“El procurador, sin serlo, se ha erigido como juez supremo y ha puesto a los fiscales por encima de los magistrados”.
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“El procurador, sin serlo, se ha erigido como juez supremo y ha puesto a los fiscales por encima de los magistrados”.
Todo ha quedado a la medida. Las piezas encajan casi a la perfección. Nada se escapa a la mirada selectiva de los fiscales que han adquirido el curioso método de archivar causas con criterios cada vez más dudosos, pero que dejan ver intereses ajenos a la Justicia.
Los ejemplos se suceden uno tras otro y quedan expuestos por la falta de argumentos. Archivar una escandalosa causa que compromete seriamente a un ministro del Gobierno provincial y luego ocultar y mantener en secreto las resoluciones que llevaron a esa determinación, es algo difícil de sostener.
Pero para ello cuentan con una poderosa herramienta que les fue otorgada con la reforma procesal y la entrada en vigencia del sistema acusatorio, adaptada en Salta para permitir una solapada intervención del poder político en las cuestiones judiciales.
No sorprendió, una vez más, que el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, archivara la denuncia contra el ministro de Hacienda Carlos Parodi a raíz de su escandaloso incremento patrimonial en los últimos cinco años.
Lo que sorprende es la falta de tacto; ocultar los argumentos que llevaron a archivar el caso es directamente una alevosía que sólo puede mantenerse bajo las normas de la impunidad.
La causa de Parodi es solo un ejemplo. En el CV de Akemeier figuran otros casos tanto o más escandalosos que sufrieron igual suerte. Solo por citar un ejemplo, el caso de Marcelo Cil, exsecretario de Asuntos Municipales y actual coordinador de la Comisión de Preservación de Patrimonio Histórico, es uno de ellos.
Al igual que Parodi, de quien es amigo personal, Cil incrementó sospechosamente su patrimonio en un período de tres años, con la adquisición de importantes inmuebles en Salta Capital, el interior de la provincia y también en Jujuy. Lo curioso es que Cil, en el año 2007, no tenía dinero ni para pagar los impuestos. El funcionario había sido condenado por la Cámara del Crimen a pagar 20 mil pesos por una agresión y, como no pagó, la Justicia lo quiso embargar, pero al no tener propiedades le aplicaron trabas sobre bienes muebles.
Tres años después y con el sueldo de funcionario público, Cil contaba con viviendas, departamentos, cocheras, casas de veraneo y vehículos.
La denuncia también cayó en manos de Akemeier quien luego de un plazo que excedió incluso el permitido por la ley, se declaró incompetente y dejó todo en manos de la AFIP.
Otra perlita de Akemeier es la causa express que cayó en sus manos a principios de 2011 por las denuncias sobre compras y ventas irregulares de colectivos para Saeta. El fiscal la archivó en un tiempo récord de 8 horas.
Así están las cosas. Akemeier responde a una poderosa herramienta que es manejada a discreción por el polémico procurador Pablo López Viñals, quien ha logrado concentrar poder y determinar el proceso inicial en el servicio de Justicia.
El procurador, sin serlo, se ha erigido como juez supremo y ha puesto a los fiscales por encima de los magistrados.
De esta forma el Ministerio Público, se ha convertido en el ámbito donde las causas ingresan y fenecen de acuerdo a intereses que van dejando al descubierto trama secretas. Los fiscales son la herramienta manipulable para ello y es así que en la primera línea de fuego, son los que reciben desde la ciudadanía, las denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público. Guillermo Akemeier, el archivador serial, ya acumula varias de ellas.