Las denuncias por apremios ilegales en la Policía, la desaparición de personas y los casos de trata y femicidios en la provincia en los últimos tiempos, han volcado la mirada en un sector del esquema Ejecutivo de Gobierno que aparece aletargado, o directamente paralizado, ante la sucesión de los hechos.
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Las denuncias por apremios ilegales en la Policía, la desaparición de personas y los casos de trata y femicidios en la provincia en los últimos tiempos, han volcado la mirada en un sector del esquema Ejecutivo de Gobierno que aparece aletargado, o directamente paralizado, ante la sucesión de los hechos.
Las tres áreas vinculadas al estado físico de las personas, como lo son Derechos Humanos, Justicia y Seguridad, vienen sufriendo duros cuestionamientos, no ya desde la gestión propiamente dicha, sino desde un estado emocional de la población, que tiene en el crimen de las turistas francesas un caso emblemático de inseguridad y de ausencia de resortes que aseguren la prevención del delito o, al menos, las garantías para su total esclarecimiento.
Pero sin entrar en los detalles de un caso particular, resulta interesante analizar cómo las tres áreas mencionadas anteriormente vienen trabajando en casos de resonancia mediática, en los que el crimen toma protagonismo.
No hay avances en los casos pero los argumentos y las excusas adquieren dimensiones del absurdo. La sensación es que las tres aristas de la seguridad, los derechos humanos y la justicia en la provincia, forman una especie de “Triángulo de las Bermudas” donde todo se extravía o desaparece sin argumentos consistentes.
Para entender esto solo hay que escuchar las palabras de la ministra de Justicia, Pamela Calletti, quien esta semana tuvo que responder a una convocatoria del Senado por casos de apremios, trata de personas y femicidios. No solo no respondió lo que se le preguntó, sino que puso en duda registros estadísticos de las fiscalías, como el aumento exponencial en las denuncias por apremios ilegales en la Policía.
Cuando se le consultó sobre vejaciones y torturas, cuestionó el informe de la fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias de la Provincia, que advertía que en 2012 se registraron 774 causas y en 2013 llegaron a 1.474 en Salta.
Calletti consideró que dicho informe “es muy genérico y del cual es muy difícil extraer conclusiones extrapolables” dado que no está claro si las causas “están iniciadas” ya que no son todas de apremios, entre otros puntos.
Para el resto de las preguntas desligó responsabilidades en el área de Derechos Humanos y cuando no tuvo más salidas por ese callejón, llevó todo al ámbito de la Justicia Federal. El viejo truco de los fueros y las competencias.
La actitud de la funcionaria es muy similar a otra que con frecuencia demuestra su par de Derechos Humanos, Marianela Cansino, quien en una entrevista radial con el periodista Daniel Murillo, admitió desconocer que el área a su cargo tenía incidencia directa sobre las condiciones de alojamiento de menores en conflicto con la ley penal.
Otro tanto en este estilo de gestión le pertenece a Alejandro Cornejo D'Andrea, el ministro de Seguridad, quien suele depositar en otras áreas lo que puntualmente le corresponde, como por ejemplo el correcto funcionamiento de las cámaras de seguridad.
Así está funcionado todo. Hay una suerte de estrategia o acuerdo tácito entre los responsables de estas áreas del Gobierno, que de tan reiteradas, van tomando una forma frívola y paqueta de justificación “ligth” para salir del paso. “Eso no corresponde a mi área; eso es de competencia del juzgado federal o vamos a pedir informes al respecto” son las respuestas más comunes por estos días, cuando se trata de responder políticamente sobre el delito en la provincia.
Lo que no encuentra argumento justificable en el área de Seguridad, pasa a Justicia y si tampoco allí hay una respuesta, la pelota va a parar a Derechos Humanos. Pero si incluso allí faltan respuesta y gestión, la salida fácil es la Justicia Federal.
Este estado de facilismo está promovido por ministros que brillan por su ausencia en los momentos en los que se necesitan respuestas claras y una demostración de gestión y compromiso.