El Poder Ejecutivo tiene un representante dentro de la actual conformación del Consejo de la Magistratura, se trata de Juan Bautista Mahiques, quien también es subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por estos días se cuestiona la constitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y la forma de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que impone la transición del sistema inquisitorio al sistema acusatorio, que otorga más poderes a los fiscales. En diálogo con El Tribuno, Mahiques opinó que es necesaria una reforma de la institución para darle "mayor equilibrio" a las distintas partes que la integran.
En cuanto a la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio, que pese a las críticas el macrismo decidió hacer de manera gradual empezando en ciertas provincias y extendiéndolo progresivamente hacia otros distritos, el funcionario negó que se trate de una táctica política para demorar la aplicación definitiva, la cual beneficiaría a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien coordina a los fiscales federales. "Es una estrategia para beneficiar a las provincias", aseguró.
También se refirió a la superpoblación de las cárceles y a ciertas alternativas para paliarla.
Por estos días se está discutiendo la constitucionalidad de la composición actual del Consejo de la Magistratura, cuestión que debe resolver la Corte Suprema y que, de fallar en contra de su legitimidad, volvería a poner al propio Ricardo Lorenzetti al frente del Consejo. De ser así, sería el presidente de la Corte y el titular del Consejo, ¿cómo ve esta situación?
Es una situación que, en el Gobierno, estamos estudiando desde hace tiempo pero en estos momentos la constitucionalidad de la conformación del Consejo es una decisión que está en manos de la Justicia, y en ese aspecto nosotros somos muy respetuosos de ellos. Por eso estamos esperando y prefiero no emitir una opinión sobre eso, hay que ser precavidos y aguardar lo que resuelva la Justicia.
Pero teniendo en cuenta que asegura que es una discusión que vienen dando internamente, ¿qué le parece la composición actual?
Desde el Gobierno estamos evaluando la posibilidad de presentar una ley de reforma al Consejo de la Magistratura, es decir, somos conscientes de que no es la composición ideal, pero estamos en un proceso de estudiar cuál sería la ideal.
¿Ya tiene claro algunas de las reformas que introducirían?
Básicamente en darle, como cuestión prioritaria, mayor equilibrio. A lo que apuntamos es a agilizar el Consejo de la Magistratura, el cómo lo vamos a hacer es lo que estamos estudiando por estos días, pero, de entrada, te puedo decir que consideramos que sí tiene que tener una composición diferente.
Ese proyecto de reforma al Consejo, ¿cuándo lo estarían presentando?
El ministro (Germán) Garavano lo anunció como parte del programa Justicia 2020, que se pondrá en marcha mayoritariamente el año que viene. Probablemente podamos presentarlo a fines de este año, pero lo más seguro es que en los primeros meses del año próximo planteemos la iniciativa.
Todas estas discusiones se enmarcan en las disputas que tiene el Gobierno con la procuradora general, Alejandra Gils Carbó...
La verdad que yo no veo tensiones, cada uno se ocupa de hacer su trabajo. Por mi función de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, yo tengo a mi cargo las relaciones institucionales con la Procuración General, y la verdad es que tenemos un trato cordial, institucional, absolutamente normal. Las tensiones a las que usted hace referencia pasan por otro lado, en el que yo por lo menos no me meto.
Precisamente pensando en ese "otro lado" que es justamente el político, el kirchnerismo había sancionado que el nuevo Código Procesal Penal se implemente a nivel nacional, al asumir la gestión macrista se resolvió hacerlo de forma paulatina, empezando por algunas provincias del interior (entre ellas Salta). ¿Esta decisión obedece a una estrategia para demorar la implementación del sistema acusatorio que da más poder a los fiscales, en este caso, coordinados por Gils Carbó?
De ninguna manera, es una estrategia para potenciar a las provincias, y esto lo ha dicho con contundencia el ministro Garavano en cada una de sus declaraciones. Esto es una forma de hacerlo, arrancar la implementación en Salta y en algunas provincias del sur. Además, se deciden estas cuestiones por aspectos como la buena disposición del senador (Rodolfo) Urtubey y lo que él representa, es nada más ni menos que el presidente de la Comisión Bicameral de aplicación del nuevo Código.
En cuanto tiempo se implementaría cabalmente el Código en todo el país..
A nivel federal el ministro (Garavano) calculó que en aproximadamente siete años se terminará de instrumentar. Entiendo que es un proceso largo y complejo, esperemos poder llevarlo a cabo hasta el final y de manera exitosa.
El Plan de Justicia 2020 hace fuerte hincapié en la idea de modernización, hace algunos años el kirchnerismo tuvo la iniciativa de reformar el esquema judicial y lo llamó "democratizar la Justicia". Discursivamente, ambas iniciativas van en un mismo sentido, ¿considera que hay cosas para rescatar de la enmienda que impulsó el kirchnerismo y que luego naufragó?
Creo que la modernización a la que hace referencia el ministro Garavano es una modificación que él mismo implementó en la Ciudad de Buenos Aires y que los resultados están a la vista. Es una forma diferente de ver las cosas, la llamada democratización de la Justicia fue en su mayoría declarada inconstitucional por la Corte Suprema, es decir, demos vuelta la página y arranquemos con lo que está planteando el actual ministro.
Hay un montón de cosas para revisar en la Justicia y para eso estamos trabajando desde el Consejo de la Magistratura y desde el Ministerio de Justicia.
Su función de subsecretario también lo hace responsable de la situación del sistema penitenciario, en Salta hay superpoblación exacerbada y se investigan fraudes en la provisión de alimentos.
El otro día tuve una recorrida por la cárcel federal de Güemes, que ha sido un ícono de lo que es un servicio penitenciario óptimo. El problema de los sistemas penitenciarios superpoblados es un problema nacional e internacional, el objetivo que tenemos es reformar la ley de los servicios penitenciarios, porque tiene 40 años y hay que actualizarla.
¿Puede darse el caso de impulsar que cierto tipo de penas no impliquen encierro en centros penitenciarios? Pensando en soluciones al problema de la superpoblación.
Estamos impulsando algunos programas desde el Ministerio de Justicia que son herramientas que pueden tener los jueces para ver alternativas a la pena en prisión. En ese sentido, estamos dando a conocer, por ejemplo, el sistema de pulseras o tobilleras electrónicas, que de alguna forma descomprimiría la situación carcelaria. Pero, para las reformas de fondo hay que reformar la ley de reclusión penal, que es un proyecto que también tenemos en vista para el año que viene.
¿Tiene algo para decir al respecto de la investigación por fraude en la provisión de alimentos en las cárceles federales de Salta?
No estoy al tanto del tema en particular, aunque pienso interiorizarme ahora que estoy acá. Pero si el caso ya se encuentra en la Justicia habrá que esperar y respetar lo que se resuelva en esa instancia.

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Ruben Barraza
Ruben Barraza · Hace 16 días

Està todo bien , salvo que la quieren hachar a la mierda a Gils Carbò. Una diferencia minima, por supuesto. ¡¡¡ que mangas de atorrantes!!!

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