"Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal".
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"Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal".
La famosa ley de Murphy parecería creada para explicar el súbito e inesperado agravamiento de la crisis brasileña a partir de la "Operación Carne Débil", ejecutada por la Policía Federal, que reveló la existencia de una vasta red de sobornos pagados por las grandes cadenas de la industria frigorífica a funcionarios públicos para encubrir infracciones a las normas sanitarias que implican un serio riesgo para la salud de los consumidores. Brasil es el primer exportador mundial de carnes. El impacto de la noticia tuvo consecuencias devastadoras para una economía que no logra salir de la recesión. China, la Unión Europea y Chile suspendieron de inmediato la adquisición de carnes brasileñas y sus derivados. El daño causado es inmenso y su prolongación en el tiempo resulta todavía difícil de prever. Pero la sensación generalizada en los círculos empresarios es que Brasil "tocó fondo" y la incógnita es cómo y cuándo podrá salir del atolladero.
El "Lava Jato", que llevó a la destitución de Dilma Rousseff, ya había exhibido el nivel de corrupción sistémica alcanzado por la alianza estratégica entre los principales conglomerados locales de la industria de la construcción y el sistema político. Las denuncias sobre las irregularidades multimillonarias en el manejo de Petrobras fueron la "punta del iceberg" que permitieron develar un mecanismo de sobornos extendido como una mancha de aceite a todo el sector de las obras públicas, a nivel nacional, estadual y municipal. En esa obscura operatoria de financiación ilegal de la actividad partidaria, más difícil que encontrar culpables resulta descubrir inocentes. El actual mandatario, Michel Temer, quien probablemente está más involucrado personalmente en las maniobras denunciadas que su antecesora, baila en la cuerda floja. La "delación premiada" establecida en la legislación penal brasileña multiplicó el escándalo. En un hecho inédito, empresarios y ejecutivos de primera línea fueron a la cárcel junto con los funcionarios comprometidos. Odebrecht, la mayor empresa constructora de Brasil y nave insignia de esa voraz "Patria Contratista" asociada al poder político, pasó a convertirse en un símbolo de esa red de corrupción cuyos tentáculos transponían las fronteras nacionales y abarcaban a la mayoría de los países sudamericanos, incluido por supuesto la Argentina. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos también está acusado de haber financiado la campaña para su reelección con el dinero de la constructora brasileña. Pero a pesar de la dimensión del escándalo, las revelaciones judiciales indicaban la existencia de un límite estructural: las maniobras delictivas parecían centradas en las adjudicaciones de las licitaciones de las obras públicas, una zona siempre sensible a la discrecionalidad del poder político. Implicaban además a un oligopolio constituido por empresas favorecidas por los privilegios otorgados a las firmas locales, beneficiadas por una legislación que impide la competencia de las grandes compañías constructoras internacionales. La "Operación Carne Débil" demostró que esa cadena de complicidades político-
empresarias podía abarcar a cualquier rubro de la actividad económica sin excepción. Este salto cualitativo profundiza la crisis política y torna aún más incierto el futuro inmediato.
Después de Temer
En este contexto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) estudia la anulación de las elecciones presidenciales de noviembre de 2015, que encumbraron a Rousseff y Temer, ante las evidencias que comprueban de la financiación ilegal de la campaña proselitista. Esa decisión supondría la salida inmediata de Temer y la asunción como mandatario interino del titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un dirigente del Partido Demócrata, una fuerza derechista que se opuso frontalmente a los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y que ahora integra la coalición gubernamental. Ese escenario se asemeja a una caja de Pandora. Según la constitución brasileña, al haberse cumplido más de la mitad del mandato legal iniciado con la asunción de Rousseff, Maia estaría a cargo durante treinta días, mientras la Asamblea Legislativa elige a un primer mandatario que gobernaría hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2018. Pero estas normas jurídicas no constituyen la única fuente de incertidumbre. Los trascendidos judiciales ampliamente difundidos por los medios de comunicación consignan que un porcentaje muy significativo de los legisladores está involucrado en las maniobras investigadas. Es fácil colegir que la legitimidad del nuevo presidente se vería fuertemente cuestionada. No terminan allí las complicaciones. La superación de la crisis política exige elegir entre dos caminos: el avance de una versión brasileña de la "mani puliti", que en Italia promovió el relevo de toda una "clase política" y el rediseño del sistema partidario, o una variante de la ley argentina de "punto final", para acotar las consecuencias judiciales de las investigaciones en curso. Demás está decir que detrás de la opción de la "mani puliti" están alineados la mayoría de la opinión pública, los medios de comunicación y una parte importante del Poder Judicial, en tanto que a favor de la alternativa del "punto final" se encuentra la mayoría del Poder Legislativo, tentado por la posibilidad de sancionar una "autoamnistía". Quienes aconsejan el "punto final" deslizan el nombre del octogenario expresidente Fernando Henrique Cardoso como un eventual presidente de "unidad nacional" que no aspiraría a postularse en las elecciones del año próximo. En las encuestas electorales, emerge con fuerza Marina Silva, una candidata independiente, militante ecologista y exministra de Medio Ambiente durante el primer mandato de Lula, que salió tercera en las elecciones presidenciales de 2015 y es la única figura política de relevancia nacional que no ha sido tocada por las investigaciones judiciales. Pero ese presunto "happy end" tropieza con el obstáculo del "mientras tanto". Todo indica que Brasil no pude esperar.