La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ha sido protagonista de un escándalo que, además de dañar las instituciones y la democracia, contradice la esencia misma de un valor del que ella, en un momento, fue el ícono: la construcción de la conciencia y el respeto por los derechos humanos.
Flanqueada y guarnecida por un grupo de exfuncionarios kirchneristas, muchos de ellos procesados por corrupción, esta mujer, próxima a cumplir 88 años se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quien colocó "en el campo del enemigo".
Su argumento, contradictorio, pero avalado por los dirigentes que la acompañaban, cuestiona la validez misma de la democracia representativa y pretende poner en pie de igualdad a la violencia de los años 70 con el accionar judicial actual frente al cúmulo asombroso de desvíos de dinero, sobreprecios, contratos ilegales con dinero del Estado y pago de obras nunca ejecutadas.
A Hebe de Bonafini no la citaron a declarar por razones políticas sino por la desaparición de 206 millones de pesos que el Estado le había entregado a la Fundación que ella preside para el turbio plan de viviendas Sueños Compartidos, que terminó dejando las obras inconclusas, obreros despedidos y sin ninguna rendición de cuentas.
Sueños Compartidos quedó a cargo de Sergio Schoklender, una figura disonante con cualquier causa humanitaria, que inesperadamente se incorporó a la fundación. Se trató de un programa concebido por el exministro Julio De Vido y por el ahora detenido José Francisco López, protagonista del bochornoso episodio del falso monasterio de General Rodríguez, donde fue capturado in fraganti cuando intentaba esconder nueve millones de dólares.
Al calificar de "política" la persecución judicial en este caso, Hebe de Bonafini parece confirmar la frase atribuida a Néstor Kirchner: "La izquierda otorga fueros".
En el mismo expediente de "Sueños compartidos" hay otros 40 imputados, entre ellos, los exministros Carlos Tomada y Jorge Capitanich.
Un vocero de ese espacio político, Hernán Brienza, afirmó que la corrupción es necesaria para que los sectores populares, que no tienen dinero, puedan dedicarse a la política. Justificar la corrupción, además de absurdo, supone impugnar el sistema jurídico y agraviar la convivencia ciudadana.
La retórica de la persecución tiene como contrapartida la convocatoria formulada por Hebe de Bonafini en Mar del Plata, cuando invitó a "tomar las plazas y las calles para resistir". Es decir, decidió enfrentar a las autoridades nacionales elegidas democráticamente y a las instituciones judiciales, desconociendo por completo el orden legal y la democracia representativa.
Aún hoy, a 33 años de la restauración democrática, nos cuesta vivir dentro de la ley. A despecho de las invocaciones "populares y revolucionarias" de la expresidenta, Hebe de Bonafini, y sus acompañantes, la bonanza de la década pasada no frenó, sino que agravó, el aumento de la pobreza.
La constante evocación de una interpretación sesgada de lo ocurrido en la Argentina en el último medio siglo tuvo como argumento central la lucha por los derechos humanos. Hoy abundan los indicios de que esta causa fue usada como pantalla ideológica para encubrir la incompetencia.
Tan difícil nos resulta la vida institucional, que el mismo operativo del jueves pasado concluyó con una contradicción del juez, quien primero ordenó la detención de Bonafini y luego la dejó sin efecto. La Justicia argentina también está en deuda, porque no actúa con independencia, es ineficaz y luego de doce años de postergar decisiones, ingresa en un ciclo de hiperactividad que llega a ser desconcertante.
Hebe de Bonafini se prestó a la ideologización y no ha contribuido a consolidar la cultura de los derechos humanos. Con su actitud despótica y su torpeza verbal terminó convirtiendo una causa noble, como lo fueron las madres de Plaza de Mayo, en una garantía de impunidad para un modelo populista reñido con el orden legal.
Todos debemos ser iguales ante la ley. La Justicia debe actuar con ella, como con los muchos procesados de estos días, con los criterios que impone el Derecho, prescindiendo del circunstancial humor ciudadano y de la conveniencia política.

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