El único lugar de la provincia de Salta al que van las adolescentes madres en situación de vulnerabilidad extrema es la residencia de OPJ (Orientación Para la Joven), en Capital, donde hay un cupo máximo de siete chicas con sus bebés.
Indiana Ressia, representante legal de esta institución, dialogó con El Tribuno a raíz de la muerte de Carla Virginia Torres, una adolescente de 16 años, tras dar a luz a su segundo hijo.
inicia sesión o regístrate.
El único lugar de la provincia de Salta al que van las adolescentes madres en situación de vulnerabilidad extrema es la residencia de OPJ (Orientación Para la Joven), en Capital, donde hay un cupo máximo de siete chicas con sus bebés.
Indiana Ressia, representante legal de esta institución, dialogó con El Tribuno a raíz de la muerte de Carla Virginia Torres, una adolescente de 16 años, tras dar a luz a su segundo hijo.
Ressia lamentó que se hablara de embarazo adolescente solo después de la muerte de una chica. “¿Cuántas más hay? No conocemos de más muertes pero no conocemos, nada más”, observó y manifestó su posición contraria a la despenalización del aborto, por pertenecer a una institución de la Iglesia Católica.
OPJ trabaja en Salta desde 1980 en la contención de jóvenes embarazadas de la provincia. En 2009, tras un pedido del Gobierno de la Provincia, se hizo cargo de la residencia para adolescentes madres.
¿Por qué estas chicas llegan a la residencia?
Por situación de calle, fuga de hogar o violaciones. En su gran mayoría, los embarazos adolescentes son no deseados. Hay familias que pueden contener a la futura mamá y al bebé y otras que no. La responsabilidad de la institucionalización está, en principio, en cabeza del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Primera Infancia, de la Secretaría de Niñez y Familia, que solicita la medida de excepción. A veces los jueces establecen la institucionalización pero dan conocimiento inmediato a la Secretaría, que comienza a ser responsable.
¿Cuánto tiempo están allí?
Durante un plazo de 90 días se trata de lograr la revinculación familiar. Si no se logra, se amplía a 90 días más. La revinculación se logra en la mayoría de los casos aunque, por supuesto, hay excepciones. Cuando existe la posibilidad de revinculación pero se necesita más tiempo -a veces faltan condiciones de la vivienda-, se trabaja con los municipios para que adecuen la casa o colaboren con una cama. Es muy difícil lograr que una niña de 13, 14, 15 o 16 años maternice, ame a su bebe y tenga los cuidados que tiene que tener pero logramos hacer pequeñas madres de pequeñas niñas.
¿Qué dice con respecto a la adolescente que murió?
Tenemos lo que queremos tener: una sociedad indiferente e insensible ante este problema, un Gobierno que no aporta los fondos necesarios porque no los prevé, un Ministerio que hace lo que puede con los escasos fondos que recibe, un Poder Judicial colapsado e impotente, y legisladores demasiado ocupados en la coyuntura, que no ponen este tema en agenda porque interesa a muy pocos.
Cuando los medios toman la foto de una adolescente, borran la cara porque hay que preservar su identidad. Es así. No existen. De esa chica nos enteramos porque la diputada Gil se enteró. ¿Cuántas más hay? Forman parte de un número oscuro que es mejor mirar para otro lado. Hemos intentado leyes que contemplaran el embarazo adolescente. En nuestro país el único derecho que se respeta a una adolescente embarazada es el de ir a la escuela, pero es el único que no puede ejercer.
¿Qué debería hacer el Estado?
Cuando va una adolescente embarazada a un centro de salud o a un hospital debería dispararse un protocolo que contemplara todas las cuestiones que tienen que ver con una niña embarazada, generalmente abusada. Los médicos deberían tener la obligación de informar el caso. ¿Cuántos trabajadores sociales y psicólogos hay para seguirlo? Esto debe tener un tratamiento en serio. Debemos tomar el problema con la magnitud que tiene. Si no (parece que) es esporádico. Muere alguien y hablamos del tema diez días, como mucho. No existe mayor violencia que el abuso. Sin embargo, no escuché “no queremos un embarazo adolescente más”.
¿Cuál es su posición sobre la despenalización del aborto?
Estamos totalmente en desacuerdo, somos una asociación católica. Existen los medios para prevenirlo. Además, las chicas no llegan al aborto. ¿No se dan cuenta de que siguen naciendo chicos de mamás de 13, 14 y 15 años? Nadie, cuando llegó embarazada una chica de 13 años, dijo: “Pará un poco. Vamos a ver cómo la ayudamos para que su futuro no sea este”.
Para encontrar una solución, empecemos por legislar y considerar la problemática. La ley tiene que establecer el protocolo. Los legisladores no legislan, aun conociendo el problema, porque el Ejecutivo no tiene fondos. Por eso se habla tanto y no se hace nada. Mientras esto no entre en la agenda, con los presupuestos que tiene que haber, seguiremos hablando de muerte y con una Casa Cuna abarrotada de niños.
¿Qué espera para OPJ?
Queremos trabajar en prevención para no tener mamás de 13 años, con un nivel intelectual de 4 o 5 años. Un bebé que hay que rogar no tenga discapacidad porque es producto del abuso -la mamá de la jovencita también fue abusada por su abuelo-. Convertir a esa niña en madre es imposible. Hubo épocas en OPJ que, de 10 chicas, 4 eran discapacitadas. Por lo general, si es discapacidad severa, los bebés van a Casa Cuna y ellas pasan a un dispositivo estatal. Hace unos años dije a monseñor Cargnello (arzobispo de Salta) que esto debe entrar en agenda y el me respondió: “No puede ser que sea tan grave”. La burocracia de la Iglesia es igual o peor que la burocracia administrativa.
¿Hay una chica discapacitada embarazada allí ahora?
En este momento, no. Ha sido externada.
¿Se puede aplicar el protocolo de aborto no punible?
Cuando llegan a la institución, están judicializadas y con un proceso de embarazo que no hace posible el protocolo. Quizás podría haberse aplicado antes.