El juez Ercolini procesó  a Alejandra Gils Carbó

La procuradora Alejandra Gils Carbó fue procesada ayer por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, en la que actuó como intermediario el medio hermano de un subdirector de ese organismo.

La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio, en 2013, en la calle Perón al 600, por 44 millones de pesos. En la operación se pagaron 7,7 millones de pesos en concepto de comisión.

Ercolini firmó un fallo de 211 páginas en el que consideró a la procuradora coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el presunto direccionamiento de la licitación para la compra del edificio y dictó un embargo hasta cubrir la suma de siete millones de pesos.

El edificio, donde funciona actualmente la sede principal de la Procuración y el despacho de Gils Carbó fue adquirido a la empresa Arfinsa Argentina Financiera SA, en una operación en la que intervino la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores SA.

La empresa Jaureguiberry cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, suma que para el juez era "exorbitante", algo "totalmente inusual en el mercado inmobiliario, que oscila entre un 3 y un 5 por ciento" del valor de la propiedad.

De la comisión percibida por Jaureguberry, 3 millones fueron para Juan Carlos Thill, "persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario"; a su vez, medio hermano de Guillermo Bellingi, un subdirector de la Procuración que intervino en la licitación, de acuerdo con la acusación.

El juez Ercolini también procesó por la maniobra a Thill, Bellingi, Bárbara Jaureguiberry y a Adrían González Fischer, ejecutivo de Arfinsa Argentina Financiera SA, la empresa que se desprendió del edificio que adquirió la Procuración.

Thill, Jaureguiberry y González Fischer fueron procesados como "partícipes necesarios" de la maniobra delictiva, con un embargo de bienes por cinco millones de pesos a cada uno.

Para el juez "existen pruebas suficientes para afirmar" que los imputados "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública".

La causa se inició este año a partir de una denuncia anónima que fue investigada por la fiscalía de Taiano.

 

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