En Venezuela puede pasar cualquier cosa, menos una. Es imposible que Nicolás Maduro termine su mandato constitucional, que expira recién en 2019. Sólo quedan dos opciones: una transición pacífica, aunque no exenta de turbulencias, o un recambio presidencial protagonizado por la cúpula de las Fuerzas Armadas, en medio de una escalada de violencia de incierto desenlace.
Nadie sabe con exactitud que sucede en el frente castrense, pero existe una sola certeza: perdido el apoyo popular, el régimen de Caracas sólo puede asentar su escaso poder sobre las bayonetas.
La abrumadora mayoría opositora en la nueva Asamblea Legislativa, elegida el 6 de diciembre, asumió sus funciones esta semana en un clima de singular beligerancia y se propone promover la destitución de Maduro. Henry Ramos Allup, flamante titular del cuerpo legislativo, ratificó el compromiso de "procurar, dentro del lapso de seis meses, una solución democrática, pacífica y electoral para un cambio de gobierno".
El Gobierno desconoció la legalidad de la decisión de la Asamblea Legislativa de tomar juramento a los cuatro diputados opositores cuya asunción había sido suspendida por un fallo judicial manipulado por el oficialismo, fundado en una denuncia de fraude que no fue convalidada por el Tribunal Electoral. Con ese argumento, amenazó con considerar inválidas todas sus resoluciones.
El punto en litigio es fundamental para ambas partes. Con esos cuatro legisladores, la oposición suma las 116 bancas que constituyen los dos tercios de los votos necesarios para convocar al "referéndum revocatorio", un mecanismo de democracia directa incorporada por Hugo Chávez en la Constitución Bolivariana, que habilita la realización de una consulta popular para remover al titular del Poder Ejecutivo.
En cualquier circunstancia, la oposición cuenta con la mayoría simple necesaria para aprobar o derogar leyes y también con la "mayoría calificada" indispensables para remover magistrados. Estas facultades legales alcanzan para tornarle imposible a Maduro el ejercicio de la conducción efectiva del Estado.
Por de pronto, la bancada opositora ya anunció su propósito de darle carácter de ley a los programas sociales del chavismo. Esto le sustrae al Gobierno el control político derivado de la implementación discrecional de esos planes y le quita asimismo el argumento propagandístico de que la oposición se propondría eliminarlos.
Como parte de esa puja con la Asamblea Legislativa, Maduro resolvió jerarquizar políticamente, como fuente de "legitimidad revolucionaria", al denominado "Parlamento Comunal", donde conserva una amplia mayoría. Con ese precario escudo legal, pretende desconocer al Parlamento electo y gobernar por decreto, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Si así ocurriera, no habría que descartar la aplicación de la "cláusula democrática" del Mercosur y su consiguiente exclusión de las deliberaciones del bloque regional.
Las cuitas de la oposición
El frente opositor dista de ser homogéneo. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), que tuvo la virtud de aunar esa diversidad en un amplio frente antigubernamental, está tensionada por la disputa entre una corriente "moderada", liderada por Henrique Capriles, y una tendencia "jacobina", encabezada por Leopoldo López, preso y condenado a trece años de prisión.
Capriles, gobernador del estado de Miranda (el segundo en población del país y al que pertenecen varios de los municipios que integran la ciudad de Caracas) y candidato presidencial que perdió por escasísimo margen ante Maduro en la reñida elección de noviembre de 2013, comanda el partido Primero Justicia, que con sus 33 diputados es el que cuenta con más legisladores en el bloque parlamentario opositor.
Partidario de una salida negociada, Capriles insinuó que Maduro tenía que dar "un paso al costado". Con ese estilo componedor busca ablandar las resistencias de las bases del chavismo y abrir canales de diálogo con los militares.
Sus esfuerzos contemporizadores tropiezan con la intransigencia gubernamental y la aparente ausencia, al menos hasta ahora, de interlocutores alternativos en el chavismo.
López, jefe de Voluntad Popular, segunda fuerza en importancia de la coalición opositora, le endilga a Capriles una excesiva condescendencia con el régimen. "¿Acaso hay peor error histórico que ganar una elección y dejársela robar?", disparó Carlos Vecchio,

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