Mientras el ámbito empresario y agroindustrial festejaba la batería de anuncios del presidente Mauricio Macri liberando de retenciones a la actividad (en algunos casos en forma parcial, como la soja), la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en comisión ad referéndum del acuerdo del Senado, de pronto, sacudió la construcción de consenso que había empezado tan bien.
La sana convivencia iniciada por la gestión del presidente electo con sus adversarios políticos, la primera reunión con los gobernadores, la eliminación de impuestos distorsivos que afectan fuerte a la economía, anunciados durante la jornada de ayer pasaron rápidamente a segundo término, ante el anuncio del nombramiento de los dos jueces elegidos casi al promediar la tarde.
Y la magnitud de la noticia ganó espacio en la portada de los diarios, opacando otros relevantes anuncios. La medida de elevar el número de jueces de la Corte Suprema a cinco, lejos de garantizar independencia en el futuro funcionamiento del máximo tribunal, generó un clima de suspicacias, teniendo en cuenta la manera y las formas en que se realizó.
Más aún cuando profundizando en la historia se verificó que la última vez que se utilizó el mecanismo del artículo 99, inciso 19 de la Constitución, fue en 1862, cuando Bartolomé Mitre era presidente. Es decir que en 153 años ningún presidente resolvió nombrar nada menos que jueces de la Corte Suprema por esta vía. No es un hecho menor, en una justicia muy sensibilizada a los vaivenes que -a veces- la somete el poder político. El constitucionalista Sebastián Elías, profesor de la Universidad de San Andrés, consideró ayer que el decreto del presidente Mauricio Macri es "claramente constitucional", y cuenta con antecedentes legales que lo respaldan. El letrado subrayó en declaraciones que esas normas indican que "todos los jueces de la Nación pueden ser nombrados en comisión incluidos los jueces de la Corte Suprema". Elías destacó que un fallo del máximo tribunal de 1990, realizado por ocho votos contra uno, validó designaciones de un camarista federal "en comisión" realizada por el expresidente Raúl Alfonsín.
Más allá de los argumentos, el anuncio volvió a dividir las opiniones de los protagonistas en un escenario que empezaba a transitar el camino del diálogo.
El diputado nacional por el Frente Renovador, Sergio Massa, cuestionó la designación de los dos jueces de la Corte Suprema por parte del presidente Mauricio Macri, al considerar: "Los nombres me parecen impecables, la forma me pareció horrible". Massa elogió la trayectoria de los jueces designados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, pero aseguró que esta situación "termina manchando" su reputación.
Sin dudas que la polémica recién empieza, aunque los nombramientos no suponen en modo alguno excluir al Senado, que tendrá que pronunciarse, pero para eso deberá esperar los pliegos de los jueces designados.
El Gobierno oficializó a los nuevos jueces de la Corte
Hay polémica por el mecanismo usado, pero no por los designados. El Gobierno oficializó la designación de dos jueces para completar la Corte Suprema mediante la publicación del decreto 83/2015 en el Boletín Oficial, medida que enmarcó en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
“Designase como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti, en los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional”, dice la norma firmada por el presidente Mauricio Macri.
Entre los considerandos de la medida se tomó en cuenta que la Corte ha quedado integrada por tres jueces, lo que “dificulta el desenvolvimiento de las altas funciones que le encomienda la Constitución Nacional (artículos 116 y 117)”.
En ese orden, según los considerandos, resultó imperioso proceder a la cobertura inmediata de las vacantes, a fin de garantizar el más adecuado funcionamiento de la máxima instancia judicial del país.
Asimismo, declaró que “es política primordial de esta administración utilizar todos los medios constitucionales y legales tendientes a promover una eficaz administración de justicia”.
Recordó que el artículo 99 de la constitución faculta al presidente a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
Destacó además que “la potestad en cuestión ha sido ejercida en épocas de estabilidad institucional por un presidente de incuestionables credenciales democráticas y republicanas como fuera el doctor Raúl Ricardo Alfonsín”.
También indicó que “esta facultad de realizar nombramientos en comisión no se limita a los jueces inferiores, sino que se extiende a los jueces de todos los grados e instancias, inclusive los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Argumentó asimismo que esto último “surge del propio artículo 99, inciso 19 de la Constitución y es reafirmado por los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº1285/58 ratificado por la Ley Nº 14.467”.

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