El 2023 estuvo signado por una conflictividad social y violencia inusitada en Jujuy desde que Gerardo Morales llegó al Gobierno de la Provincia. El detonante fue la controvertida reforma parcial de la Constitución Provincial que se plegó como consigna a los reclamos salariales de junio, luego motivó los tremendos enfrentamientos y daños en el Día de la Bandera y fue la base de extensos cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.
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El 2023 estuvo signado por una conflictividad social y violencia inusitada en Jujuy desde que Gerardo Morales llegó al Gobierno de la Provincia. El detonante fue la controvertida reforma parcial de la Constitución Provincial que se plegó como consigna a los reclamos salariales de junio, luego motivó los tremendos enfrentamientos y daños en el Día de la Bandera y fue la base de extensos cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.
El clima comenzó a enrarecerse después de la elección de los convencionales constituyentes en mayo y su expeditiva tarea, cuando los maestros y profesores salieron a las calles en forma pacífica para manifestarse masivamente por un sueldo digno tomaron el lema "Arriba los salarios. Abajo la reforma".
En la mañana del 20 de junio el sector educativo, pero también los gremios estatales, así como agrupaciones políticas y organizaciones sociales, entre otros se movilizaron multitudinariamente hacia la Legislatura Provincial donde se había jurado la reforma constitucional. Y pasado el mediodía se desató el infierno cuando las vallas fueron vencidas, empezando una encarnizada contienda entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Al cabo de un par de horas ardían la Legislatura, vehículos estacionados en las inmediaciones y barricadas que se extendieron a Gorriti, la exterminal y hasta barrio Mariano Moreno. En el sector arrasado las piedras y vidrios generaron un panorama dantesco que se reflejó en las pantallas de todo el país y el exterior causando profunda consternación en la comunidad. Hubo más de 60 detenidos que luego superaron el centenar y fueron procesados. La sombra de instigadores llegados de Buenos Aires y otras provincias sobrevoló en forma permanente.
Entonces el foco se trasladó a las comunidades originarias que al opinar que peligraban sus derechos por la nueva letra constitucional (más allá de la decisión oficial de dar marcha atrás con artículos cuestionados) iniciaron los cortes de ruta en la Quebrada y Puna casi en la temporada turística alta. Las organizaciones sindicales y sociales hicieron lo propio en los Valles y las Yungas ocasionando que el ingreso y egreso de la provincia fuera un caos y demandara una cantidad de horas indeterminada.
Muchos de los bloqueos fueron totales y en otros empezaron a dar horarios de paso pero nunca hubo un despeje efectivo y sí nuevos enfrentamientos en la Quebrada.
Por otra parte, una mujer que viajaba a Bolivia se descompensó en el corte de Abra Pampa a comienzos de julio y murió.
El 25 de julio los comuneros partieron con el Tercer Malón de la Paz desde el corte de Purmamarca hacia Buenos Aires pidiendo la caída de la reforma, defensa de la propiedad comunitaria y el agua.
Los piquetes se fueron desactivando de a poco, primero para dar transitabilidad en las elecciones Paso del 13 de agosto y después en las Generales del 22 de octubre. Pero los núcleos duros, sobre todo en la Puna llegaron a noviembre mismo con cortes.