Las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo XXI presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, quien, invocando facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción Contra la Violencia de Género.
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Las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo XXI presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, quien, invocando facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción Contra la Violencia de Género.
Dicha medida "es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto", coincidieron.
Marcia Baranovsky, presidenta de la Fundacion Siglo XXI, recordó que el 11 de enero pasado, el jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, distribuyó los créditos presupuestarios y resolvió recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). “Esta decisión deja sin efecto el Presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional, en noviembre pasado”, dijo.
"Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita", explicó Baranovsky.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraidas de forma "ilegítima".
Para las Ongs "resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género".