En una conferencia de prensa realizada en la tarde de ayer en Ciudad Cultural, el fiscal de Estado de la Provincia Miguel Rivas, el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el procurador de la Provincia Sebastián Albesa, brindaron detalles sobre los incidentes registrados en la provincia y cuales son las medidas que van a pedir a la Justicia.
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En una conferencia de prensa realizada en la tarde de ayer en Ciudad Cultural, el fiscal de Estado de la Provincia Miguel Rivas, el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el procurador de la Provincia Sebastián Albesa, brindaron detalles sobre los incidentes registrados en la provincia y cuales son las medidas que van a pedir a la Justicia.
El fiscal de Estado, Miguel Rivas, expresó que se han realizado las denuncias pertinentes ante las autoridades correspondientes, tanto en el fuero local como en el fuero federal. "Se trata de hechos planificados e ilícitos, de delitos perpetrados por personas violentas, que están atacando el orden constitucional y no se trata de hechos aislados y son ejecutados y planeados por individuos violentos y organizaciones sociales y políticas", expresó el fiscal.
También manifestó que Fiscalía de Estado, siguiendo instrucciones del gobernador, va a asegurar que se restablezca el clima de paz y armonía y progreso en el pueblo de Jujuy y va a intervenir como querellante en los procesos en curso y que se apliquen los montos de penas mayores que expresa el código penal. "Se va a pedir el embargo a cada uno de los responsables, se les van a reclamar los daños y perjuicios producidos el estado provincial y la cifra estimada es de más de mil millones de pesos", señaló.
Asimismo se van a sumar a las denuncias del Same y del Ministerio de Salud por interrumpir el servicio esencial de salud.
El ministro Guillermo Corro aseguró que desde el ministerio han aportado todos los elementos para investigar las causas, en cada caso las unidades de la Policía provincial a través de sus peritos se han puesto a disposición de la fiscalía.
Desde el momento que empezaron los cortes el Ministerio de Seguridad a través de las agencias de contraventores, el departamento contravencional y sus agencias han realizado las actas correspondiente, por desórdenes, escándalos en la vía pública, omisión de ceder el paso a vehículos oficiales, como ambulancias y estas imputaciones se han llevado adelante tanto para personas físicas como jurídicas.
Hasta el momento el departamento contravencional y los jueces ya tienen mas de 100 expedientes, 150 personas imputadas se han sentenciado a 5 con multas que pueden llegar a los 2 millones de pesos.
Por último el procurador de la Provincia, Sebastían Albesa, habló de la protección del orden constitucional y de la protección del sistema democrático. "Estos actos no se corresponden a una protesta pacífica y democrática, que está garantizada por el Estado provincial. Cortar un ruta es un delito que pone en riesgo no solo la salud sino el trabajo de la gente del Norte sobre todo en el sector turístico con grande pérdidas".