Una mezcla de nerviosismo, dudas, desconcierto y preocupación se instaló desde ese día en los despachos más importantes de la Casa Rosada. Es que la alarmante falta de controles en el transporte de pasajeros, que quedó nuevamente en evidencia, no puede ser adjudicada a nadie más que a su propia desidia.
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Una mezcla de nerviosismo, dudas, desconcierto y preocupación se instaló desde ese día en los despachos más importantes de la Casa Rosada. Es que la alarmante falta de controles en el transporte de pasajeros, que quedó nuevamente en evidencia, no puede ser adjudicada a nadie más que a su propia desidia.
Fue de tal magnitud el ruido que hizo el accidente en el Gobierno que la reacción que esgrimió, tardía e inconsistente, tuvo ribetes insospechados. ¿Quién hubiese imaginado que la Presidenta enviaría sus condolencias a las víctimas varias horas después que Gran Bretaña y Estados Unidos? Seguramente, ni el más cristinista del país lo hubiese anticipado. Y mucho menos que la jefa de Estado se recluiría en Santa Cruz hasta mañana sin haber dicho una sola palabra sobre la tragedia ferroviaria más feroz de los últimos cuarenta años. ¿Por qué lo hizo? Difícil de entenderlo, pero todo indica que las especulaciones sobre el posible costo político de su aparición la habrían frenado. Una breve cadena nacional solidarizándose con las víctimas y poniendo toda la fuerza del Estado a disposición de la Justicia hubiese bastado.
A diferencia de la masacre que se produjo en Cromañón, cuando Néstor Kirchner estuvo cinco días sin decir una palabra, esta situación tuvo un costado absolutamente diferente: el sobrefinanciamiento y control de la empresa sospechada, esta vez, solo le cabe a la Nación y no al Gobierno porteño como pasó hace siete años.
Las explicaciones de Julio De Vido y de Juan Pablo Schiavi -quien cometió un exabrupto típico de un improvisado- fueron tan escasas que ni siquiera se aceptaron preguntas por parte de la prensa. Nada se sabe aún sobre por qué el Gobierno desoyó hace cuatro años las advertencias de la Auditoría ni tampoco por qué no se le cortaron los subsidios a los Cirigliano hasta que la Justicia dilucide su responsabilidad. No es un dato menor: TBA recibió, en lo poco que va de 2012, más de 70 millones de pesos en subsidios.
“Era tan fuerte el dolor de los familiares de las víctimas que Cristina no quiso que se piense que hacía política con la tragedia. Por eso dejó toda la estrategia comunicacional en manos de De Vido y Schiavi, que al ser dos funcionarios de mala imagen, se iban a desgastar menos”. Así se expresó un dirigente kirchnerista, que pidió reserva de su identidad, al reflexionar sobre la respuesta oficial luego del accidente.
Al tanto del casi nulo margen de protección que se le puede dar ahora a los dueños de la compañía, Cristina avanza hacia la rescisión del contrato de TBA, el problema es que debieron morir más de 50 personas en un día para que eso suceda. Ocurre que no solo estaban los informes contundentes de la AGN de 2008, sino que el año pasado también hubo una infinidad de irregularidades en el transporte ferroviario, en el que por diversas causas fallecieron decenas de personas.
Preocupado por no perder apoyo en la clase baja y la clase media, el Gobierno priorizó todos estos años el congelamiento de la tarifa de transporte público aún a riesgos de descuidar la inversión en mantenimiento de las unidades.
Si bien es cierto que debe ser la empresa la que disponga de recursos para mejorar sus flotas, el Estado cumple un rol indelegable en el seguimiento de esas variables.
Nunca en los últimos ocho años se escucharon propuestas serias para minimizar el pésimo estado de las vías ni de los coches que componen la red ferroviaria de la Argentina.
De hecho, la promesa de un ferrocarril Belgrano Cargas reactivado sigue brillando por su ausencia, pese al crecimiento a tasas chinas que vino teniendo el país en los últimos años.
El contexto
Las últimas semanas no fueron, sin lugar a dudas, las más felices para la Casa Rosada. Mientras avanzan las derivaciones del escándalo de corrupción que roza al vicepresidente Amado Boudou por la eximprenta Ciccone, el Proyecto X que buscó justificar Nilda Garré esta semana amenaza con despilfarrar buena parte de la estrategia política del Gobierno en materia de derechos humanos. Pocas veces se observó a un funcionario tan nervioso y errático como se la vió a la ministra de Seguridad el viernes. ¿Por qué solo aceptó tres preguntas de la prensa si no hay nada que esconder?
El Gobierno parece estar encerrándose cada día más en su microclima, algo sumamente riesgoso en tiempos de democracia.