El Tribunal Constitucional (TC) de España anuló durante la jornada de ayer la ley del referéndum del 1 de octubre, que fue suspendida de manera cautelar el pasado 7 de septiembre tras su aprobación en el Parlamento de Cataluña.
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El Tribunal Constitucional (TC) de España anuló durante la jornada de ayer la ley del referéndum del 1 de octubre, que fue suspendida de manera cautelar el pasado 7 de septiembre tras su aprobación en el Parlamento de Cataluña.
"La norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española", informó el TC.
Antes de entrar en el análisis de la ley, la sentencia del Tribunal recordó que los tratados internacionales suscritos por España en reconocimiento del derecho a la autodeterminación no permiten "promover y consumar la secesión unilateral del Estado".
En ese sentido, el TC explicó que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
En cuanto al análisis de la norma anulada, el Tribunal empieza por declarar la "inconstitucionalidad competencial" de la ley del referéndum porque "no todas las materias pueden someterse a consulta popular autonómica".
Por tanto, señala la sentencia, la "redefinición de la identidad y unidad del sujeto titular de la soberanía" solo puede realizarse a través de una reforma constitucional.
El TC también rechazó ley del referéndum se refiera a Cataluña como un " sujeto político soberano", lo que a su modo de ver conforma "un poder que dice no reconocer límite alguno".
En opinión de los magistrados del Tribunal Constitucional, la ley del referéndum se aprobó "con desconocimiento pleno de la lealtad constitucional y del principio democrático" poniendo "en riesgo máximo" la "vigencia y efectividad de los derechos" recogidos en la Carta Magna española.
Además, la sentencia afirmó que la tramitación de la norma en el Parlamento de Cataluña incurrió en "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo", lo que "afectó a la formación de la voluntad de la Cámara" y a "los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes".
"Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento", valora la sentencia del Tribunal Constitucional.
La ley diseñada para dar cobertura legal al referéndum de autodeterminación fue aprobada el 6 de septiembre y suspendida de manera cautelar un día después tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Abogacía del Estado.
Multitudinaria marcha en Cataluña por detenciones
Miles de catalanes salieron a las calles ayer en protesta por el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición por la Justicia, en medio de una crisis enquistada entre el gobierno regional y el central.
A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio "la liberación de los presos políticos", en referencia a Jordi Cuixart, presidente de la asociación Omnium Cultural, y de Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
En la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban "libertad", "independencia" y "la represión no es la solución".
El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves "en solidaridad" con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.
Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2,6% a 2,3%.
"Todo el apoyo a las movilizaciones, pero sobre todo no caigan en las provocaciones" del Estado español, dijo en rueda de prensa el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, quien advirtió: "La rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este gobierno".
En el plano económico, ayer se supo que 691 empresas se llevaron sus sedes sociales de Cataluña en octubre, más que en los nueves meses previos de 2017, según el Colegio de Registradores.
Sin fundamento jurídico
Los últimos acontecimientos llegan en un momento de bloqueo en el contencioso creado por las ansias de independencia del gobierno de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español.
El jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, emplazó a Puigdemont a que clarificara si declaró o no la independencia la semana pasada, a lo que éste contestó con ambigedad el lunes limitándose a pedir diálogo. Ahora, tiene hasta el jueves para responder de nuevo y eventualmente rectificar.
A todo esto, Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de septiembre en Barcelona una protesta contra unos registros de la Guardia Civil.
"La decisión de privarnos de libertad de la Audiencia Nacional es una decisión carente de todo fundamento jurídico y procesal", dijo Jordi Sánchez, en un artículo publicado en el diario Ara que dejó preparado por si era encarcelado.
Puigdemont, Rajoy y el tribunal
El Gobierno catalán realizó un referéndum de autodeterminación el pasado 1 de octubre.
En ese referéndum participaron 2,2 millones de personas (el 43 por ciento del censo) de las que un 90 por ciento se mostró a favor de la independencia de Cataluña.
El pasado 10 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, validó el resultado del referéndum independentista y reafirmó su voluntad de “asumir el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”.
Sin embargo, Carles Puigdemont pidió al Parlamento catalán que mantenga en suspenso la proclamación de independencia de Cataluña para dar espacio a un diálogo con Madrid.
El Gobierno de Mariano Rajoy en cambio, aseguró que no dialogará con sus interlocutores catalanes mientras estos se sitúen fuera de la legalidad española.
La decisión tomada por el Tribunal Constitucional español de declarar nula la ley del referéndum catalán no puede ser impugnada dentro del marco legal español, aunque todavía cabe recurso contra ella en instancias internacionales.