"En virtud de haber recibido la Resolución N§ 1.581-S/ II-2017 del Tribunal de Cuentas de la Provincia se iniciaron las investigaciones tendientes a esclarecer este hecho", informó a El Tribuno de Jujuy, el fiscal de Investigación Penal N§ 4 Aldo Hernán Lozano.
inicia sesión o regístrate.
"En virtud de haber recibido la Resolución N§ 1.581-S/ II-2017 del Tribunal de Cuentas de la Provincia se iniciaron las investigaciones tendientes a esclarecer este hecho", informó a El Tribuno de Jujuy, el fiscal de Investigación Penal N§ 4 Aldo Hernán Lozano.
El desfalco asciende a la suma de 11 millones de pesos por compra de combustibles para patrulleros que estaban fuera de servicio.
Lozano señaló que "como primera medida hemos solicitado al Tribunal de Cuentas el expediente administrativo a través del cual se ha detectado una serie de irregularidades en el manejo de fondos pertenecientes a la Policía de la Provincia".
El funcionario judicial indicó que "se ha solicitado al jefe de Policía, comisario general Guillermo Corro, el legajo de quien al momento de producirse estas anormalidades se desempeñaba como jefe de División Transporte D-4, el tiempo que estuvo en el cargo y todos sus antecedentes".
El fiscal Aldo Hernán Lozano manifestó que "en la carátula del expediente figura como corresponsable un contador y otras personas que también deberán ser investigadas".
"Recién después de la feria judicial de julio recibimos la resolución de parte de funcionarios del Tribunal de Cuentas", agregó Lozano, "sólo esperamos contar con toda la documentación porque sabemos, o al menos tenemos entendido que la auditoría llevada a cabo por el Tribunal es muy completa y de ahí el tamaño del expediente, que deberemos revisar con el personal de la Fiscalía".
Montos del fraude
De acuerdo a la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas, solamente se da cuenta de los gastos realizados por la compra de combustibles destinados a vehículos que se encontraban fuera de servicio durante el ejercicio 2015.
Las distintas empresas proveedoras cobraron la suma de $ 2.402.228,75; $ 7.436.935,70 y $ 1.817.913,07, respectivamente, sin contar las erogaciones realizadas en conceptos de compra de lubricantes correspondiente a otro proveedor.
De la lectura del informe, especialmente de los cuadros y gráficos que en el mismo figuran, resulta que en todos los casos el porcentaje de la muestra bajo estudio que se ha observado es superior al 60 %, con lo cual puede inferirse que "los actos irregulares tienen virtualidad para extenderse a un universo mayor de contrataciones, lo cual amerita requerir, en su momento la ampliación del estudio a fin de procurar el resarcimiento integral del patrimonio público".
Aldo Hernán Lozano señaló que en los próximos días se espera el informe de la Oficina Anticorrupción que también está investigando el caso.