Una ley que se quedó corta

Guillermo Segón

Una ley que se quedó corta

La ley que generó muchas expectativas para los jubilados y pensionados que estaban reclamando por un reajuste en sus haberes por malas liquidaciones de Anses se quedó corta y no beneficiará a todos los jubilados que tienen problemas con sus haberes.
Si bien la idea del Poder Ejecutivo era en un principio cancelar la totalidad de los juicios que tienen los jubilados contra Anses (más de 400.000 demandas), y terminar con la litigiosidad del sistema previsional, la letra chica de la ley no permitirá cumplir con ese objetivo porque solo beneficiara a algunos de los jubilados afectados.
Esto sucede porque el índice que elige esta nueva ley para la actualización de los sueldos que se toman como base para calcular las jubilaciones es un índice más bajo que el establecido por la Corte en el caso Ellif (índice ISBIC). Por este motivo, en algunos casos los haberes que ofrezca la Anses para el acuerdo conciliatorio será bastante menor al que le correspondería si el jubilado sigue con el juicio. Tampoco abarcará a jubilados quienes les corresponda haberes mayores al tope de ley ni a los jubilados por leyes especiales.
Es una lástima que se desperdicie esta buena decisión política de cancelar toda la deuda que tiene el Estado con nuestros jubilados por una "decisión técnica errónea" por utilizar otro índice diferente al elegido por los criterios de la Justicia que perjudicaran a un grupo de jubilados. Y digo que es una lástima "desperdiciar esta oportunidad" porque "si el Estado entiende que hay una deficiencia de jubilaciones debería pagarlas correctamente y no someter a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones a concurrir a firmar un acuerdo que significa desistir de parte de sus derechos".
"Es una lástima que se desperdicie esta buena decisión política de cancelar toda la deuda que tiene el Estado con los jubilados".
En general, la mayoría de los juicios que se iniciaron fueron por error en el cálculo del haber de origen (caso Ellif o Sánchez) o por problemas en la movilidad de los haberes jubilatorio, es decir por no haber recibido los aumentos que correspondían por inflación entre el año 2000 al 2006 (caso Badaro).
Los jubilados más perjudicados por la utilización de este índice serán los que se jubilaron a partir del 2006 en adelante por la ley 24.241, ya que el haber que le ofrecerá el organismo previsional puede ser bastante menor al que le corresponda si sigue con sus juicios. Por ello, en este caso, el jubilado tendrá que tener un buen asesoramiento por el profesional que elija para firmar el acuerdo y saber que parte de su haber está dispuesto a resignar, caso contrario deberá continuar con su juicio. No todos los casos son iguales y depende mucho de las particularidades del jubilado; por ejemplo, en qué fecha se jubiló, el nivel del sueldo que tenía en actividad, etc.
También quedan fuera de esta ley los jubilados autónomos cualquiera sea la fecha en la que se jubilaron y por lo tanto que no recibirán ninguna propuesta de mejora por parte de Anses, una vez más estos trabajadores quedarán postergados y olvidados por la autoridades previsionales.
Los jubilados más beneficiados por esta ley serán los jubilados antes del 1993 por ley 18.037 (Caso Sánchez y Monzo) y los jubilados ex provinciales y nacionales que solo deben pedir la movilidad del caso Badaro y no rectificación del haber de origen.
"La ley es una buena iniciativa porque combate la triste realidad que viven los jubilados en la que un juicio dura en promedio más de 5 años. Muchas de esas personas mayores van a tener la posibilidad de resolver su conflicto en un plazo mucho más breve" analizando los aspectos positivos de la iniciativa del Gobierno nacional.

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