Vuelve la República

Ricardo Gómez Diez

Vuelve la República

Una nota esencial de la República es la división de poderes, que se origina en la sospecha muchas veces convertida en certidumbre, de que quien ejerce el poder tiende a concentrarlo, con peligro de la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Frente a esta realidad, en la democracia republicana las diferentes funciones a través de las cuales se ejerce el gobierno, se atribuyen a órganos diferentes que mutuamente se equilibran en un sistema de frenos y contrapesos.
En el año 2005, el presidente Néstor Kirchner, con un Congreso que comenzaba a ser de cabezas gachas y de alineamiento automático, decidió embestir contra el Consejo de la Magistratura de la Nación, en la búsqueda de limitar la independencia del Poder Judicial.
El Consejo creado por la reforma constitucional de 1994, se regía en esos días por la Ley 24937 que lo había organizado en base a las siguientes reglas de equilibrio:
a) Las decisiones más importantes (conformar ternas de candidatos para jueces, aplicar sanciones disciplinarias a magistrados y abrir el proceso de remoción de los mismos) debían contar con una mayoría agravada de dos tercios de los votos, y
b) Ninguno de los sectores representados (oficialismo, oposición, jueces, abogados y académicos) tenían por sí solos más de un tercio de los miembros, es decir carecían de la posibilidad de bloquear esas decisiones.
Estas reglas, aceptadas por todas las fuerzas políticas, fueron el resultado de un acuerdo que se pensó en su momento como una Política de Estado permanente, ya que se ajustaba al equilibrio que exige el artículo 114 de nuestra Constitución Nacional.
El presidente Kirchner resolvió desconocer este consenso y envío un proyecto que se convertiría en la Ley 26080, celosamente defendido en los debates parlamentarios por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales del Senado y de Diputados, los entonces senadora Cristina Kirchner y diputado Juan Manuel Urtubey.
Entre los aspectos más controvertidos, esta ley innovó en los siguientes aspectos:
a) Excluyó del Consejo al presidente de la Corte de Justicia, con lo cual el máximo tribunal quedó sin representación infringiéndose el mandato constitucional de integrar el Consejo con jueces de todas las instancias;
b) Redujo el número de Consejeros de veinte a trece, con un diseño tal que se aseguró el oficialismo mayoría absoluta y capacidad de bloqueo de las decisiones que exigen los dos tercios (en otras palabras, no se puede seleccionar, sancionar o remover un magistrado sin la venia del oficialismo); y
c) La mayoría agravada de dos tercios para aplicar sanciones disciplinarias a los magistrados, se redujo a mayoría absoluta de los miembros, número que por sí sólo pasó a ser controlado por el oficialismo.
Una minoría de senadores y diputados, entre ellos el ahora Presidente electo, debatimos y votamos en contra esta ley.
En mi caso fui el único legislador salteño que adoptó esta actitud. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, declaró el paso 18 de noviembre la inconstitucionalidad de la Ley 26080, replicando los argumentos que sostuvimos en el debate parlamentario.
Este fallo por su contundencia será seguramente ratificado por la Corte Suprema.
Comenzamos a volver a la Constitución, claro que nueve años después, durante los cuales los ataques al Poder Judicial fueron permanentes.
Lo positivo es que el resultado electoral del 22 de noviembre, ha abierto el camino para la esperanza de una pronta reconstrucción institucional, para que vuelva la República y con ella la división de poderes.
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