El escándalo por la entrega direccionada de viviendas en el barrio Lomas de Medeiros, que benefició directamente a funcionarios del actual Gobierno provincial y a sus familiares, amenaza ahora con extenderse al interior de la provincia, con denuncias que empiezan a aparecer en los municipios por parte de vecinos que no dudan en señalar sus sospechas por la irregular entrega de casas desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en Tartagal donde en los últimos días el IPV procedió a la desadjudicación de varias unidades en el barrio Bicentenario. A partir de las denuncias públicas, los inspectores procedieron a quitar el beneficio a los adjudicatarios que alquilaron las casas que les fueron entregadas en 2011.
Invariablemente el escándalo y la crisis que desató en el Gobierno la entrega irregular de viviendas en Lomas de Medeiros, obligó a una rápida respuesta por parte del organismo provincial que intenta disimular los efectos del repudio social.
Por estas horas las “desadjudicaciones express” son moneda corriente en los municipios; lo malo es que también llegaron junto con los desalojos de los ocupantes que alquilan esas viviendas y que, si se quiere, resultan víctimas inocentes en todo este escándalo.
Es que el desalojo compulsivo de personas que alquilan un hogar también provoca repudios generalizados y reinstalan al Gobierno como el malo de la película.
Para el caso de Tartagal, un grupo de concejales ya se opuso al desalojo compulsivo de los inquilinos y promueve que esas personas tengan alguna prioridad tras la desadjudicación.
No obstante, al ser reacciones políticas antes que medidas de corte social, los desalojos pueden resultar también un arma de doble filo para la transparencia que ahora pretende imponer el IPV. Se sabe que los inspectores desadjudicaron luego de que se conocieran las denuncias de otras personas en los medios de comunicación. La gente que no tiene casa o que no resultó adjudicada en los últimos sorteos es la que denuncia a otras personas que al parecer no tienen ninguna urgencia habitacional.
Pero el fenómeno de las denuncias por entregas irregulares de viviendas a personas que no las necesitan, o que tienen vínculos políticos, se repite con asombrosa similitud en varios puntos de la provincia y se transformó en
otro dolor de cabeza para el Gobierno.
Al sur, en Metán los vecinos piden la ayuda de los periodistas para que investiguen las entregas en los últimos años. Destacan que muchos adjudicatarios están vinculados a funcionarios y legisladores o tienen otras propiedades.
Los comentarios se van retroalimentando con denuncias en las redes sociales y en los sitios digitales de los medios de comunicación.
En otros barrios
En las denuncias también se destacan otros mecanismos cuestionados en el escándalo de Lomas de Medeiros. Por ejemplo, para el barrio ampliación Los Tarcos, algunas personas señalaron que les prometieron la entrega para diciembre luego de un pago anticipado de 20 mil pesos. Hasta el momento no se cumplió con el cronograma establecido.
La actualización de expedientes exigida por el organismos tras el escándalo es otro tema. Ahora se pide a los postulantes tener actualizada su carpeta desde el 4 de abril.
La crisis también caló hondo puertas adentro en el IPV donde se van conociendo detalles del actual funcionamiento del organismo y su centralización con la Secretaría de Obras Públicas, sueldos y distribución de cargos, entre otros puntos.
Las condiciones para anotarse
son una comedia de enredos
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El escándalo por la entrega direccionada de viviendas en el barrio Lomas de Medeiros, que benefició directamente a funcionarios del actual Gobierno provincial y a sus familiares, amenaza ahora con extenderse al interior de la provincia, con denuncias que empiezan a aparecer en los municipios por parte de vecinos que no dudan en señalar sus sospechas por la irregular entrega de casas desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en Tartagal donde en los últimos días el IPV procedió a la desadjudicación de varias unidades en el barrio Bicentenario. A partir de las denuncias públicas, los inspectores procedieron a quitar el beneficio a los adjudicatarios que alquilaron las casas que les fueron entregadas en 2011.
Invariablemente el escándalo y la crisis que desató en el Gobierno la entrega irregular de viviendas en Lomas de Medeiros, obligó a una rápida respuesta por parte del organismo provincial que intenta disimular los efectos del repudio social.
Por estas horas las “desadjudicaciones express” son moneda corriente en los municipios; lo malo es que también llegaron junto con los desalojos de los ocupantes que alquilan esas viviendas y que, si se quiere, resultan víctimas inocentes en todo este escándalo.
Es que el desalojo compulsivo de personas que alquilan un hogar también provoca repudios generalizados y reinstalan al Gobierno como el malo de la película.
Para el caso de Tartagal, un grupo de concejales ya se opuso al desalojo compulsivo de los inquilinos y promueve que esas personas tengan alguna prioridad tras la desadjudicación.
No obstante, al ser reacciones políticas antes que medidas de corte social, los desalojos pueden resultar también un arma de doble filo para la transparencia que ahora pretende imponer el IPV. Se sabe que los inspectores desadjudicaron luego de que se conocieran las denuncias de otras personas en los medios de comunicación. La gente que no tiene casa o que no resultó adjudicada en los últimos sorteos es la que denuncia a otras personas que al parecer no tienen ninguna urgencia habitacional.
Pero el fenómeno de las denuncias por entregas irregulares de viviendas a personas que no las necesitan, o que tienen vínculos políticos, se repite con asombrosa similitud en varios puntos de la provincia y se transformó en
otro dolor de cabeza para el Gobierno.
Al sur, en Metán los vecinos piden la ayuda de los periodistas para que investiguen las entregas en los últimos años. Destacan que muchos adjudicatarios están vinculados a funcionarios y legisladores o tienen otras propiedades.
Los comentarios se van retroalimentando con denuncias en las redes sociales y en los sitios digitales de los medios de comunicación.
En otros barrios
En las denuncias también se destacan otros mecanismos cuestionados en el escándalo de Lomas de Medeiros. Por ejemplo, para el barrio ampliación Los Tarcos, algunas personas señalaron que les prometieron la entrega para diciembre luego de un pago anticipado de 20 mil pesos. Hasta el momento no se cumplió con el cronograma establecido.
La actualización de expedientes exigida por el organismos tras el escándalo es otro tema. Ahora se pide a los postulantes tener actualizada su carpeta desde el 4 de abril.
La crisis también caló hondo puertas adentro en el IPV donde se van conociendo detalles del actual funcionamiento del organismo y su centralización con la Secretaría de Obras Públicas, sueldos y distribución de cargos, entre otros puntos.
Las condiciones para anotarse
son una comedia de enredos
TRAMITES DE LA GENTE EN EL IPV
La desesperación de infinidad de familias que pagan pesados alquileres y llevan años en espera de una vivienda inundó en los últimos días las dependencias del IPV. Y muchos de los postulantes chocaron con trabas que no esperaban encontrar, tras los anuncios que hizo el Gobierno sobre la manera en que se resolvería la entrega de las viviendas desadjudicadas en el barrio Lomas de Medeiros.
“Ya fui tres veces al IPV y me negaron el formulario para depositar los $75.000 y poder participar en el sorteo que se hará el lunes 22 de abril”, remarcó una mujer que renovó su ficha social en diciembre último y actualizó sus ingresos ante el IPV la semana pasada, pero se encontró sin posibilidades de efectivizar el ahorro previo hasta el próximo viernes”.
Como ella, muchos cayeron en otra gran desilusión cuando en oficinas del IPV les pusieron en claro que solo participarán del sorteo de las viviendas revocadas quienes hayan “actualizado la ficha social entre el 1 de enero del año pasado y el 5 de abril de este año”, además de “haber declarado en la actualización del inciso b) $15.000 o más como ingreso de todo el grupo familiar”.
Estas condiciones, que recién ayer fueron especificadas en la página oficial del Gobierno de Salta, cerraron el ciclo de confusión y contradicciones que se abrió el lunes 8 de abril. Ese día, en conferencia de prensa, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció las desadjudicaciones y los plazos para las nuevas postulaciones y el sorteo, en medio del escándalo desatado con las viviendas de Lomas de Medeiros.
En base a las instrucciones del gobernador, el IPV dictó el martes 9 de abril la resolución revocatoria 339/13.
En ella, invocando “razones de oportunidad”, el organismo provincial de viviendas estableció que “el período de inscripción de postulantes se extienda hasta el día 19 de abril de 2013” y que, previa verificación del cumplimiento de requisitos y exigencias fijados en la normativa vigente, “todos ellos participen del procedimiento de selección general, es decir a través del sorteo público a realizarse al efecto” el lunes 22.
No son pocos hoy quienes, viendo desvanecidas sus posibilidades de acceder al sorteo de las viviendas, sostienen que entre los anuncios que hizo el gobernador, las instrucciones que se volcaron en la resolución 339 y las condiciones que fueron detalladas ayer por el IPV, hay contradicciones y zonas grises que no hacen más que ahondar el repudio social ante situaciones de privilegio, en la entrega de viviendas construidas con fondos públicos.
El mismo día de la conferencia de prensa, el titular del IPV, Fernando Alesanco, precisó ante diferentes medios que con las carpetas actualizadas en función de resoluciones de 2012, solo podían aspirar con alguna chance, 307 grupos familiares de Salta.