Con el patrocinio legal de los letrados Claudia Pelagatti y Fernando Bóveda, un jubilado del Banco de la Nación Argentina, de 85 años, formuló una denuncia penal en contra del titular de la Anses, Emilio Basavilvaso, por "abuso de autoridad, incumplimiento en los deberes de funcionario público y malversación de fondos".
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Con el patrocinio legal de los letrados Claudia Pelagatti y Fernando Bóveda, un jubilado del Banco de la Nación Argentina, de 85 años, formuló una denuncia penal en contra del titular de la Anses, Emilio Basavilvaso, por "abuso de autoridad, incumplimiento en los deberes de funcionario público y malversación de fondos".
Después de haber litigado durante diez años F. M., con domicilio real en esta ciudad, recibió el expediente de liquidación de sentencia judicial n§ 02420072200528 150-1 a través del cual se le comunicaba que mediante el Banco Patagonia sucursal Jujuy se le abonaría el retroactivo adeudado con intereses.
Al iniciarse los trámites correspondiente para el cobro del mencionado dinero, grande fue la sorpresa al ser informado que el pago del retroactivo desapareció de la pantalla de la Anses, por lo cual no se podía liquida
En la oficina local de Anses se le informó a los defensores técnicos del jubilado que "se ha tomado la decisión de no pagar ningún reajuste por arriba de los trescientos mil pesos, porque hay error de cálculo".
En los considerandos de la denuncia los abogados expresaron que "resulta un insulto a la inteligencia humana, que después de diez años de juicio, manifiesten que se equivocaron en el cálculo".
También se preguntaron si Anses "esta siendo vaciada y saqueada, razón por la cual no tiene cómo afrontar el pago de las obligaciones".
F.M está a punto de ser desalojado de la vivienda que ocupa, con una incipiente ceguera y 85 años de edad, no recibe lo que por derecho le corresponde después de una vida de trabajo y de aportes que supuestamente le garantizarían una vejez en paz.
Por su parte los abogados indicaron que "sea cual sean los motivos, el resultado es uno: no se paga lo que por derecho corresponde, y al no cumplir los funcionarios las órdenes de un juez competente y además dictar resoluciones en contrario, estamos frente a un claro y prístino delito de abuso de autoridad, que motivan esta denuncia".