Los vecinos de la Villa 31, la mayor y más célebre de las "villas miseria" de Buenos Aires, están viviendo días atípicos.
Acostumbrados a que el barrio solo salga en las noticias por alguna controversia policial, de pronto se transformaron en un botín de disputa política.
Primero, la ex presidenta Cristina Kirchner lo eligió como el lugar desde el cual dar su mensaje. Esto, en el marco de su regreso a la Capital para hacer una nueva "gira" por los juzgados.
Como sabe todo buen político en campaña, visitar un barrio pobre ya es un mensaje en sí mismo, más allá de lo que se diga en un discurso.
Para Cristina, la foto junto a los vecinos que le pedían "selfies" y que le prepararon una entrevista en un medio comunitario fue la excusa perfecta para machacar en su tema preferido: el contraste entre la "inclusión social" de su gestión y el apego del macrismo por el ajuste.
Días después, el Gobierno también jugó su rol protagónico en la villa.
Horacio Rodríguez Larreta anunció un ambicioso plan de urbanización que incluye el desvío de la actual traza de la autopista, de manera que se pueda generar un espacio verde en el que haya una avenida, viviendas y hasta oficinas del Ministerio de Educación.
Pero, lo más importante -luego de años de debate sobre qué hacer con una villa emplazada en terrenos muy codiciados por los desarrolladores inmobiliarios-, anunció que quienes la habitan tendrán sus títulos de propiedad.
El tema, como siempre, desató un debate instantáneo. Para aquellos que se apasionan por la pelea kirchnerismo-macrismo se presentó como otra gran oportunidad de confrontar.
Los oficialistas asumen este anuncio como una respuesta concreta a una gestión que, a pesar de su "relato" inclusivo, se fue con más población viviendo en villas respecto de las que había en su inicio.
En tanto, los K consideran que es apenas una estratagema publicitaria para mostrar que el macrismo hace algo por cumplir su difícil consigna de "pobreza cero".
Aparecen también otras peleas que trascienden las filiaciones partidarias y que tienen que ver con cuestiones más filosóficas. Como si está bien o mal que se les entregue títulos de propiedad a quienes, técnicamente, son usurpadores de espacios públicos.
O que el Estado invierta el equivalente a US$ 400 millones en obras de pavimentación de calles, construcción de edificios, enjardinados y hasta para el nuevo trazado de una autopista para un barrio en el que el 53% de los habitantes son extranjeros, según el último relevamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
La situación, como ya es tradicional en estos casos, da para todo tipo de expresiones xenófobas. No solo por parte de anónimos en las redes sociales, sino también de connotados economistas y analistas políticos. Además, advierte que con esta iniciativa no se arreglará ninguna cuestión social de fondo. En todo caso, lo que el debate sobre la Villa 31 ha puesto sobre el tapete es la necesidad de que se planteen políticas específicas para este tema. A lo anterior se suma el agravante de los condimentos de criminalidad y copamiento por parte del narcotráfico. No muy diferente de lo que ocurre en barrios marginales de cualquier gran ciudad latinoamericana. Tampoco esto puede hacerse con otros grandes barrios marginales, que vienen creciendo a una velocidad muy superior a la del promedio de la población, producto de la alta natalidad y de la llegada continua de migrantes.
Por otra parte, el crecimiento de la densidad poblacional en las villas dio lugar a que se iniciara -desde hace ya varios años- un proceso de construcción en altura, lo que agrava cada vez más la situación.

La urbanización ya empezó a un costo de $ 1.000 millones

En el marco de la urbanización de la Villa 31, Horacio Rodríguez Larreta anunció la semana que pasó que construirá un parque en altura en el tramo de la autopista Illia que divide el asentamiento de Retiro en dos.
Larreta anunció que los vecinos de la Villa 31 deberán pagar créditos para tener títulos de propiedad
En su reemplazo, la idea del gobierno porteño es construir "La Nueva Illia", un proyecto que aún no tiene demasiado rigor técnico. Aunque según adelantaron desde el Ejecutivo, el cálculo del costo que tendrá ese nuevo tramo de 2 km es de más de mil millones de pesos.
La Villa 31 y 31 Bis están divididas por la Autopista Illia, lo cual impide que los habitantes de una puedan pasar a la otra. Por ende, el Gobierno porteño proyecta construir un parque en altura sobre esta de 35 m de ancho, 1,3 km de largo y 45.500 m2 de superficie.
Debajo de la autopista hay habitantes que podrían ser trasladados a un complejo de viviendas que sería construido en un terreno de YPF que el Gobierno compraría por $9 millones.
Para suplantar la desaparición de la Illia como vía de transito, Larreta presentó la planificación de una nueva.
Esta "Integración urbana, movilidad y espacio público" sería la cuarta y última parte del proyecto "Treinta y todos" que se presentó el último miércoles.
Las tres primeras incluían "mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, desarrollo económico sostenible e integración social y capital humano".

Asumir la realidad

Buenos Aires, que se espantaba ante fenómenos como las favelas brasileñas, ya tiene el problema de la marginalidad, del hacinamiento y de la precariedad habitacional en su propio corazón y a escasos metros del Obelisco y de los barrios más cotizados de la ciudad.
A lo anterior se suma el agravante de los condimentos de criminalidad y copamiento por parte del narcotráfico. No muy diferente de lo que ocurre en barrios marginales de cualquier gran ciudad latinoamericana.
Con sus 40.000 habitantes que conviven en 320 hectáreas en las que ya hay hasta edificios de cinco pisos, la Villa 31 no puede ser desplazada ni reubicada.
Tampoco esto puede hacerse con otros grandes barrios marginales, que vienen creciendo a una velocidad muy superior a la del promedio de la población, producto de la alta natalidad y de la llegada continua de migrantes.

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Sección Editorial

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Erik Larsen
Erik Larsen · Hace 1 mes

El estado es el primer usurpador. ¿Para qué carajo tiene tierras inexplotadas e inhabitadas durante años? Es ridículo que el gobierno tenga tierras botadas cuando hay tanta necesidad. Si quieren evitar la usurpación y la injusticia de regalar terrenos a extranjeros (qué va, a mí me da lo mismo que regalen a extranjeros o a nacionales, me parece mal de todas formas), lo que tienen que hacer es licitar YA la venta de esos terrenos. Sumarlos al mercado para que haya más oferta, y menos gastos para el estado. Y un ingreso genuino para el gobierno.

RICO TIPO
RICO TIPO · Hace 1 mes

QUE VAN A SER POBRES ESTOS NEGROS DE MIERDA SON BOLIVIANOS QUE LES GUSTA VIVIR ASI, EN LA MARGINALIDAD.

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