Son millones de improvisadas viviendas sin las mínimas condiciones de seguridad, comodidad ni salubridad. Son asentamientos informales o villas de emergencia reveladoras de una realidad social impactante, donde la pobreza es lo único que no falta.
La ONG Techo presentó ayer en el Congreso de la Nación los resultados de su informe 2015-
2016 en cuanto al "Relevamiento de asentamientos informales". Una de las impactantes cifras en materia de pobreza difundidas es: 1 de cada 10 habitantes de los centros urbanos reside en condiciones precarias y con falta de acceso a los servicios.
El objetivo del relevamiento fue determinar, caracterizar y georeferenciar los asentamientos informales existentes al primer semestre del año 2016 en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, del Gran Corrientes, Gran Resistencia, parte de la provincia de Misiones, Alto Valle de Neuquén, Plaza Huincul Cutral-Có y Arroyito, Alto Valle de Río Negro, parte de la provincia de Salta, el Área Metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán.
Según el informe, existen al menos 2.432 asentamientos en los 11 territorios relevados, donde viven cerca de 650 mil familias. Así, cerca de 3 millones de personas habita en estos tipos de conglomerados poblacionales en los que no tienen acceso a dos de los tres servicios públicos básicos (agua, luz y cloaca) y donde sus habitantes carecen de título de propiedad de las tierras.
A esto se le suma que el 60% de los asentamientos se inunda cada vez que llueve y en el 40% no ingresa el camión de basura. Mientras que el 70% de los asentamientos tiene dentro de su perímetro o a menos de 10 metros un factor de riesgo (23,3% ribera de arroyo, 16,2% camino de alto tráfico, 15,8% basural, 9,5% torres de alta tensión).
La provincia de Buenos Aires es el distrito en el que se concentra más de la mitad de estos tipos de hogares. En total fueron relevados 1.352 asentamientos informales en la mayor provincia del país en los que se encuentra el 61,1% de las familias del país que vive en estas condiciones. Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, según el informe, se estima que "son al menos 2.993.151 personas", indicó el informe.
A la vez, Techo busca dar indicios de las dinámicas territoriales entre los resultados obtenidos en el "Relevamiento de asentamientos informales" (RAI) 2013 y los resultados del 2016. Esto implica, detectar las mejoras y retrocesos en cuanto al acceso a la infraestructura urbana: la formalización del acceso a los servicios básicos, la extensión del alumbrado público, el asfaltado en las calles y la construcción de veredas, la mejora en el servicio de recolección de basura, entre otros.
La situación empeoró
Desde este enfoque, la situación empeoró entre 2013 y 2016. En el mismo territorio relevado en 2013, donde se encontraron 2.138 asentamientos y vivían aproximadamente 533 mil familias, en la actualidad se relevó una menor cantidad de asentamientos (2.062 en total), pero con un 11,5% más de familias viviendo en ellos (594.970 en total).
En relación con el acceso a los servicios básicos, el estudio agrega que en el 73% de los asentamientos informales, la mayoría de las familias no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98% no tiene acceso regular a la red cloacal y en el 95%, la mayoría de las familias no tiene acceso al agua corriente. Asimismo, en el 16% de los casos la mayoría de las familias bebe agua de pozo y elimina sus excretas a través de un pozo ciego sin cámara séptica, lo cual genera un riesgo sanitario alto.
Falta de políticas
Un dato relevante del estudio da cuenta de la falta de acción local en temas de política habitacional: más de la mitad de los asentamientos (el 53,6%) tienen entre 8 y 100 familias; mientras que los barrios conformados por hasta 500 familias representan el 35,2%, apenas el 11,2% de lo contabilizado son espacios en donde residen más de 1500 familias.
"Lo importante a destacar es que se necesitan políticas estructurales porque si no seguiremos viendo relevamientos de este tipo. Estamos ante un problema estructural. De los asentamientos relevados, el promedio de antigedad es de 28 años. El 21,7% existe desde hace más de 43 años, mientras que el 28,5%, entre 43 y 24 años. Es decir, más de la mitad llevan un cuarto de siglo viviendo en situación de informalidad", apuntó Florencia Yaccarino, coordinadora nacional del relevamiento de Techo.
El trabajo de campo demandó dos años. Según explicaron en la organización, se realizó una convocatoria a expertos del Instituto Gino Germani y de las universidades Di Tella, Católica y de la Nacional General Sarmiento y del Servicio Habitacional y de Acción Social. Luego, con el cuestionario en mano, 800 encuestadores recorrieron las zonas y se entrevistaron con 3.000 referentes comunitarios.

La política social, tercerizada

El Gobierno nacional delegó buena parte de su política social en un grupo de organizaciones territoriales, con predilección por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep). Tras haberlas habilitado para manejar los fondos destinados a insumos del plan Argentina Trabaja, ahora el Gobierno las subcontrató para que concreten un relevamiento en cuatro mil villas y asentamientos del país, donde viven alrededor de un millón de familias.
Unos cinco mil militantes de esos movimientos (Ctep, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) ya empezaron una especie de censo popular, a cambio de $ 55 por encuesta.
Un millón de encuestas a ese precio suman en total unos $ 55 millones que desembolsará el Estado para los piqueteros. De ahí, surgirá el dato sobre la cantidad de chicos que podrían (y hoy no lo hacen) acceder a la Asignación Universal por Hijo. Las organizaciones sociales estiman ese número en casi cien mil chicos.
Por medio de este acuerdo de bajo costo para el Estado, el Gobierno confirmó su decisión de utilizar el know-how de las organizaciones (con la excepción de las kirchneristas, como La Cámpora o Kolina), en reemplazo parcial del despliegue estatal.

En diciembre, en Salta

Entre el 2 y el 4 de diciembre, Techo construirá en Salta. Los interesados en sumarse a la acción solidaria pueden tomar contacto con: salta.argentina@te cho.org. Con la implementación de un modelo de trabajo enfocado en el desarrollo comunitario, Techo busca, a través de la ejecución de diferentes programas, “construir una sociedad justa y sin pobreza, donde las personas tengan la oportunidad desarrollar sus capacidades, ejercer y gozar de sus derechos”.
La ONG tiene la convicción de que la pobreza se puede superar definitivamente si la sociedad en su conjunto logra reconocer que es un problema prioritario y trabaja activamente por resolverlo. Su motor esencial es la acción conjunta de vecinos y voluntarios.
En el país
Techo está presente en Área Metropolitana de Buenos Aires y La Plata, Córdoba (Capital y Río Cuarto), Salta, Misiones (Posadas y Oberá), Tucumán, Chaco, Corrientes, Neuquén, Río Negro y Rosario.
Todo en la web
La información referida al trabajo de Techo está disponible desde ayer en formato de datos abiertos en www.techo.org.ar/relevamiento.
Se pueden ver las cifras del trabajo realizado en los nuevos barrios informales, que registran un crecimiento sostenido desde hace 3 años.

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