El abogado radical Carlos Humberto Saravia pidió el juzgamiento y la destitución del fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, al acusarlo ante el presidente del jurado de enjuiciamiento, Guillermo Posadas, de mal desempeño por no haber investigado casos de aparente corrupción que involucraron a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
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El abogado radical Carlos Humberto Saravia pidió el juzgamiento y la destitución del fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, al acusarlo ante el presidente del jurado de enjuiciamiento, Guillermo Posadas, de mal desempeño por no haber investigado casos de aparente corrupción que involucraron a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Akemeier es un fiscal clave en el funcionamiento del Ministerio Público y responde disciplinadamente a los mandatos del procurador Pablo López Viñals. “Siempre ha obrado conforme designios políticos. Cada denuncia de un hecho de corrupción ha culminado con un archivo o en una evasiva, pero evitando expedirse sobre cuestiones graves como lo hizo en la causa del ENREJA. Siempre, sin control de los jueces de Garantías, diligenciando prueba discrecionalmente”, enfatizó Saravia.
El letrado había presentado varias denuncias por hechos de enriquecimiento ilícito y otras irregularidades, que Akemeier, al parecer, no impulsó. Entre ellos, los más resonantes fueron los casos del ministro de Hacienda, Carlos Parodi, quien construyó un importante patrimonio mientras trabajaba en la administración pública, y el ex futbolista Marcelo Gustavo Cil, un funcionario de bajo perfil pero que fue clave en el vínculo del gobierno con los intendentes. La denuncia contra el primero fue archivada “vertiginosamente” y la otra nunca se abrió a investigación, dice el letrado. Saravia plantea también “la desestimación en ocho horas de la denuncia formulada en contra de funcionarios públicos provinciales por la compra de 100 unidades de colectivos por parte de la empresa SAETA”. El caso fue notable, ya que la compra favoreció a los hermanos Cirigliano, de Buenos Aires - involucrados luego en la tragedia ferroviaria de Once, el 22 de febrero de 2012 - a pesar de que el dictamen técnico había desestimado la oferta. El letrado incluye la desestimación de la denuncia interpuesta ante la Oficina de Orientación y Denuncia por el ciudadano Sergio Martínez por supuesto fraude respecto de venta de combustible subsidiado del Aeroclub Salta. Saravia menciona también la llamativa exclusión del senador ahora urtubeycista Mashur Lapad, firmante del decreto que autorizó la cesión en comodato de un terreno a la empresa Finca de la Represa S.A. para la construcción de un hangar. Akemeier involucró a todos los firmantes pero dictaminó que Mashur Lapad no tenía por qué saber lo que firmaba.
Un capítulo muy duro del escrito de Saravia es el que se refiere al “vertiginoso” archivo de las demandas que se plantearon contra los funcionarios beneficiados, aparentemente de manera irregular, con propiedades en el barrio Lomas de Medeiros.
Las unidades estaban destinadas a personas que no tenían acceso a otras formas de crédito para la vivienda. Sin embargo, fueron aprovechadas como inversión inmobiliaria, ya que muchas fueron totalmente refaccionadas apenas se las entregaron.
Akemeier decidió no acusarlos.
Así se salvaron de la investigación Florencia García Gutiérrez, secretaria de Urtubey, María Soledad Samson, hija del ex secretario general de la Gobernación y ahora juez de la Corte, Ernesto Samson, Pablo Robbio Saravia, secretario Legal y Técnico de la Secretaría General de la Gobernación, propietario de inmuebles en sitios premium ,y Antonio Atta Gerala, hijo del ex intendente de Morillo Atta Gerala, entre otros beneficiarios de las adjudicaciones que culminaron en un escándalo, que se agravó cuando Urtubey suspendió las adjudicaciones.