El reciente editorial del diario La Nación (del lunes 23) nos obliga -como dirigentes políticos y representantes del pueblo- a estar alertas frente a las tentativas de distorsiones acerca del real significado y alcances de los derechos humanos.
La causa de los derechos humanos y aún la doctrina universal de derechos humanos ha sido más de una vez invocada por autoritarios y populistas que sobre dudosas bases han llevado a la práctica programas sectarios, hegemónicos y violentos que dicen defenderlos. En nuestra apreciada Patria Grande tenemos ejemplos que nos avergenzan y nos duelen.
Nuestro país adquirió un fuerte compromiso con el respeto a los derechos fundamentales cuando en 1994 se introdujeron con rango constitucional los más importantes instrumentos internacionales de la humanidad que no invocan origen religioso: la histórica Declaración Universal de las Naciones Unidas y los documentos que fueron la consecuencia de un mundo conmovido por los recuerdos de un reciente genocidio.
La República Argentina goza de ese singular estatus de ser uno de los pocos países que han receptado desde el texto constitucional semejante compromiso político y ético. Este no es un punto de partida menor.
Sin embargo, justo es reconocer que antes de esa fecha ya la administración radical emergente de las urnas en 1.983 nos legó en 1.985 el histórico juicio a las Juntas Militares, juicio que trajo esclarecimiento y verdad, y que nos puso crudamente frente a los abominables hechos sucedidos durante la última dictadura militar.
¿Qué queremos (o quiero) significar con estas evocaciones?: "Que la causa de los derechos humanos no puede ni debe ser objeto de apropiaciones partidarias hegemónicas". Los derechos fundamentales de las personas pertenecen a ellas, son anteriores al estado y es un deber de éstos reconocerlos, promoverlos y asegurarlos. No son ni deben ser botín de guerra de la política doméstica.
Los juicios que se sustancian en la justicia civil contra el terrorismo de Estado, por los crímenes de lesa humanidad cometidos, deben proseguir en el ámbito que les es natural: ante los jueces de la Constitución, ante los jueces de la democracia, no ante jueces subrogantes o amanuenses del gobierno como ha ocurrido durante la administración kirchnerista u ocurre en Salta.
Fijar una posición categórica sobre este punto, sobre los crímenes de lesa humanidad investigados por la justicia federal argentina, es un deber ético irrenunciable como es un deber ético irrenunciable resistir y combatir las concepciones facciosas que nos alejan de la verdad histórica y de la deseable justicia.
Vaya desde esta posición un especial reconocimiento para los trabajadores del diario que ante semejante despropósito y con inusual convencimiento han expresado su oposición al anhelo descaminado expresado en ese editorial.
En fin, queda por exhortar a la clase política argentina y a la nueva administración que acaba de ser ungida por el voto popular a "afianzar la justicia, constituir la unión nacional, consolidar la paz, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad", no para los gobiernos, no para los funcionarios sino para la gente, para nuestro pueblo.

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guillermo jensen
guillermo jensen · Hace 11 meses

El gobierno constitucional hasta 1976 debería ser juzgado por terorismo de Estado. La amnistía que dejó en libertad terroristas convictos para VOLVER A MATAR, que disolvió la Cámara de Casación junto con el apoyo de países como Cuba a los grupos terroristas es suficiente prueba. Recientemente la CAMPAÑA DE MIEDO del gobierno en contra de Macri es Terrorismo de Estado violando el Preámbulo que habla de promover La Paz Interior


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