El proyecto de ordenanza fue consensuado entre los siete concejales de la localidad. La norma tendrá forma definitiva la próxima semana. El Ejecutivo local deberá aplicarla al momento de confeccionar las futuras escrituras de las soluciones habitacionales.
"Quienes hagan uso indebido de las casas o terrenos entregados por el Estado serán sancionados. Hay varios casos de viviendas cuyos dueños las alquilaron a sabiendas de que las terminan usando como acopio (de drogas) o como aguantadero", contó Carlos Cruz, presidente del Concejo Deliberante y mentor de la iniciativa.
"Debemos dar batalla a este flagelo con medidas disuasivas y de castigo para quienes dan utilidad a sus viviendas para la comercialización de sustancias narcóticas", expresó Cruz.
La ley provincial de adjudicaciones de viviendas para el uso familiar hace hincapié en que el beneficiario debe ocupar la vivienda apenas se le entrega. Y que no podrá hacer usufructo de la misma hasta cancelarla.
La ordenanza sera elevará luego al Instituto Provincial de la Vivienda y a las cámaras de Diputados y Senadores. "La vivienda es de uso exclusivo para la familia. Lamentablemente, por la falta de controles tenemos casos en los que los adjudicatarios no habitan estas viviendas o las alquilan. Esto pasa en toda la provincia. Esta impunidad da lugar a las acciones delictivas que queremos cercenar de una vez. Queremos que luego se transforme en una ley provincial", dijo el edil Nicolás Taibo.
Los fundamentos de la norma
La ordenanza aprobada por los concejales de Quijano se fundamenta: “Atento al avance del tráfico y consumo de sustancias narcóticas se facultará al Ejecutivo municipal a llevar adelante acciones tendientes al momento de elaborar escrituras para las futuras viviendas a adjudicar, incluir la cláusula que habilite el inmediato recupero para el patrimonio municipal de los inmuebles”.
La norma engloban los siguientes casos: “Con adjudicación directa, comodato u otra modalidad que fueran usados por sus moradores, titulares, integrantes del grupo familiar actividades relacionadas con el narcotráfico”.
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El proyecto de ordenanza fue consensuado entre los siete concejales de la localidad. La norma tendrá forma definitiva la próxima semana. El Ejecutivo local deberá aplicarla al momento de confeccionar las futuras escrituras de las soluciones habitacionales.
"Quienes hagan uso indebido de las casas o terrenos entregados por el Estado serán sancionados. Hay varios casos de viviendas cuyos dueños las alquilaron a sabiendas de que las terminan usando como acopio (de drogas) o como aguantadero", contó Carlos Cruz, presidente del Concejo Deliberante y mentor de la iniciativa.
"Debemos dar batalla a este flagelo con medidas disuasivas y de castigo para quienes dan utilidad a sus viviendas para la comercialización de sustancias narcóticas", expresó Cruz.
La ley provincial de adjudicaciones de viviendas para el uso familiar hace hincapié en que el beneficiario debe ocupar la vivienda apenas se le entrega. Y que no podrá hacer usufructo de la misma hasta cancelarla.
La ordenanza sera elevará luego al Instituto Provincial de la Vivienda y a las cámaras de Diputados y Senadores. "La vivienda es de uso exclusivo para la familia. Lamentablemente, por la falta de controles tenemos casos en los que los adjudicatarios no habitan estas viviendas o las alquilan. Esto pasa en toda la provincia. Esta impunidad da lugar a las acciones delictivas que queremos cercenar de una vez. Queremos que luego se transforme en una ley provincial", dijo el edil Nicolás Taibo.
Los fundamentos de la norma
La ordenanza aprobada por los concejales de Quijano se fundamenta: “Atento al avance del tráfico y consumo de sustancias narcóticas se facultará al Ejecutivo municipal a llevar adelante acciones tendientes al momento de elaborar escrituras para las futuras viviendas a adjudicar, incluir la cláusula que habilite el inmediato recupero para el patrimonio municipal de los inmuebles”.
La norma engloban los siguientes casos: “Con adjudicación directa, comodato u otra modalidad que fueran usados por sus moradores, titulares, integrantes del grupo familiar actividades relacionadas con el narcotráfico”.