de Energía nunca debió haber sido designado en ese cargo con semejante conflicto de intereses en sus espaldas.
Mauricio Macri pagó un insólito costo político durante nueve meses en defender a capa y espada a su funcionario, argumentado que las críticas contra él no eran justas. "Nada de lo que pueda hacer Shell en Argentina le va a cambiar el valor a esas acciones", había dicho textualmente el Presidente durante una entrevista publicada por El Tribuno en junio pasado. A la luz de los acontecimientos, la situación pareció ser a la inversa: la propia Oficina Anticorrupción, conducida por la oficialista Laura Alonso, recomendó públicamente que el funcionario se desprenda de sus acciones en la petrolera.
Se trata ni más ni menos que de un organismo que había sido cuestionado por sugerir a los funcionarios de Cambiemos que si alguno tenía dudas de incurrir en un conflicto de intereses "delegue la firma en su empresa". Desde la asunción de Macri, la OA nunca se caracterizó por ser un ente independiente del Gobierno, lo que demuestra aún más la enorme irregularidad que se le estaba permitiendo a Aranguren.
El jefe de Estado llegó a la presidencia con un discurso muy ligado a la transparencia, pero nunca condenó explícitamente que Aranguren esté de ambos lados del mostrador ni que su vicepresidenta Gabriela Michetti no pueda explicar claramente de donde sacó el dinero que le robaron de su casa.
Macri aún conserva buenos índices de aceptación pese a la crisis económica, pero el mandatario no debería rifar ese caudal por ninguno de sus funcionarios.

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