Salta es la provincia con mayor cantidad de habitantes por vivienda en todo el país, según el Censo 2010. El promedio nacional de habitantes por casa es de 2,79, mientras que en Salta ese promedio trepa a los 3,75. Se estima que el déficit habitacional asciende a 30 mil viviendas.
Por ese motivo, la bronca estalló en las redes sociales cuando se supo que los agradables chalets de Lomas de Medeiros habían sido adjudicados a amigos y funcionarios.
Fue tan grande la indignación que el oficialismo quedó desconcertado. En la Cámara de Diputados, Héctor Calabró apuntó a condenar los planes de viviendas para clase media, mientras que Matías Posadas, adjudicatario en otro barrio, y Lucas Godoy, hermano y cuñado de dos adjudicatarios de Lomas de Medeiros, intentaban demostrar que no está mal que el Estado ayude a todos los sectores.
Calabró hizo una apología de los asentamientos precarios como modelo habitacional. Al final, Antonio Hucena debió hacer equilibrios verbales para terminar reconociendo que el déficit habitacional es una de las mayores causas de disconformidad en nuestra provincia.
El problema del oficialismo radica en la falta de claridad.
Juan Manuel Urtubey eludió sancionar a los funcionarios que capturaron irregularmente la adjudicación; el más notable, Pablo Robbio Saravia, quien le hubiera ahorrado problemas a su jefe renunciando al cargo apenas estalló el escándalo.
Urtubey prefirió admitir la irregularidad dando de bajo a todas las adjudicaciones hechas en su gestión.
Ese error se tradujo en que a todos los adjudicatarios les dio vergüenza que se conociera su situación.
Los legisladores chocaron con un problema: la falta de definición de lo que se entiende por vivienda social.
Llevar agua, luz o cloacas a un asentamiento, o construir casuchas o habitaciones sin cargo para gente que vive casi a la intemperie puede ser una medida asistencial, pero nadie puede asimilarlo a un plan de viviendas. Construir casas dignas, con todos los servicios, con diferentes categorías según la capacidad de pago de cada solicitante es otra cosa.
La explicación del ministro de Finanzas Carlos Parodi, en un canal de TV, parece arrojar un poco más de confusión.
A despecho de que el gobernador atribuyó la demora de seis años en el programa en cuestión a su “desacuerdo ideológico”, por la extracción social de los beneficiarios, su ministro aseguró que el Gobierno puede “adjudicar 2% de las viviendas a programas especiales”.
Quizá olvidó las 1008 unidades de los famosos monoambientes, cuya finalidad social es poco perceptible y que están destinados a jóvenes de altos ingresos que puedan vivir en 24 metros cuadrados: “Estamos construyendo 4375 viviendas y 76 están destinadas a ese 2 %”.
Cómo dice el adagio popular: “No aclaren, que oscurece”.
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Salta es la provincia con mayor cantidad de habitantes por vivienda en todo el país, según el Censo 2010. El promedio nacional de habitantes por casa es de 2,79, mientras que en Salta ese promedio trepa a los 3,75. Se estima que el déficit habitacional asciende a 30 mil viviendas.
Por ese motivo, la bronca estalló en las redes sociales cuando se supo que los agradables chalets de Lomas de Medeiros habían sido adjudicados a amigos y funcionarios.
Fue tan grande la indignación que el oficialismo quedó desconcertado. En la Cámara de Diputados, Héctor Calabró apuntó a condenar los planes de viviendas para clase media, mientras que Matías Posadas, adjudicatario en otro barrio, y Lucas Godoy, hermano y cuñado de dos adjudicatarios de Lomas de Medeiros, intentaban demostrar que no está mal que el Estado ayude a todos los sectores.
Calabró hizo una apología de los asentamientos precarios como modelo habitacional. Al final, Antonio Hucena debió hacer equilibrios verbales para terminar reconociendo que el déficit habitacional es una de las mayores causas de disconformidad en nuestra provincia.
El problema del oficialismo radica en la falta de claridad.
Juan Manuel Urtubey eludió sancionar a los funcionarios que capturaron irregularmente la adjudicación; el más notable, Pablo Robbio Saravia, quien le hubiera ahorrado problemas a su jefe renunciando al cargo apenas estalló el escándalo.
Urtubey prefirió admitir la irregularidad dando de bajo a todas las adjudicaciones hechas en su gestión.
Ese error se tradujo en que a todos los adjudicatarios les dio vergüenza que se conociera su situación.
Los legisladores chocaron con un problema: la falta de definición de lo que se entiende por vivienda social.
Llevar agua, luz o cloacas a un asentamiento, o construir casuchas o habitaciones sin cargo para gente que vive casi a la intemperie puede ser una medida asistencial, pero nadie puede asimilarlo a un plan de viviendas. Construir casas dignas, con todos los servicios, con diferentes categorías según la capacidad de pago de cada solicitante es otra cosa.
La explicación del ministro de Finanzas Carlos Parodi, en un canal de TV, parece arrojar un poco más de confusión.
A despecho de que el gobernador atribuyó la demora de seis años en el programa en cuestión a su “desacuerdo ideológico”, por la extracción social de los beneficiarios, su ministro aseguró que el Gobierno puede “adjudicar 2% de las viviendas a programas especiales”.
Quizá olvidó las 1008 unidades de los famosos monoambientes, cuya finalidad social es poco perceptible y que están destinados a jóvenes de altos ingresos que puedan vivir en 24 metros cuadrados: “Estamos construyendo 4375 viviendas y 76 están destinadas a ese 2 %”.
Cómo dice el adagio popular: “No aclaren, que oscurece”.
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