La comisión de mujeres que viene luchando por la libertad de sus esposos detenidos a raíz de la toma de la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó su preocupación por la grave situación que están atravesando a nivel económico y por el impacto emocional que esta situación ha provocado en los hijos.
"A nuestros esposos les suspendieron el contrato laboral y por ese motivo dejaron de percibir sus haberes. Esta mañana fui al cajero y la cuenta de caja de ahorro estaba en cero", se lamentó Malvina Astorga, esposa de Omar Pereyra, el secretario de asuntos gremiales del gremio de los choferes que está sindicado como el cabecilla de la toma del sindicato durante los incidentes ocurridos el 12 de septiembre pasado. Astorga señaló que a través de sus abogados continuarán insistiendo ante el juez de la causa, Ignacio Colombo, con el pedido de libertad para los 11 detenidos, quienes desde esa fecha están con prisión preventiva y procesados por los delitos de secuestro coactivo, robo en poblado y en banda, y daños. "La mayoría tenemos familia numerosa y nos estamos sosteniendo con el apoyo de algunos parientes y amigos, pero en estas condiciones no vamos a poder continuar por mucho tiempo", aseguró la líder del grupo de mujeres. Puso como ejemplo el caso de Daniel González, que es padre de 9 hijos, y el de Pereyra, que tiene 7.
"Hasta tanto la Justicia resuelva los distintos planteamientos que hicimos, es necesario que nuestros esposos sean liberados para que vuelvan a sus puestos de trabajo", sostuvo la señora de Pereyra. A su juicio, "lo que se está cometiendo con estos trabajadores es una verdadera injusticia". Y remarcó: "En estas condiciones corren el riesgo de ser cesanteados; ellos no son delincuentes, son víctimas de una persecución sindical".
Malvina Astorga afirmó que la situación se agrava más aún por el hecho de que el grupo familiar corre el riesgo de perder la cobertura social. "A mis hijos se les venció el carnet y yo no puedo hacer los trámites porque estoy denunciada por Jorge Flores (secretario general del gremio) y tengo prohibido el ingreso al sindicato", expresó. Astorga también afirmó que toda esta situación afectó a los hijos de los detenidos y que por ello se reunieron con la ministra de Derechos Humanos y Justicia de Salta, Cintia Pamela Calletti. "Nos dijo que pondría a disposición el equipo de psicología del Ministerio para darles contención a los chicos. Fuimos al turno que pedimos, pero la psicóloga que nos atendió nos dijo que no tratan estos casos, que su función es atender a víctimas de violencia de género", dijo. Frente a lo expuesto manifestó que "nos sentimos engañadas y preocupadas porque nuestros hijos son los que más sufren".

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