Un centenar de pobladores de la localidad de Juan Solá (Morillo, departamento Rivadavia Banda Norte) acompañó en una manifestación a la familia del piquetero fallecido, Pablo Moreno, hasta la Ciudad Judicial de Tartagal para pedir que se investigue a fondo lo ocurrido y exigir seguridad en el pueblo.
Pedían ser atendidos por el juez de Garantías Nelso Aramayo, pero ni el magistrado ni ningún otro funcionario del Poder Judicial ni del Ministerio Público los atendieron. Tampoco se les permitió el ingreso al edificio y tras permanecer una hora en la vereda con pancartas, se retiraron pacíficamente.
Moreno murió hace dos semanas en la Comisaría 45 de la ciudad norteña, donde había permanecido tres meses. Había sido detenido en diciembre luego de protagonizar un violento episodio contra efectivos policiales que intervinieron en un conflicto en las puertas de la empresa Vertúa, firma que construye la cabecera norte del gasoducto del NEA, en el paraje El Chirete. Un grupo de piqueteros, entre ellos Moreno, fueron pasado a pedir trabajo el 29 de septiembre, portando antorchas con las que enfrentaron a la Infantería.
Ahora, la familia y vecinos de Moreno descreen del certificado de defunción, que indica que murió por paro cardíaco por broncoaspiración, en tanto la abogada tartagalense Sara Esper, representante legal de la familia, también puso en duda ese informe y consideró necesario un estudio más exhaustivo sobre el cuerpo del piquetero.

Dos pedidos a la Justicia
Los manifestantes pretendían exponer ante los funcionarios judiciales dos temas muy puntuales: que se profundice la investigación de las causas de muerte de Moreno, ya que consideran que pudo haber sido sometido a una golpiza dentro de la Comisaría, y en segundo lugar que, en forma interdisciplinaria, se trabaje en el pueblo contra el narcotráfico y las adicciones.
Silvina Juárez, viuda de Moreno, aseguró que su esposo "era un buen hombre, buen padre de familia y mi compañero desde que yo tenía 15 años. Jamás fue violento, pero por una injusticia ahora tengo que criar a mis tres hijos sin su padre. Solo quiero decirle al juez que esperamos que se haga justicia, que se aclare cómo murió Pablo y que si hay culpables, que se los condene con todo el peso de la ley".
Sospechas de narcotráfico
La preocupación por el aumento en el consumo de drogas en los jóvenes de esa postergada localidad del norte provincial y la sistemática presencia de vehículos doble tracción con vidrios polarizados que ingresan al pueblo y circulan por la ruta nacional 81, es el segundo tema por el que la gente marchó 170 kilómetros hasta Tartagal.
"Tenemos policías y gendarmes, pero estos vehículos que no son de gente de la zona, van y vienen a toda hora del día. El Chaco salteño del que formamos parte es una zona liberada para el paso de droga y eso nos llena de temor", expresó una de las mujeres que formaban parte del grupo.
Los pobladores de Morillo aseguraron que "seguiremos juntando peso por peso para llegar a Tartagal hasta que alguien nos atienda, porque nos sentimos desprotegidos y totalmente marginados a pesar de ser ciudadanos argentinos".

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