La finca Esquina Grande tiene 35.409 hectáreas y su historia registral se remonta a dos escrituras casi centenarias.
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La finca Esquina Grande tiene 35.409 hectáreas y su historia registral se remonta a dos escrituras casi centenarias.
Por la primera, el 26 de octubre de 1919, Juan Gottling vendió la mitad norte de la finca a Pedro Tricherri y Juan Vicari.
Gottling había adquirido esas tierras en un remate público de los sucesores del general Guillermo Miller, a quien se las había entregado Juan Antonio Alvarez de Arenales, gobernador y capitán general de la Provincia.
El 14 de marzo de 1921, Tricherri y Vicari declararon por escritura pública que la propiedad les pertenecía en condominio con Federico y David Campodónico y Esteban Calcagnino.
La segunda escritura data del 15 de octubre de 1920, cuando los cinco propietarios compraron tres lotes colindantes a Manuel Alvarado. Así, los cinco pasaron a ser los legítimos titulares de los 15 lotes que totalizan las 35.409 ha de Esquina Grande.
Con el correr de los años, los propietarios realizaron una administración conjunta a través de contratos de arrendamiento y pastaje con familias criollas que tenían puestos en el norte de la finca registrada en Inmuebles con la matrícula 506 de Rivadavia.
En tiempos recientes, herederos de los propietarios iniciales, en su mayoría reconocidos ya como nuevos titulares, decidieron cederles en donación y titularizarles a los pastajeros las parcelas donde tienen sus puestos. Ese acuerdo, que se enmarcaría en la ley de regularización dominial y asistencia para pequeños productores y familias rurales sancionada en 2010, chocó con un impensado escollo.
Desde pocos antes de la aprobación de la ley impulsada por el diputado Villa, el intendente había comenzado a acercarse a los puesteros de Esquina Grande con intenciones que quedaron desnudadas el 16 de agosto de 2011.
Ese día, tras un engañoso trabajo de ablande, el intendente Cuenca hizo que 15 puesteros firmaran con él un extorsivo acuerdo, asumiendo el compromiso de cederle derechos y acciones posesorias sobre la parte de la finca que va desde las márgenes del río Teuco hasta el límite sur.
En la cláusula tercera del convenio que certificó la escribana María Alejandra Naser se estableció que esa fracción de tierra representa aproximadamente un 70% de la finca. Serían, según la cláusula, 30.000 hectáreas con las que se quedaría el intendente, luego de iniciar y costear los gastos de un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) contra los titulares registrales de Esquina Grande.
Según el acuerdo, cuya copia dio a conocer El Tribuno el 4 de agosto de 2014, Cuenca repartiría, en caso de éxito, el 30% restante de la finca entre los puesteros.
Desde la margen del Teuco hasta el límite sur, Esquina Grande tiene algo más de 30.000 hectáreas. "Es el 85% de la finca", precisó Miguel Carreras, nieto de condóminos, desde la provincia de Santa Fe.
La firma de ese acuerdo fue, a todas luces, lesiva para los pastajeros, quienes fueron engañados por quién debería ser el primero en velar por sus intereses.
En la quinta cláusula del convenio, el Intendente puso que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los poseedores le daría derecho a ejercer las acciones legales contra ellos.
Las leoninas cláusulas que les hizo firmar Cuenca, abusando de su función y poder, prueban que su maniobra nunca estuvo dirigida a proteger a los puesteros, como él argumentó, sino a arrebatarles sus derechos posesorios.
Por las acciones judiciales que desató el conflicto de tierras de en Esquina Grande, la Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta tiene pendiente de resolución un recurso de casación penal.
Uno de los señores del departamento más pobre
Leopoldo Cuenca comparte bendiciones políticas con Atta Gerala y Moisés Balderrama.
Antes de asumir el primero de los cuatro mandatos que lleva como intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca era un carnicero de La Unión, que también probó suerte con un colectivo y fracasó con un cyber. La política puso fin a todos sus males, bajo el ala del vicepresidente del Senado provincial, Mashur Lapad. Sus pares Atta Gerala, de Rivadavia Banda Norte, y Moisés Balderrama, de Santa Victoria Este, comparten la misma bendición en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (81,3%). El departamento Rivadavia es el segundo más pobre del país, después de Ramón Lista (Formosa). El 88% de su población es rural y habita en ranchos sin acceso a agua segura.
En La Unión, Cuenca edificó en el terreno donde tenía su quebrada carnicería una suntuosa propiedad. Su casa tiene palaciegos baños con finos revestimientos y hasta jacuzzi, mientras la desnutrición y la mortalidad infantil y la falta de agua y cloacas hacen estragos entre las familias campesinas y las comunidades originarias del municipio que gobierna sin papeles.
El estado del parque vehicular de Rivadavia Banda Sur, al igual que el manejo de sus cuentas públicas, resultó indescifrable para los profesionales que envió la Auditoría General de la Provincia en 2009 y después en 2011. Otra auditoría más reciente volvió a exponer los desmanejos que confunden lo público con lo privado.
Las irregularidades advertidas en los registros contables, el manejo de los fondos, cuentas corrientes, órdenes de pago y ejecuciones presupuestarias movieron denuncias ante las que la Justicia de Orán se mostró inconmovible.
En 2010, el exconcejal Jorge Cruz denunció a Cuenca por incumplimiento de deberes y malversación de caudales públicos. La causa duerme.
El mismo tratamiento recibió otra denuncia, por exacciones ilegales, que presentó en 2012 el diputado Jesús Ramón Villa.
Cuenca avanzó en la última década con amañados acuerdos, cesiones de derechos a su favor para adueñarse de tierras en las inmediaciones de El Ocultar, La Unión, Santa Rosa y los bordes de Rivadavia con Salta Forestal (Anta).
En su momento, los ediles Serafín Puertas y Armando Cuenca denunciaron, ante la Auditoría General de la Provincia, los avances del jefe comunal de Rivadavia Banda Sur sobre los lotes fiscales 26 y 29.
Un finquero de la zona afirmó que el lote fiscal 22 también estaba entre sus planes de conquista.
La tierras de Pelícano Quemado
Cuenca también avanzó sobre esa finca de 7.500 hectáreas.
En Pelícano Quemado, otra extensa finca de Rivadavia Banda Sur, el intendente Leopoldo Cuenca también se aprovechó de puesteros criollos para adueñarse de esas 7.505 hectáreas.
El caso fue denunciado en 2014 por el titular registral de la citada finca, Arnoldo González.
En los registros de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia no figura catastro alguno a nombre del jefe comunal, a quien le resultaría imposible justificar su salto patrimonial, de quebrado carnicero a terrateniente, con sus ingresos como intendente.
En la denuncia que presentó el pasado 11 de julio, como supuesto propietario de Las Botijas, Cuenca manifestó haber comprado esa finca al puestero Raúl Sabán, uno de los herederos de Fidela Guerra de Romero. En la cédula parcelaria del inmueble, sin embargo, figura que adquirió los derechos y acciones hereditarios de Sabán a título gratuito.