Un proyecto sobre la creación de un nuevo cuerpo de investigaciones a disposición del Ministerio Público está produciendo resistencias en ámbitos legislativos, judiciales y policiales, no solo por su ambigua finalidad sino también por mostrar ese proyecto propuestas probablemente inconstitucionales, falencia que distintos sectores han señalado ya, comenzando por la Asociación de Magistrados de la Provincia, en un análisis enviado al presidente de la Cámara de Diputados de Salta.
Manifiesta dicha asociación que causa profunda preocupación el proyecto que crea un cuerpo de investigaciones armado y que, si bien dependerá orgánicamente del Poder Ejecutivo Provincial, funcionalmente dependerá del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, según su artículo primero.
Señala la Asociación de Magistrados que conservar la paz, la seguridad y el orden público son facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, por lo que varios artículos constitucionales inviabilizan al artículo primero del proyecto de creación de esta suerte de policía provincial paralela.
En especial los artículos 4 y 147; el último porque requiere que las disposiciones del gobernador sean refrendadas por sus ministros y el otro porque textualmente prohíbe a los poderes públicos, el Ejecutivo en este caso, delegar las facultades conferidas por la Constitución, o atribuirse otras que no sean las expresamente acordadas por el texto constitucional.
Además de lo señalado por la Asociación de Magistrados, la Constitución salteña desde 1986, vale el recordarlo, ha instituido el principio de autonomía funcional disponiendo que "en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público"(artículo 167) de manera que mal puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo.
Así como quedó separada e independiente del Poder Judicial, así tampoco puede aceptar órdenes, pedidos o sugerencias del Gobernador o de sus ministros, como lo permite el texto del proyecto de la Policía de Investigaciones.
Un ente armado es fuerza pública
El tema de la fuerza pública, o fuerzas de seguridad, no está definida en la Constitución nacional; ella solo considera las funciones de las fuerzas armadas, funciones que exceden el marco de seguridad o el delictual, tanto en su prevención como en su investigación.
Distinto es el caso de Salta; aquí la Constitución prevé la existencia de fuerzas de seguridad, que incluyen al servicio penitenciario (artículo 21) y la policía; lo hace en forma indirecta al disponer el último párrafo del art. 97 la incompatibilidad de los oficiales y suboficiales de las fuerzas de seguridad para ser diputados y de manera directa en el art.140, al disponer que el gobernador "auxilia con la fuerza a los poderes públicos".
Ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, ni mucho menos el Ministerio Público, que es un órgano extrapoder, pueden por sí hacer uso de la fuerza, y el gobernador no puede delegar a otros poderes u órganos públicos sus facultades porque se lo prohíbe expresamente el art. 4§ de la Constitución.
De manera que el proyecto analizado, al definir en su inicio a la futura "Policía de Investigaciones" como "una institución civil disciplinada, armada y jerarquizada", está manifestando públicamente que pretende no acatar el art. 140 indicado.
Además de esta primera objeción constitucional, el articulado proyectado repite en múltiples ocasiones que el Poder Ejecutivo, y no el Ministerio Publico Fiscal, es el que decidirá cuestiones de diversa índole.
Así indica que el futuro cuerpo deberá ser dirigido por un director general que será designado por el Poder Ejecutivo, y en el artículo siguiente dispone que "el Poder Ejecutivo puede, en cualquier momento, por sí" remover del cargo al director general.
Esta idea del proyecto viola la autonomía funcional que la Constitución pretende que tengan los fiscales, asesores de incapaces y defensores oficiales, cuando ordena que "en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público". Si al director general de la Policía de Investigaciones, que tiene dependencia funcional del Ministerio Público Fiscal y comanda la fuerza auxiliar y colaboradora de las fiscalías penales, lo nombra y lo remueve el Poder Ejecutivo, y si este funcionario tiene a su cargo, además, desarrollar las políticas institucionales de tal policía "de acuerdo a las pautas fijadas por el Ministerio de Seguridad", la declamada autonomía funcional e independencia del Ministerio Público queda herida de muerte por una norma de rango inferior, solución inviable en el sistema jurídico argentino.
De estos ejemplos existen varios más en el proyecto.
Así dispone que el Ministerio de Seguridad y la Procuración General integrarán la junta de calificaciones para ascensos del personal o para proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento del personal; y en las disposiciones complementarias el proyecto dispone que "el Poder Ejecutivo dictará los reglamentos previstos en la presente ley y todos los demás que resulten necesarios...".
Pero el proyecto no indica la manera de solucionar los conflictos generados por un director general piense diferente al representante del Ministerio Público Fiscal, o este oponga reparos a las pautas que fije el Ministerio de Seguridad con relación a las políticas institucionales indicadas por el art. 11.
Críticas desde otras perspectivas
Aprobar este proyecto policial sembrará más problemas que soluciones. Es llamativo que no se haya expedido el Colegio de Gobierno del Ministerio Público frente a las objeciones ya planteadas públicamente, como las realizadas por la Asociación de Magistrados de Salta o las publicadas en este medio el pasado 26 de julio, cuyo autor, Pablo Cardozo Cisneros, además de abogado ha pertenecido a la institución policial.
Sus argumentos, sólidos, giran alrededor de dos ejes principales, uno de derecho que señala la "incurable inconstitucionalidad" de la norma si fuese sancionada y otro de hecho, al referirse que la Policía de Investigaciones, al estar armada, disciplinada, escalonada y cumplir la doble función de prevención e investigación, es una réplica del cuerpo policial ya existente.
"El proyecto en análisis abunda en portaciones de armas, distintivos, jerarquías, placas, escudos, uniforme, etc...", su conclusión es que la Policía de Investigaciones resulta un órgano idéntico a la Policía de Salta, "de la cual quiere diferenciarse".
Por su parte, el diputado por Capital, Dr. Guillermo Martinelli, ha afirmado a los medios que "así como está redactado, no es un buen proyecto" y que si avanzara "el Ministerio Público Fiscal marcha a ser un súper poder". Lo cual es cierto porque el texto por ahora, además de claras contradicciones con la Carta Magna, es también confuso en varios pasajes.
Por ejemplo al delegar a una reglamentación las atribuciones que tendrá "el director general para la asignación de fondos y al régimen financiero de la institución" (art. 11, inc.10).
O contradictorio respecto de las "misiones primordiales" enumeradas en el art. 3º: ¿son las operaciones de prevención o las de investigación? Para que haya investigación se necesita primero que exista un delito, y en consecuencia un debido proceso.
No debe omitirse tampoco el contexto histórico que generó este proyecto.
El inicio de la hipertrofia del Ministerio Público Fiscal se inicia en el 2009, cuando el entonces gobernador Urtubey, prokirchnerista, dio luz verde a emprendimientos que ampliaban de un modo o de otro las áreas de poder de la Procuración General con objetivos discutibles.
En mayo de 2010, la Procuración General de la Provincia dictó la resolución Nº 133/10 creando el CIF, Cuerpo de Investigadores Fiscales, norma administrativa que dotaba al Ministerio Publico Fiscal de una serie de órganos auxiliares que tendrían "funciones investigativas" para colaborar con las fiscalías del fuero penal. Una semilla del proyecto de hoy.
No fue la única vez que el gobernador tuvo que pagar costos políticos por desprolijidades originadas en el Ministerio Publico en pos de un crecimiento descontrolado. En 2011 envió un proyecto de ley creando la Fiscalía General del Fuero Correccional, cuyo titular y fiscales-asistentes eran designados sin necesidad de cumplir con el requisito del acuerdo senatorial.
El intento no prosperó porque no pudo sortear las serias objeciones que se le formularon en la Cámara de Diputados, fundamentalmente constitucionales.
Por un tiempo, la semilla tuvo que dejar de crecer.
Eran tiempos del pensamiento único, del kirchnerismo de tomo y lomo, del modo de gestionar yendo siempre por más, del silencio que caracterizaba al Colegio de Gobierno, o los colegios profesionales, para facilitar el objetivo final. Pero la Procuración General tenía que ir por más.
Conclusiones sobre el proyecto
Si ese futuro súper poder, como lo categorizara el Dr. Martinelli, se perfila además como una policía de inteligencia política (o gremial, o la que fuese, ya que tiene por función "reunir información" según su art. 6º inc. 7, sin que se conozcan todavía los reglamentos que pondrán límites), la desconfianza de la opinión pública será grande, aunque la legislatura lo convierta en ley.
La prudencia y el respeto al bloque de legalidad que constituyen las normas bajo las cuales se desarrolla la vida en la provincia y que rigen las conductas de las instituciones o las del ciudadano común, debe primar sobre cualquier razón coyuntural, motivación política o insostenible empecinamiento que permita avanzar en este tema a costa del quebrantamiento de ese bloque de legalidad.
El proyecto de ley presenta demasiados e insuperables obstáculos de naturaleza jurídica; pero también obstáculos de otro tipo.
Si jurídicamente es un texto inviable, políticamente resulta un proyecto inoportuno.
El país entero está embarcado en reducir el gasto público; Salta al crear una policía paralela, innecesaria y aprovechada por un solo fuero, deberá comenzar a dar explicaciones hasta en el Boletín Oficial de la Nación.

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