Pocos temas deben ser tan movilizadores de la opinión pública como el maltrato a los animales. Solo hace falta observar la reacción en las redes sociales cada vez que aparecen contenidos sobre la caza furtiva o el daño y dolor que los humanos provocan intencionalmente en ciertas especies. Los proteccionistas, con su obstinado accionar, han logrado un cambio en la mirada social sobre el tema y lo que antes era una cruel muestra de indolencia hacia los animales, hoy es motivo de fuertes condenas que llegan al fundamentalismo ideológico y al peligroso enfrentamiento entre miembros de una misma comunidad.
El caso de "Vicente", el caballo que se desplomó mientras tiraba un carro en el macrocentro de la ciudad, reavivó esta semana ese estado de confrontación entre la gente. Mientras tanto los políticos salieron presurosos a recordar los números de expedientes, ordenanzas y archivos sobre un tema que es utilizado como vidriera para intereses personalistas, que llegan en tiempos de campaña o cuando la situación no da para más. Esa es la lectura que deja un asunto tan polémico y que se reinstala para poner en evidencia que el abordaje legislativo y ejecutivo sobre esta cuestión, no es más que una cortina de humo que se esfuma al poco tiempo, sin que aparezca una solución definitiva al problema.
Pero la tracción a sangre y sus aspectos legales en la ciudad de Salta, tiene un costado mucho más profundo que el respeto por los animales y es más que un anhelo proteccionista, ya que incumbe cuestiones de vulnerabilidad social, pobreza y marginalidad que no son para nada desconocidos entre los funcionarios y legisladores, municipales y provinciales.
Una rápida recorrida en la línea de tiempo indica que la prohibición para la tracción a sangre en la ciudad de Salta quedó establecida en una ordenanza del año 2010, pero que luego sufrió cambios en agosto del año 2011.
La ordenanza 14.070 fue modificada entonces por la 14.220 y el Programa de Reemplazo de Vehículos de Tracción a Sangre dejó establecido que la prohibición para el uso de animales de tiro será "de manera gradual y progresiva" al igual que la circulación y utilización en todas sus formas, de acuerdo a un cronograma y zonificación. Se dispusieron para su cumplimiento 30 días para el microcentro, 180 días para el macrocentro y un año para toda la zona urbana. Han pasado más de 5 años sin que esa ordenanzas se cumpla, mientras las autoridades de aplicación se justifican en argumentos laberínticos de promulgaciones que no salen y firmas que no aparecen. Una vergenza burocrática.
Pero lo más preocupante no es la subestimación que se hace a un tema impulsado por los proteccionistas, sino la ausencia total de una mirada a la situación social de cientos de familias que encuentran en esa actividad su único sustento diario.
Un relevamiento socioeconómico sobre la realidad de los carreros en Salta, efectuado a mediados de este año, estableció que el 75% de los hogares de esos trabajadores presentan condiciones que los sitúan por debajo de la línea de pobreza y que un 38% de ellos no supera ni siquiera el umbral de la indigencia, es decir que se encuentran en una posición de suma vulnerabilidad junto a toda su familia.
Serían 700 las personas que desarrollan esta actividad y en sus hogares tienen a 4 o más miembros por cada habitación. Uno de cada tres de esos hogares cuenta con entre siete y doce integrantes. En promedio, las familias de los trabajadores carreros están compuestas por más de cinco personas, donde incluso existen inquietantes niveles de analfabetismo.
Fredy Flores, presidente de la agrupación de carreros, asegura que "el Estado quiere erradicarnos y dejar en la calle a cientos de familias y no toma en cuenta que el remedio será peor que la enfermedad. Queremos trabajar. No salimos a robar ni a vender drogas. Le pedimos ayuda al ministro de Gobierno para que nos den una mano con el mantenimiento y el cuidado de los animales y me derivó a un tal Assenato y este tipo me mintió".
El caso de "Vicente", el caballito que cayó exhausto cuando tiraba de un carro, toma entonces una dimensión que muchos políticos prefieren no ver, aunque de antemano su visión sea frívola e improductiva.

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