El Ministerio de Seguridad y la Oficina Anticorrupción de Jujuy firmaron un convenio de cooperación con el fin de articular acciones preventivas, en el marco del Régimen de Ética Pública Provincial.
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El Ministerio de Seguridad y la Oficina Anticorrupción de Jujuy firmaron un convenio de cooperación con el fin de articular acciones preventivas, en el marco del Régimen de Ética Pública Provincial.
También estuvieron los fiscales adjuntos Dante Rivas Molina y Javier De Bedia Quintana, entre otros funcionarios.
La firma estuvo a cargo del ministro Luis Martín y la fiscal Josefa Herrera, quienes se comprometieron en hacer foco en las responsabilidades de los funcionarios públicos.
En tal sentido, Herrera expresó: "Desde la Oficina estamos saliendo a dialogar con los organismos para que conozcan lo que estamos haciendo, fundamentalmente en el tema de prevención, promoviendo la aplicación de la Ley de Ética Pública que es importante para la transparencia de los actos de gobierno".
La fiscal agregó que el convenio permite concretar capacitaciones y charlas en virtud de la Ley 5.153 y modificatorias, que abarcan el buen desempeño de la función pública en materia de eficiencia, probidad, objetividad y conducta apropiada, entre otros aspectos.
Por su parte, Martín sostuvo que "estamos avanzando en velar por el cumplimiento efectivo de la Ley de Ética Pública, por parte de todo nuestro personal policial y penitenciario".
Finalmente, el titular de Seguridad aseguró que pronto se concretarán las capacitaciones con el valioso aporte de la Oficina Anticorrupción. "Vamos a seguir trabajando en forma conjunta para mejorar los estándares en materia de transparencia en la gestión pública", concluyó el ministro Martín.
Cabe mencionar que las acciones conjuntas de ambos organismos permitirán, además, el avance del Registro de Sanciones Administrativas y Judiciales – Resaj- a cargo de la Oficina Anticorrupción. Para ello, se contará con la experiencia de la cartera de Seguridad sobre sanciones graves aplicadas al personal, y las que surjan de hechos cuya naturaleza se vincule a hechos de corrupción o faltas al Régimen de Ética Pública, según se informó.