La noticia sobre la adjudicación de un programa de viviendas particularmente “irregular” en una localización llamativamente “excepcional”, Lomas de Medeiros, ha desatado una ola de críticas y comentarios en redes sociales y medios de prensa. Como suele suceder, un acontecimiento de este tipo da lugar a que se escuchen reclamos y se haga visible la situación de los muchos que están inscriptos en programas sociales, a la espera de acceder a una vivienda o terreno.
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La noticia sobre la adjudicación de un programa de viviendas particularmente “irregular” en una localización llamativamente “excepcional”, Lomas de Medeiros, ha desatado una ola de críticas y comentarios en redes sociales y medios de prensa. Como suele suceder, un acontecimiento de este tipo da lugar a que se escuchen reclamos y se haga visible la situación de los muchos que están inscriptos en programas sociales, a la espera de acceder a una vivienda o terreno.
Este episodio condensa diversas cuestiones que conviene identificar. Visibiliza prácticas asociadas a la corrupción, a la ausencia de transparencia en la gestión de estas políticas y pone al desnudo lo que podríamos llamar el clientelismo político en las esferas próximas al poder. Coloca en discusión las decisiones sobre quiénes son y quiénes deben ser los beneficiarios de políticas de vivienda que cuentan con financiación estatal y a través de qué tipo de operatorias o programas. Actualiza los criterios dominantes respecto al valor de los terrenos según su localización, lo que permite afirmar a algunos funcionarios que es eso lo que impide bajar el piso mínimo de ingresos solicitado ($ 15.000), sin explicar cómo y porqué el IPV accedió a esas tierras, omitiendo establecer su vinculación con el reforzamiento de la segregación de la población en el espacio urbano. Por último, permite reflexionar sobre los imaginarios relativos a los criterios que califican como legítimo o ilegítimo el acceso de diferentes sectores sociales a una vivienda de interés social.
El tratamiento de cada uno de estos puntos ocuparía el espacio de una nota. Optamos entonces por poner el foco en el último. Para ello propongo tener presente dos ejemplos, si se quiere opuestos: el plan en cuestión de 76 viviendas en Lomas de Medeiros que, más allá de las marcas de corrupción que lo rodean, estaba destinado a sectores medio-altos, en una localización privilegiada y con una inversión de dineros públicos cuyo monto desconocemos pero con seguridad es muy importante, comenzando por el valor que se le está asignando a los terrenos. Por otro, cualquiera de las varias tomas de tierra de los últimos tiempos, que ponen en evidencia los serios problemas de hábitat. En esta comparación interesa mostrar la particular manera en que se cuela el tratamiento de las transacciones económicas según quienes sean los potenciales beneficiarios.
En los espacios de las tomas que analizamos en otro artículo, para tener alguna chance de éxito y para que los reclamos sean reconocidos como legítimos, todo lo que caiga bajo la sospecha de interés económico tiene que ser apartado, a pesar de que se trata de luchas en las cuales se está demandando el acceso a un bien material, con valor económico. En el imaginario dominante, el espacio de la pobreza, el de los más necesitados en términos de trabajo y de recursos materiales, está separado de la esfera de las transacciones económicas. Es el espacio para el ejercicio de la caridad, la asistencia estatal, en tanto lo “merezcan” por ser “buenos pobres”, y se espera de ellos que establezcan sus vínculos a través de la solidaridad. Que suplan con solidaridad la ausencia de recursos. Esto se expresa en el diferente formato de las políticas habitacionales, según quiénes sean sus destinatarios. Las clases medias, que pudieron y pueden acceder a un trabajo estable, continuo y en blanco son las que están en condiciones de ser adjudicatarias de viviendas de “interés social”, fuertemente subsidiadas. Los más pobres, desocupados o sin trabajo estable no tienen posibilidad de garantizar el pago de una cuota mensual, deben apelar a la cualidad que se les adjudica, la solidaridad; de allí todos los programas de vivienda de autoconstrucción que se sostienen en este recurso.
De esa tajante división de esferas se desprende lo que unos y otros están moralmente habilitados a hacer con el bien, sea éste vivienda o terreno adjudicado. Dado que se trata de un bien que rápidamente adquiere valor de mercado, algunos programas establecen requisitos para la posterior compra-venta. Pero, más allá de ello, lo que queremos plantear es que social y moralmente se habilitan de diferente manera las posibles transacciones económicas para unos y otros siendo unas legítimas y merecidas y las otras ilegítimas e inmerecidas. La venta y el alquiler de viviendas financiadas por el Estado es frecuente, y la incorporación al mercado es más rápida entre los programas destinados a clases medias. Cuando estos sectores venden o subalquilan no recae sobre ellos el calificativo de especuladores, a partir del supuesto de que son trabajadores que accedieron a la vivienda con el fruto de su trabajo. La construcción de la cadena argumental que se pone en marcha sería la siguiente: porque trabajan (desconociendo las redes sociales que les facilita el conseguir ciertos trabajos) pueden pagar la cuota (no lo reciben de arriba, no es vista como dádiva o asistencia), la disponibilidad de dinero para pagar les da derecho y ese derecho les permite vender lo que es suyo.
Como contraparte en el caso de los pobres, se construye como sigue: no trabajan (porque son vagos), no pueden hacer frente a la cuota de la vivienda o lote (si la reciben es de arriba, es dádiva), no están habilitados a realizar transacciones económicas, por lo tanto no pueden ingresarla al mercado. Si lo hacen son “avivados” o “especuladores”, no necesitan la vivienda, por eso la venden. Lo que está por detrás de estas construcciones es la existencia de fuertes redes de seguridad estatal y social muy naturalizadas en la sociedad, el acceso a obra social como trabajadores en blanco, los contactos que les abren las puertas a determinados trabajos, todo lo cual les permite posicionarse donde están, sin que se las reconozca como tales. A partir de esas representaciones es que se juzga a los otros, asistidos y beneficiados por el Estado. En el caso concreto de Lomas de Medeiros, además, los círculos de proximidad al poder, el frecuentar los mismos clubes, practicar deportes juntos, compartir reuniones sociales en los que con frecuencia se cosechan contactos, negocios y beneficios, es una “inversión” bien vista y que no se pone en cuestión por quienes la practican, la otra cara del clientelismo.