Según el coordinador de Tierras y Bienes, Sergio Usandivaras, las 300 familias preadjudicadas que se quedaron sin un lote en Parque La Vega nunca habían actualizado sus expedientes en el organismo provincial. La explicación oficial pierde sustento ante testimonios de quienes tienen la constancia de adjudicación de un terreno y fueron a renovar sus carpetas de manera periódica, incluso días antes de la ceremonia de entrega de los lotes.
Raquel Ferreyra (preadjudicataria): “Iba una vez por semana a Tierra y Hábitat para ver si había alguna novedad y nunca me dijeron que me faltaba algo. En 2015 pase una auditoria”.
Entre los damnificados se encuentra Damián Gramajo, de 22 años, quien hizo la denuncia penal que derivó en la intervención de la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, por supuestas usurpaciones en el loteo.
"Fui a Tierra y Hábitat el martes anterior a la entrega de terrenos y me dijeron que mis papeles estaban en orden y que el 15 de febrero me iban a dar un lote", contó Gramajo a El Tribuno. El joven fue preadjudicado en Parque La Vega en 2013. Tiene un una hija de 3 años y su esposa está embarazada de dos meses. En la actualidad vive con su familia en la casa precaria de su madre, en el barrio 17 de Octubre, donde también residen sus tres hermanos.
Raquel Ferreyra, de 43 años, también fue prolija en renovar periódicamente su carpeta y tampoco recibió un terreno.
"Iba una vez por semana para ver si había alguna novedad y nunca me dijeron que me faltaba algún trámite", aseguró la mujer, quien vive con su esposo y tres hijas en una casa alquilada en barrio 2 de Abril.
Diego Barreto, la firma que se repite
Las denuncias por irregularidades en el loteo de Parque La Vega no son nuevas. En diciembre de 2014, seis familias hicieron una presentación penal contra el exsubsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto, y uno de sus colaboradores, Adolfo Aldo Gordillo, por estafas en la adjudicación de tierras en ese predio de la zona sur de la ciudad.
En julio de 2014 fueron entregados 800 lotes en el barrio Nueva Esperanza, colindante a Atocha. Tras el acto, no tardaron en llegar las denuncias por irregularidades. Es el caso de Rosana Delfín, quien le mostró a El Tribuno su constancia de adjudicación de un lote, que luego fue otorgado a otra persona.
Los denunciantes aseguraron que pagaron $15.000 cada uno como condición para recibir un lote, que finalmente terminaron asignados a otros postulantes.
Como prueba presentaron constancias de adjudicación de terrenos, recibos firmados, una nota con cargo de iniciación de uno de los expedientes oficiales y hasta una constancia de transferencia bancaria a una cuenta del Banco Macro. Ofrecieron, además, cruces de llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Como en tantos otros casos en los que están involucrados funcionarios del Gobierno, el Ministerio Público de Salta archivó la denuncia. En tanto, Barreto, quien llegó a ser candidato a diputado provincial por la agrupación oficialista Miles, renunció a su cargo en setiembre de 2013, aunque las polémicas por su gestión continúan.

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