La expresidenta Cristina Kirchner pidió la indagatoria de tres ejecutivos de la empresa Caputo Hermanos en la causa en la que se investigan actividades violentas, amenazas e intimidaciones por parte de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Además, reclamó medidas de seguridad para ella y su familia, especialmente el diputado Máximo Kirchner, cuyo despacho –según denunció- fue rodeado por diez allegados a Revolución Federal cuando se discutió la Ley Ómnibus en la Cámara Baja.
Mediante un escrito firmado por sus abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, la exmandataria se opuso a un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que ya no quedan pruebas por hacer.
"Dados todos los puntos oscuros y sin justificar de la operatoria de Caputo Hermanos con Jonathan Morel, es hora de que Rosana Caputo y, luego, Flavio Caputo y Jimena Caputo sean citados a prestar declaración indagatoria", pidió en el escrito.
"Además, venimos a alertar acerca de la inacción relativa a la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner y de su entorno", añadió.
Sobre la seguridad del entorno familiar, los abogados recordaron que, "durante el transcurso de la sesión del miércoles 31 de enero, por lo menos diez (¡diez!) personas afines y cercanas a la agrupación fundada por Morel y Leonardo Sosa se acercaron al despacho del diputado Máximo Kirchner para observar y sacar fotos".
"Entre ellas estaba Dalila Monti, novia de Jonathan Morel al momento de su detención, en 2022. Estas personas fueron retiradas por personal de seguridad y personal del propio despacho del diputado. Lo mismo sucedió los días siguientes".
Según los abogados de la ex presidenta, "desde que los miembros de la fuerza política que hoy gobierna ganaron las elecciones, Sosa y su grupo, que los acompañan fervientemente, han adquirido una evidente sensación de impunidad y accionan en consecuencia".
"Debe prohibirse a los imputados acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que deben rastrearse sus movimientos mediante dispositivos electrónicos", reclamó el escrito.
En cuanto a la investigación, el documento considera que se está "lejos de llegar a un estado procesal en el que el Ministerio Público Fiscal no tenga nada más que hacer. Por el contrario, el fiscal todavía tiene mucho trabajo por delante y solicitamos que lo lleve a cabo".
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La expresidenta Cristina Kirchner pidió la indagatoria de tres ejecutivos de la empresa Caputo Hermanos en la causa en la que se investigan actividades violentas, amenazas e intimidaciones por parte de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Además, reclamó medidas de seguridad para ella y su familia, especialmente el diputado Máximo Kirchner, cuyo despacho –según denunció- fue rodeado por diez allegados a Revolución Federal cuando se discutió la Ley Ómnibus en la Cámara Baja.
Mediante un escrito firmado por sus abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, la exmandataria se opuso a un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que ya no quedan pruebas por hacer.
"Dados todos los puntos oscuros y sin justificar de la operatoria de Caputo Hermanos con Jonathan Morel, es hora de que Rosana Caputo y, luego, Flavio Caputo y Jimena Caputo sean citados a prestar declaración indagatoria", pidió en el escrito.
"Además, venimos a alertar acerca de la inacción relativa a la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner y de su entorno", añadió.
Sobre la seguridad del entorno familiar, los abogados recordaron que, "durante el transcurso de la sesión del miércoles 31 de enero, por lo menos diez (¡diez!) personas afines y cercanas a la agrupación fundada por Morel y Leonardo Sosa se acercaron al despacho del diputado Máximo Kirchner para observar y sacar fotos".
"Entre ellas estaba Dalila Monti, novia de Jonathan Morel al momento de su detención, en 2022. Estas personas fueron retiradas por personal de seguridad y personal del propio despacho del diputado. Lo mismo sucedió los días siguientes".
Según los abogados de la ex presidenta, "desde que los miembros de la fuerza política que hoy gobierna ganaron las elecciones, Sosa y su grupo, que los acompañan fervientemente, han adquirido una evidente sensación de impunidad y accionan en consecuencia".
"Debe prohibirse a los imputados acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que deben rastrearse sus movimientos mediante dispositivos electrónicos", reclamó el escrito.
En cuanto a la investigación, el documento considera que se está "lejos de llegar a un estado procesal en el que el Ministerio Público Fiscal no tenga nada más que hacer. Por el contrario, el fiscal todavía tiene mucho trabajo por delante y solicitamos que lo lleve a cabo".