Los dos mayores detenidos por la amenaza de bomba realizada en el establecimiento del Ex Colegio Nacional fueron imputados ayer y decidieron no prestar declaración. Se solicitó el mantenimiento de la detención.

La Fiscalía Penal 2, a cargo de Santiago López Soto en forma interina, imputó ayer a Daniel Agustín Coccetta de 18 años y a Diego Gastón Ibañez Herrera de 19 años por el delito de intimidación pública. Ambos, luego de conocer los hechos que se le imputan, decidieron abstenerse de declarar.

Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que ambos jóvenes permanezcan detenidos mientras se completan las diligencias solicitadas, entre ellas pericias psicológicas a los imputados. 

Luego de un día de caos y alarma por las amenazas de bomba a tres escuelas y a la terminal de ómnibus, el Gobierno de la Provincia convocó ayer a una conferencia de prensa para advertir sobre las consecuencias de estos hechos, en un claro intento de evitar que los casos se multipliquen, como en Buenos Aires. Además, el Ministerio Público difundió masivamente el nombre y las fotos de los jóvenes identificados como responsables.

"Pasaron la noche presos", le dijo a la prensa el director general de Investigaciones de la Policía, Emilio Albornoz, sobre los jóvenes de 18 y 19 años que fueron detenidos el miércoles por la amenaza al Colegio Nacional.

Ayer a la mañana se identificó y demoró a un chico de 17 años que había llamado al 911 para alertar sobre un supuesto explosivo en la escuela técnica Alberto Einstein.

Los responsables de las otras dos amenazas que se hicieron el miércoles, a la terminal y al colegio Scalabrini Ortiz, aún eran buscados al cierre de esta edición.

El Gobierno de la Provincia puso toda su estructura investigativa a disposición para encontrar a los autores. La idea es que los llamados no se repliquen como una broma y que se castiguen como un delito.

La Policía de Salta llamó a una conferencia de prensa para dar detalles sobre las investigaciones ayer a la mañana.

"No estamos hablando de bromas. Estamos hablando de delitos que figuran en el Código Procesal Penal con penas que van de 2 a 6 años de prisión efectiva", advirtió Emilio Albornoz.

Pidieron disculpas

Las alertas falsas desataron un caos en la mañana de miércoles en la ciudad. Hubo que evacuar edificios, cortar el tránsito y desplegar equipos de seguridad.

De los detenidos, dos son mayores de edad y amenazaron al Colegio Nacional, al que asisten. El Ministerio Público los identificó ayer como Daniel Agustín Coccetta, de 18 años, y Diego Gastón Ibáñez Herrera, de 19. El caso está a cargo de la Fiscalía Penal 2.

"Los padres (de los detenidos) vinieron y pidieron las disculpas correspondientes; pero en nombre de la familia. Dijeron que dejarán que la Justicia actúe en consecuencia y que cumplan con la pena que les den", dijo la directora del Colegio Nacional, Mónica Susana Alfonso.

Ayer se demoró por la amenaza a la técnica Eistein a un chico de 17 años, cuya identidad se preservó porque es menor de edad.

En el Nacional ayer todo se desarrollaba con la tranquilidad de cualquier día hábil.

"Nosotros aplicamos el plan de evacuación y todo salió bien. En total, a la mañana movilizamos a casi mil personas, entre 900 estudiantes, 60 docentes, 10 preceptores y 6 ordenanzas", señaló la directora, y agregó que se registraron tres amenazas de estas características en una década, la última hace 5 años.

En el caso de la escuela técnica, la directora María Elba Frutos dijo que se movilizaron más de mil personas, sumando a los chicos de los talleres y el personal docente y de maestranza.

"Los padres salieron desesperados de sus trabajos y vinieron histéricos a buscar a sus chicos, por lo que estaban escuchando en los medios. Fueron momentos terribles", dijo Frutos, quien acotó que los simulacros de evacuación que habían hecho los ayudaron a reaccionar adecuadamente.

En la jornada del miércoles, tras los llamados amenazantes, se movilizó toda la estructura de la Policía de la Provincia. Actuaron, al menos, 120 efectivos entre investigadores, bomberos, técnicos, expertos en explosivos y personal de canes.

Se deben sumar agentes de la Dirección Municipal de Tránsito y de Emergencias de la ciudad, jueces, fiscales y personal del Poder Judicial.

"Ya estamos cerca de uno que realizó la amenaza desde un teléfono público de calle Sarmiento 550. Estamos entrecruzando información y en un breve plazo vamos a dar con el que realizó la llamada”, dijo Albornoz.
El jefe policial también aclaró que no existe vinculación entre las personas que realizaron las diferentes amenazas de bomba el miércoles.
“Son casos aislados que serán investigados y elevados a la Justicia para que defina las penas”, concluyó de manera tajante Albornoz.
El responsable de la amenaza de bomba que recibieron el miércoles en la técnica Einstein, según se informó ayer, es un estudiante de la escuela Maestro Oscar Reyes.
Ayer a las 7.37, por un llamado al 911, alguien informó que había explosivos en la terminal de ómnibus. A las 8.35, una nueva comunicación al sistema de emergencias advirtió sobre una bomba en la escuela técnica Alberto Einstein y a las 10.15 se sumó otra que extendió la misma advertencia al Colegio Nacional. A las 17.45 una voz masculina alertó que habría una detonación a las 21 en las aulas de la Scalabrini Ortiz.
“Se debería trabajar en cuantificar los gastos que significa movilizar toda la estructura de seguridad para una posible explosión”, dijo el subsecretario de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta, Nicolás Kripper.
En el caso de la comuna, se movilizaron 10 agentes preventores y operadores en cuatro motocicletas y dos utilitarios. Fueron, en total, 20 los trabajadores que actuaron en esa jornada caótica de miércoles.
La Municipalidad de Salta debe abandonar su actividad preventiva habitual ante uno de estos llamados amenazantes.
Kripper aseguró que “los directivos de las instituciones educativas afectadas están obligados a realizar la denuncia correspondiente”.
Incluso podrían realizar la denuncia ciudadanos que se hayan visto damnificados por el despliegue de personal y las evacuaciones que hubo en la ciudad.
“Lo que se pide es que la Justicia sancione como corresponde a los culpables, que los particulares afectados inicien una demanda civil contra los alumnos y que sean los padres los que respondan para indemnizar a los afectados”, concluyó Kripper.

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Sección Editorial

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