Las inconclusas viviendas para las comunidades aborígenes del norte salteño, representadas en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), sigue generando el malestar de quienes deberían haberse visto favorecidos por esas obras. Los fondos se van liberando al mencionado instituto para pagar a las cooperativas que construyen, pero según dicen los caciques del departamento San Martín, nunca fueron utilizados con ese fin y hasta denuncian que quedaron en poder de los propios vocales del organismo.
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Las inconclusas viviendas para las comunidades aborígenes del norte salteño, representadas en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), sigue generando el malestar de quienes deberían haberse visto favorecidos por esas obras. Los fondos se van liberando al mencionado instituto para pagar a las cooperativas que construyen, pero según dicen los caciques del departamento San Martín, nunca fueron utilizados con ese fin y hasta denuncian que quedaron en poder de los propios vocales del organismo.
La información fue dada a conocer días pasados por Sergio Heredia, abogado de cooperativas de Tartagal. Los integrantes de esas organizaciones aseguran que les exigían importantes sumas de dinero en calidad de coimas para los vocales del IPPIS.
El exvocal chané Julio Palavecino, quien remarcó que el Instituto Provincial de la Vivienda va entregando los fondos a favor del IPPIS para las obras, denunció que en una maniobra totalmente irregular los vocales libraban cheques al portador que finalmente cobraban ellos mismos.
Dinero esfumado
Entre diciembre del año pasado y lo que va de este, los fondos debían volcarse a la construcción de 150 viviendas distribuidas en diferentes comunidades de la provincia, pero prácticamente ninguna se concretó. Según explicaron Heredia y Palavecino, las obras para las cuales los fondos de Nación llegan a la cuenta del IPV que va pagando según la certificación, estaban presupuestadas en $720.000 cada una, lo que totaliza $108 millones. "La plata no está, se esfumó", sintetizó el dirigente chané sobre el destino de esos fondos destinados a mejorar la calidad de vida de esas familias y generar fuentes de trabajo durante un año.
La comunidad toba
También se refirió al tema el exvocal toba Demis Sosa, quien concluyó su mandato en el IPPIS en enero pasado y se comunicó con El Tribuno para corroborar lo que ya habían denunciado por este mismo medio el cooperativista Carlos Segundo y Palavecino. Ambos aseguraron que el dinero que administra el IPV es para abonar las obras al IPPIS, pero las casas no se construyen.
Sosa recordó que "en el caso de los tobas, debían construírse 17 viviendas, cantidad que está incluida en las últimas 150 que habíamos conseguido durante 2015 y 2016. Pero en nuestra comunidad las casas no se construyen desde 2008".
Recordó que debían construírse 12 viviendas en la comunidad Monte Carmelo, pero no hay ningún avance de obra. "En 2008 el que tenía que construir las viviendas era el vocal wichi Indalecio Calermo.
Agregó que "años después, cuando asumí nuevamente bajo la presidencia de Miguel Siarez, se decidió darle la obra a la señora Romelia Durán, actual presidenta de IPPIS. A ella le adjudicaron 12 viviendas y nos quedaban otras 5 que debían construírse en el paraje El Algarrobal, pero tampoco se hicieron los trabajos. En ese caso el constructor que se quedó con la obra era el hermano de Durán, que formó una cooperativa para hacer los trabajos. Nadie puede decir que es por falta de dinero, porque la plata le llega al IPPIS, pero no para las casas, sino a manos de los vocales".
Contó que "me tocó firmar cheques que salían para ese fin. Fue alrededor de $700.000 solo en anticipo de obras, pero en conclusión no se hizo nada de lo que correspondía a las 17 viviendas tobas. Me cansé de llamarla a la presidenta del instituto, pero no logré ni que me atienda el teléfono", aseguró. Cabe señalar que El Tribuno intentó comunicarse con la titular del IPPIS, pero fueron infructuosas las llamadas.