Antonio Oieni [email protected]
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El lunes último, en el departamento del barrio Parque Belgrano que fue rematado por un embargo bancario de $359, todo era angustia y desolación. Esa noche, El Tribuno encontró a Celia Godoy, sus hijos y nietas con sus pocas pertenencias en la calle.
Hoy, la familia está nuevamente en el hogar que creía perdido, y la posibilidad de un entendimiento razonable que ponga fin al conflicto está solo a un paso.
Hay suficientes motivos para creer que el insólito proceso judicial podría tener una salida amigable antes de ser revisado por tribunales superiores.
En Diputados
Tras la exposición pública del caso y la indignación social que desató, el pasado miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, recibió a la familia afectada y pidió el número de expediente para corroborar las actuaciones que este diario describió en una nota publicada el martes.
El cuerpo legislativo recibirá las constancias públicas del caso en el curso de la semana.
Antes, el conflicto judicial podría tener un giro decisivo ante la voluntad manifiesta de las partes de intentar un acuerdo conciliatorio.
El desalojo de la familia, que tenía fecha para el pasado martes último, quedó congelado. Hasta el viernes, al cierre de la actividad judicial, nada se sabía de la medida dispuesta en el expediente. El juez Leonardo Rubén Araníbar, según parece, paró al lanzamiento.
El jueves los abogados del banco Masventas y de la familia afectada se habían cruzado en los pasillos de la ciudad judicial. Allí, las partes mostraron voluntad de diálogo y, según trascendió, estarían dispuestas a acudir a una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación para intentar un acuerdo. Ese acuerdo evitaría mayores perjuicios, ya que el proceso podría dilatarse por años hasta ser definido por la Corte.
Sin esa salida se alargaría la incertidumbre de una familia que tiene a su único techo envuelto en interrogantes.
Se extendería, además, la incómoda situación de la entidad financiera que promovió el juicio ejecutivo, el embargo y la subasta de una vivienda familiar única por un saldo poco significativo.
Mayores podrían ser los perjuicios también para el abogado que en el remate ofertó $500.000 por un inmueble que vale tres veces esa cifra. Detrás de la subasta, que se realizó en abril de 2016, hay antecedentes que podrían llevar el caso inclusive hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los antecedentes
El origen del proceso ejecutivo se remonta a un crédito tomado en 1998. Celia afirma que ese préstamo fue cancelado con creces por su esposo, César Carrasco. La demanda se promovió en 2000 por un reclamo de honorarios del abogado de la entidad financiera. En la cédula parcelaria se asentó el embargo -de $359 más $123 de accesorias legales- recién el 22 de junio de 2012. De las actuaciones anteriores poco se sabe, porque el expediente fue prestado a la parte demandante en 2007 y muchas de las constancias terminaron extraviadas.
Un segundo expediente, de ejecución de sentencia, de 2003, también estuvo extraviado. En 2011 fue reconstruido. Entre las actuaciones rearmadas con retazos quedó la desafectación del bien de familia. Así estaba inscripto desde el 30 de julio de 2008 el techo que Celia, sus tres hijos, sus dos pequeñas nietas y una tercera por nacer en pocos días comparten en uno de los bloques de la quinta etapa del barrio Parque Belgrano.
El departamento que Celia recibió del Fonavi a fines de los años 90 es, por si algo le faltaba al inaudito proceso, una vivienda familiar única que se subastó en abril de 2016 con una base de $15.000.
Esto pasó hace exactamente un año y el monto que se ofertó en la subasta sigue en depósito judicial. La disponibilidad de esos $531.000 en una cuenta del Banco Macro es, aun sin haber generado intereses durante una año, agranda la posibilidad de una salida justa y razonable.
Nulidad pendiente
Mariano Díaz, el abogado del esposo de Celia, César Carrasco, presentó el pasado martes un pedido de nulidad. En el escrito cuestionó el extravío de constancias del expediente, marcó caducidades de instancias y planteó la prescripción de la irrisoria deuda.
Díaz también hizo notar que muchas de las notificaciones fueron libradas con nombre y dirección incorrectos. Según Alejandro Tapia, el abogado de Celia Godoy, esas incorrecciones le impidieron a su impidieron a su clienta defender el techo Fonavi al que la familia regresó, días atrás con el fantasma del desalojo desvanecido.