La semana que concluyó y la que se inicia ahora serán recordadas por algunas definiciones que pueden marcar a fuego la vida pública de Jujuy mientras el gobernador de la Provincia se encuentra en Italia, en misión oficial. Obviamente, el pedido de detención del exgobernador Eduardo Alfredo Fellner, por la causa que investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas fue la información excluyente del fin de semana, y las derivaciones de ese trámite judicial recién comienzan a asomar. El pedido de detención incluye al exministro de Tierras y Viviendas, Luis Cosentini y a expresidente del Instituto de Viviendas, Sobre eso volveremos mas adelante.
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La semana que concluyó y la que se inicia ahora serán recordadas por algunas definiciones que pueden marcar a fuego la vida pública de Jujuy mientras el gobernador de la Provincia se encuentra en Italia, en misión oficial. Obviamente, el pedido de detención del exgobernador Eduardo Alfredo Fellner, por la causa que investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas fue la información excluyente del fin de semana, y las derivaciones de ese trámite judicial recién comienzan a asomar. El pedido de detención incluye al exministro de Tierras y Viviendas, Luis Cosentini y a expresidente del Instituto de Viviendas, Sobre eso volveremos mas adelante.
En otro orden de cosas, como un símbolo de la vida democrática, la presencia del gobernador Morales en la legislatura para cumplir con la manda constitucional de informar en qué gastó la plata del presupuesto del año pasado, fue muy recibida. Si bien simplemente habló de generalidades, quedó en manos de la comisión de Economía y Finanzas del Poder Legislativo y posteriormente del Tribunal de Cuentas, analizar en detalle el informe, y requerir las ampliaciones y explicaciones que consideren convenientes. El gesto de alto contenido, no alcanzó disimular las informaciones que llegan desde el propio Poder ejecutivo Nacional, donde se indica que Jujuy aparece como la segunda provincia más endeudada del país, después de Buenos Aires, con un stock de deuda que supera los 8 mil millones de pesos. De esa cifra, 7 mil millones acumularon las gestiones anteriores, desde principios de siglo, pero en resto, en menos de un año y medio fue contraído por la gestión GM. Encima de eso, causó cierta turbación en la población, tomar conocimiento que el gobierno solicitó autorización para emitir un bono de deuda pública para financiar con él los proyectos Cauchari 1, 2 y 3 (parque solar en la Puna). La sola mención del “bono” reactivó en la memoria colectiva la debacle generada por los bonos jujeños emitidos en la década del 80, que terminaron destrozando la economía provincial y familiar. Pero se trata de algo totalmente distinto: estos bonos son títulos que cotizarán nacional o internacionalmente, papeles que comenzarán a amortizarse una vez que el parque solar entre en producción y permita el pago de los mismos. La palabra “bono” no fue afortunada. Sin embargo, las advertencias por el gigantesco volumen de un nuevo endeudamiento, no dejan de preocupar y de encender señales rojas en el recargado tablero de una provincia que está apostando una enorme porción de su futuro a un solo proyecto.
Una Esperanza
Una buena noticia fue la decisión del gobierno de Mauricio Macri de hacerse cargo de la gigantesca deuda que en materia impositiva y previsional mantiene el Ingenio La Esperanza. Esta cesión de créditos al gobierno provincial le permitirá para avanzar más rápidamente en la búsqueda y consolidación de alguna oferta definitiva por la compra del complejo agroindustrial que hoy todavía tiene pendiente el inicio de su zafra, y que posiblemente, por este año, quede también a cargo del bolsillo de todos los jujeños. Pero, como dijo el ministro de producción, “estamos más cerca”.
Justicia y política
Otro de los temas salientes, fueron sin lugar a dudas las decisiones de la Justicia Federal Electoral que van cerrando el litigio que protagonizan el vicegobernador de la provincia Carlos Guillermo Haquim principal referente del massismo renovador, y el interventor designado por el Partido Justicialista Celso Jaque. Por un lado la Cámara Nacional Electoral rechazó la recusación del primero quien pedía la excusación del Juez Federal de Jujuy Mariano Cardozo en los temas en cuestión, por entender que se conducía prejuzgando y con manifiesta enemistad. La Cámara (Santiago Corcuera, Hernán Gonzálvez Figueiredo y Alberto Dalla Vía) explicó que los jueces de primera instancia no tienen la facultad de resolver su propia recusación, y llegado el caso a su instancia, consideró que las acusaciones no reúnen la entidad suficiente ni “las circunstancias objetivamente comprobables” que comprometan la imparcialidad del juez. A renglón seguido, la Jueza Federal con competencia electoral María Romilda Servini, dio a conocer su dictamen rechazando el planteo de nulidad que los patrocinadores legales del contador vicegobernador habían presentado en contra de la intervención del PJ: Sus breves considerandos son lapidarios: “Quien pretende la nulidad y la repele es la misma persona”, dice la jueza y explica: “El PJ Jujuy pretende la nulidad de lo actuado por su autoridad máxima, lo cual resulta inadmisible”… por lo tanto.., ”resuelvo no hacer lugar al pedido de nulidad de la intervención”. Tanto las explicaciones de la Cámara por el cuestionamiento a Cardozo como la decisión de la Jueza por la cuestión de fondo, más allá de lo político, suenan a razonamientos tan elementales que casi se pueden interpretar como un tirón de arejas, en términos jurídicos a los escritos presentados por los apoderados, que terminaron llevando en sí mismos los elementos que los derrotaron. Y en lo puramente político, se conoció que por instrucciones del contador Haquim, los apoderados apelaron inmediatamente la decisión de Servini ante la Cámara Nacional Electoral, pero que ésa será la última instancia a la que recurrirán. Aunque el fallo de la CNE sea otra vez adverso y quede aún la instancia de recurrir a la Corte, no lo harían: “La decisión de la CNE será nuestro tope”definió el vicegobernador. Sin embargo entre sus declaraciones dejó mezclada una definición más para la polémica: “Las cosas se van poniendo en claro… que es lo que pretendíamos… esperar las definiciones de la Justicia” y castigó a quienes“pretendían tomar el partido por el camino de la intervención, y no por la decisión popular”. Los referentes del massismo renovador adhirieron “rechazando la decisión del PJ nacional que conduce José Luis Gioja y que pretende dejar todo como estaba”. Los del Partido Justicialista en Jujuy se preguntaron: “De qué decisión popular hablan, si en un partido de ciento veinte mil afiliados dibujaron una dirigencia que juntó menos votos que un centro vecinal de la Puna”. Como sea, el pleito se acerca a su final, mientras desde su provincia –Mendoza- el mismísimo interventor Celso Jaque, quien estará en Jujuy esta semana siguió las alternativas que arriman al desenlace. No es poco lo que le queda: armar una junta electoral razonable, distribuir colores a las listas de precandidatos, entregarles los padrones para cotejar la entrega de avales y nombres de aspirantes, y llegar al 24 de Junio al día de las presentaciones formales. Y, si puede, pilotear un reencuentro entre peronistas, que es lo primero y casi lo único que dijo, desde que lo enviaron a Jujuy a tratar recomponer ese gigantesco hormiguero pateado que es el PJ provincial, escenario de rencores y desilusiones. La definición final también la esperan los radicales, ya que la tensa espera del peronismo, lleva atado a Cambia Jujuy a su carro: si el compañero de fórmula del GM, que hasta ahora iba por afuera, pide pista para ir en estas elecciones dentro del Frente, como fue en el 2015, nadie quiera imaginarse la compra mayorista de aspirinas que se encargará en Casa de Gobierno.
El tiempo pasa…
La próxima fecha en el cronograma electoral es el miércoles de la semana que viene, cuando vencerá el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios. El 19 se podrá pedir la asignación de los colores de las boletas para las PASO y las generales. El 24 de junio, en tanto, se cerrará el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Quince días antes del inicio de la campaña, el 9 de julio, será la fecha límite para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la Dirección Nacional Electoral.
Competencias y avances
La Justicia de Jujuy también aparece esta semana como llena de novedades y avances en diferentes flancos. Una fuerte movida realizaron los abogados Diego D´Andrea Cornejo y Luis Alfredo Canedi solicitando al juez de control Isidoro Arzud Cruz, que se declare la incompetencia de la Justicia provincial para entender en el expediente que involucra –y que tiene como imputados- al exgobernador Eduardo Fellner, a quien fue su ministro de Infraestructura, Luis Horacio Cosentini, acusados de abuso de autoridad y falsificación ideológica de instrumento público, en concurso real con el delito de fraude a la administración pública que alcanza a Héctor Carrizo y José Luis Mercado por abuso de autoridad y violencia de los deberes de funcionarios públicos y Milagro Amalia Ángela Sala de Noro por supuesto fraude a la administración. Entienden que al tratarse la de fondos nacionales ( 1.200 millones de pessos destinados originalmente a la construcción de viviendas y desparecidos), donde los principales responsables fueron el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su secretario José López y los funcionarios del área, interpretan que la causa que debiera ventilarse en el fuero federal. El juez Cruz, deberá notificar a las partes y analizar el curso del pedido. Pero faltaba lo más grueso: desde otro ángulo de la investigación, el fiscal Diego Cussel, concluyó que debía elevar a consideración del juez Isidoro Cruz un pedido de ampliación de imputación para los nombrados por el cargo de presunta asociación ilícita y el pedido de detención del exgobernador, el ex ministro y el exjefe del IVUJ, Lucio Abregú y otros. Luego de las diligencias de estilo indican que ahora el juez Cruz puede tomarse cinco días para resolver sobre el pedido del fiscal, mientras especulaban versiones oficiosas circulantes en las fiscalías, con la posibilidad de otras importantes decisiones que podrían desembocar en resonantes procesamientos. No dejó de llamar la atención que la decisión de pedir las detenciones se hiciera estallar mediáticamente en la prensa de la Capital Federal, casi a la medianoche del viernes, tomando al periodismo local casi detrás del cierre de sus redacciones. No obstante, las reacciones fueron inmediatas. Expresiones solidarias del Partido Justicialista Nacional, expresaron su preocupación en una resolución que firman el presidente José Luis Gioja, Miguel Pichetto y Gildo Insfrán, secretario de acción políticas y titular del congreso partidario respectivamente. En círculos jurídicos locales suponían que la detención podría no prosperar, o en todo caso sería morigerada, en atención a que los encartados siempre estuvieron a derecho, sin obstaculizar las investigaciones y sin presentar riesgo de profugarse. De todos modos, se valorará detenidamente -decían- de qué manera cualquier decisión afectará al resto de los involucrados en la causa.
Ahora… los intendentes
Seguramente, si la causa avanza con normalidad, en los próximos días, un grupo de intendentes que ejercieron funciones entre el 2008 y el 2015, entre los que se encontrarían, los de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge (quien se encuentra en Europa), de San Pedro de Jujuy, Julio Moisés, de Calilegua, Elsa Flores, Palpalá, de Monterrico Nilson Ortega y otros, también serían convocados por la Justicia para ser notificados de los avances de la causa y de las responsabilidades que se les achacan, en el manejo de los fondos para viviendas cuya construcción habría estado a cargo de las cooperativas que formaban parte de la Red de Organizaciones sociales que lideraba la actualmente detenida y jefa tupaquera Señora Sala de Noro. El agravamiento de las imputaciones obedecería a la opinión del fiscal de que se trata de presuntos organizadores de una asociación ilícita para cometer fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Con relación, precisamente a la jefa de la Agrupación Barrial Tupac Amaru, la única que permanece con prisión preventiva desde hace un año y medio, las versiones procedentes de fuentes generalmente bien informadas que siguen la actividad de la Corte Suprema de Justicia, volvieron a asegurar que se estaría preparando una decisión “salomónica” que no sería otra que ordenar una prisión domiciliaria. Esta determinación del Supremo Tribunal, podría ser tomada como caso testigo o piloto, y desencadenaría importantes movimientos con relación a otros involucrados en la misma causa y en otras de similares características, como la resonante cuestión de “Sueños compartidos” que se ventila en la provincia de El Chaco.
También en la CTJ
El deambular por los pasillos de la información judicial, permitió conocer en fuentes cercanas a la Fiscalía de Investigación número 5, que se continuó avanzando en las diligencias relacionadas con el expediente por supuesta administración fraudulenta y la existencia de supuestos balances falsos, que se tramita en el caso de las denuncias formuladas en contra de administraciones anteriores de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy limitada, con sede en ciudad Perico. Se trata en realidad de nuevas causas de imputaciones a Carlos Albino Del Frari, Luis Casasco, Ariel Arriaga, Miguel Abud, Esteban García y Pedro Bazán. Por otra parte, también se hizo conocer al reconocido abogado Horacio Macedo una causa de imputación. La delicada situación de la Cooperativa de Tabacaleros tomó estado público entre altas polémicas –no exentas de fuertes ingredientes políticos- a través de su gravísimo estado financiero, lo que motivó en su momento la intervención directa del propio Gobernador Morales, quien incluso comprometiendo avales provinciales, logró con el conjunto de los productores evitar una crisis mayor y hasta el posible cese de las actividades de la emblemática entidad que reúne a los productores del sector.