Con una población estimada en más de 500 mil niños, niñas y adolescentes, la provincia contará con un Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia si la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley que ya tiene media sanción. El organismo cumpliría un rol fundamental para promover el respeto por los derechos de la infancia en Salta, donde actualmente hay 600 chicos que deben permanecer en alguna institución que los proteja frente a una situación de riesgo.
La Cámara de Senadores aprobó hace días a un proyecto de ley por el cual Salta se adhiere al sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes previsto en la Ley Nacional N§ 26.061, sancionada hace más de una década en el Congreso.
Cuando se apruebe esta iniciativa en Salta, se creará el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que podría entrar en funcionamiento entre marzo y abril de 2017 de acuerdo a información de distintas fuentes.
Según datos proporcionados por la Asesoría General de Incapaces, en Salta hay alrededor de 600 niños, niñas y adolescentes contenidos en distintos ámbitos de protección y bajo supervisión judicial. Se encuentran en espacios como los denominados sistemas alternativos o establecimientos que integran el régimen penal juvenil, entre otras instituciones.
Entre los problemas más serios que existen en la actualidad, la violencia familiar ocupa uno de los primeros lugares. Los niños y niñas están entre los más perjudicados. La situación, según los especialistas, es la base de otros problemas.
Multiplicidad de casos de agresiones, abandono, abusos y adicciones constituyen situaciones que demandan una intervención inmediata por parte del Estado.
"Era imprescindible e impostergable que la provincia avance en una ley provincial. Salta tiene una demora importante en adecuar su normativa para que se puedan implementar medidas de protección efectivas", remarcó Mirta Lapad, asesora general de Incapaces.
La financiación del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia quedará a cargo de la Provincia y el presupuesto sería de algo más de un millón de pesos por mes.
El organismo tendrá como principal objetivo el de contribuir a la protección integral de la infancia y adolescencia. Las acciones serán coordinadas entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pero la autoridad de aplicación será la Secretaría de la Niñez y Familia, dependiente del Ministerio de la Primera Infancia.
La aprobación del proyecto está en manos de la Cámara Baja. Se espera que el tema se debata antes de fin de año o bien en una sesión extraordinaria.
"Hoy se trabaja de manera coordinada cuando las agendas nos permiten. Con este Consejo estamos obligados a designar representantes, que haya orden del día y se vayan elaborando propuestas para que podamos mejorar nuestras acciones", dijo a El Tribuno el ministro de Primera Infancia de la Provincia, Carlos Abeleira.
"El organismo institucionalizará lo que actualmente ya estamos haciendo mediante actividades comunes y operativas de funcionamiento", agregó el funcionario.
El Consejo no estará ajeno a las acciones de promoción. Estas serán tendientes a integrar a la familia antes de que ocurran episodios que luego requieren intervención del Estado.
Una de las ventajas destacadas por distintos sectores sobre el Consejo Provincial será la descentralización de la atención. En lo que va del año, la Secretaría de la Niñez y la Familia trabajó en alrededor de dos mil oficios, gran parte de ellos en la capital salteña. La nueva ley permitirá implementar unidades regionales para la protección integral de la infancia en el interior.

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