La Asamblea Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos acordó ayer por unanimidad asumir competencias del Parlamento controlado por la oposición.
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La Asamblea Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos acordó ayer por unanimidad asumir competencias del Parlamento controlado por la oposición.
El órgano decidió "asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminecia de los derechos de los venezolanos", según el decreto.
El acuerdo, que incluye la potestad de dictar leyes, fue tomado en una sesión a la que se negó a asistir la junta directiva del Parlamento, que había sido citada el jueves por la presidenta de la Asamblea Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez.
El decreto recordó que "todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente", lo cual fue desconocido -agregó- por el Congreso al no comparecer sus directivos a la sesión.
"No vamos a permitir más desviaciones de poder! (...) Llegó la Constituyente a poner orden!", advirtió Rodríguez antes de la lectura del acuerdo.
En una carta abierta, la junta directiva del Parlamento reiteró que desconoce "la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, sus mandatos y todos los actos emanados de la misma".
"No compareceremos ante la mentira constituyente. No estamos obligados a hacerlo", anunció el bloque opositor.
A fines de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno, había asumido funciones del Parlamento, lo que provocó amplio rechazo internacional, lo que lo hizo dar marcha atrás en menos de dos días.
Aunque revirtió entonces su decisión, desató una ola de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio. Representantes de todos los poderes públicos, incluido Maduro, han acudido, desde el 4 de agosto que se instaló la Constituyente, a sus sesiones para subordinarse frente a un "suprapoder" que funcionará por al menos dos años.
Otra maniobra
A fines de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno, había asumido funciones del Parlamento. Ello provocó amplio rechazo internacional, lo que lo hizo dar marcha atrás en dos días.
Aunque la corte revirtió entonces su decisión, desató una ola de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio. De todas formas, el TSJ considera nulas todas las decisiones del Congreso, tras declararlo en desacato desde que la oposición asumió en enero de 2016 el control del Legislativo.
Bloquean los fueros
La Asamblea Nacional Constituyente (TSJ) que declaró su preeminencia sobre todos los poderes públicos de Venezuela retiró ayer la inmunidad parlamentaria al diputado chavista disidente Germán Ferrer, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara su captura.
Luego de que Ferrer y su esposa, la hasta hace poco fiscal general Luisa Ortega Díaz, manifestaran críticas al gobierno, el TSJ destituyó a ella y el oficialismo acusa a ambos de hechos de corrupción en el Ministerio Público (MP).
El desafuero de Ferrer fue propuesto por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, capitán Diosdado Cabello, quien dijo que el diputado “reúne el prontuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea allanada de manera inmediata y sea sometido a la justicia”.
La propuesta de Cabello fue aprobada por unanimidad por la ANC, órgano integrado exclusivamente por dirigentes chavistas, informó su flamante primer vicepresidente, Elvis Amoroso, que sucedió en ese cargo al ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz.
Amoroso explicó que Ferrer “está siendo en este momento procesado por hechos de corrupción, asociación para delinquir, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y extorsión”, según informó a la prensa