El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, dictó ayer la prisión preventiva para los cuatro imputados por la violenta toma de la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En coincidencia con la hipótesis que edificó el fiscal Horacio Córdoba Mazuranic, el magistrado atribuye a Omar Pereyra, Daniel Hipólito González, Walter Ignacio Pérez y Oscar Raúl Villa, ser los máximos responsables de los hechos acaecidos el 2 del corriente en el local de la calle San Luís 555.
Según el dictamen de Colombo, ese día "aproximadamente 20 personas habrían entrado por la fuerza al gremio, haciendo destrozos, sustrayendo con violencia dinero que habría en las oficinas y privando ilegítimamente de la libertad a los señores Mario Alberto López, Jorge Néstor Flores y Miguel Ángel Rasgido". Expresa que el objetivo de la irrupción del grupo era conseguir que Flores renuncie a su cargo de secretario general del sindicato y que en su lugar asuma el secretario adjunto, Sixto Tactagi. Frente a lo expuesto, el magistrado consideró a los nombrados incursos los delitos de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños en concurso real". Las esposas de los cuatro trabajadores que habían iniciado el lunes una huelga de hambre en el acceso la Ciudad Judicial recibieron ayer con estupor la noticia. "Esto es una injusticia, nuestros maridos no robaron nada ni secuestraron a nadie", aseguró Malvina Astorga de Pereyra.
De acuerdo con el criterio del fiscal, el juez Colombo no hizo el cambio de carátula de la causa ni a la libertad solicitada oportunamente por el abogado Santiago Pedroza, defensor de los acusados. El letrado consideró que la calificación del hecho es exagerada y que agrava la situación de sus clientes, y que a su criterio lo único que debería investigarse es una posible privación ilegítima de la libertad. Pedroza planteó, además, que existe una notoria arbitrariedad en la decisión de mantener la medida de privación de libertad, ya que en la causa existen imputadas 32 personas, todas ellas con la misma calificación legal, resultando absurdo que solo 4 permanezcan privadas de libertad.
Justificó el pedido de excarcelación de los imputados en el hecho de que no existen elementos que puedan presumir entorpecimiento de la Justicia, como tampoco peligro de fuga. En tal sentido aportó jurisprudencia que sostiene que la denegatoria de excarcelación no puede fundarse únicamente en la seriedad del delito y eventual severidad de la pena prescrita para la figura legal imputada, sino que deben tenerse en cuenta otros datos objetivos que hagan presumir la fuga del imputado o que este entorpecerá la investigación.
Sin embargo, el juez Colombo interpretó que los hechos que se le imputan a los acusados encuadran en la figura del secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños, por lo que de resultar condenados le impondrán penas de ejecución efectiva. De acuerdo con lo que establece el Código Penal, solo por el delito de secuestro coactivo podrían sufrir condenas que oscilan entre los 5 y 15 años de prisión.
Flores declaró que el grupo ingresó armado con hierros y palos, que lo encerraron en una oficina, lo golpearon y lo conminaron a que renuncie. También confirmó los destrozos cometidos en el interior y el robo de dinero y cheques de la oficina del secretario de Finanzas. En los mismos términos se pronunciaron Rasgido y López, quienes sindicaron a Pereyra como uno de los cabecillas. Jorge Pargade, quien se desempeña como empleado adscrito en la UTA, declaró que algunos de los que ingresaron por la fuerza al inmueble estaban encapuchados. Dijo que luego de desalojar al personal administrativo fueron a la oficina de Flores y no le permitieron salir y que en todo momento los intrusos se mostraron violentos.

Una fuerte demanda

Horacio Medina, secretario de Finanzas de la UTA, declaró que luego de la toma de la sede gremial notó el faltante de una suma aproximada de 65.000 pesos en efectivo, además de cheques por montos de $182.189,16; $83.422,27 y $292.489,81.
Jorge Flores, el titular del sindicato, denunció la desaparición del disco rígido de la computadora de la obra social, además de daños en las instalaciones y de su vehículo particular. La esposa de Omar Pereyra declaró que Flores inició una demanda por $1.500.000 contra los detenidos. “Flores puede decir cualquier cosa, pero ahora nuestro abogado va a solicitar las pruebas del dinero que dicen que desapareció y de los supuestos daños”, expresó Malvina Astorga a El Tribuno. La mujer señaló que “al momento de ser detenidos, tanto a mi esposo como a las otras personas no le encontraron esa cantidad de dinero”.


¿Qué te pareció esta noticia?

Temas

Aparecen

Sección Editorial

Comentá esta noticia


Gustavo Javier RAMIREZ
Gustavo Javier RAMIREZ · Hace 2 meses

NO se preocupen!! El mal que hace a otros SIEMPRE vuelve y los que es peor, vuelve potenciado sobre aquel quien causa el mal, él indirectamente hace mal a muchas familias, el poder enceguece y endurece el corazon... uno no es rico por lo que tiene sino por lo que da!!

Ruben Barraza
Ruben Barraza · Hace 2 meses

Cruz era un garca ,igual que este, pero al menos no era un buchón como este hijo de puta. Ahora¿ quien puede confiar, o respetar ,a un secretario general que anda denunciando penalmente a los laburantes porque lo están rosqueando para sacarle "el negocio". ¿ y esa plata en efectivo,de donde viene ? ¿ y los cheques en condición de que , fueron a parar ahí ? ¿ no tendria que estar todo bancarizado ? gabriela michetti dos ll .


Se está leyendo ahora