Los referentes de las asociaciones de familiares de las víctimas en Salta denuncian que crecieron los casos sin resolución en la Ciudad Judicial.
En los últimos años, ante el aumento de reclamos de justicia, el Estado aumentó los recursos para atender estas demandas. En 2012 se modificó el Código Procesal Penal y ahora las investigaciones están a cargo de fiscales. En 2014 se creó el programa de orientación y asistencia jurídica a víctimas y familiares de víctimas de delitos graves de la Secretaría de Justicia. En 2015 el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, instituyó la oficina de asistencia a víctimas y familiares de víctimas.
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Los referentes de las asociaciones de familiares de las víctimas en Salta denuncian que crecieron los casos sin resolución en la Ciudad Judicial.
En los últimos años, ante el aumento de reclamos de justicia, el Estado aumentó los recursos para atender estas demandas. En 2012 se modificó el Código Procesal Penal y ahora las investigaciones están a cargo de fiscales. En 2014 se creó el programa de orientación y asistencia jurídica a víctimas y familiares de víctimas de delitos graves de la Secretaría de Justicia. En 2015 el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, instituyó la oficina de asistencia a víctimas y familiares de víctimas.
La oficina creada por Catalano citó entonces a organizaciones y a ciudadanos en forma individual. "Se les hizo conocer el estado de sus causas y se les explicó las etapas del proceso penal", dijeron desde el Poder Judicial. La Comisión de Familiares entregó un listado de 173 causas que buscaban justicia. "Se determinó que 15 no resultaban de competencia local -correspondían a otras provincias o eran de competencia federal- y 37 no contaban con datos precisos de la víctima o del hecho. De las 121 causas individualizadas, 66 tuvieron resolución judicial. De las 55 restantes, 8 están en etapa de juicio, próximas a la fijación de audiencia", explicaron. Es decir que 47 causas del listado original no tienen un juicio en miras.
El referente de la Comisión de Familiares, Raúl Córdoba, explicó a El Tribuno que se trata de "un grupo muy complicado para hacer estadísticas". "Ahora tenemos un listado de más de 200 casos. De todos modos el porcentaje siempre es negativo porque aumentan los casos. Este año deben haber llegado cuatro o cinco a juicio pero nosotros recibimos 15 en la plaza", manifestó y cuestionó que muchos que tuvieron sentencia, luego fueron apelados.
Con respecto a las oficinas de asistencia a las víctimas, opinó que el programa de la Secretaría de Justicia "va un poquito más allá". "Hacen un poco más de asistencialismo con equipo de psicólogos, trabajadores sociales y pueden ser querellantes", aclaró.
"Lo lamentable es que llegan después de que se produjeron los hechos, cuando uno ya está muerto. Lo que falta es prevención. Nosotros trabajamos y pagamos nuestros impuestos pero el Estado tiene un rol importante. ¿Quién controla el sistema de Justicia?", sostuvo Córdoba.
Sonia Méndez es una de las líderes de Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), que trabaja mucho con los programas de asistencia estatales. "Cuando recibimos un caso nos contactamos con ellos por asesoramiento jurídico y psicológico. En la Corte, Mariano Ciociano se preocupa mucho por los casos y nos ayuda un montón", dijo.
"Pavicei maneja unos 4 o 5 casos que están esperando juicio, a punto de salir, y otros que están por prescribir. Todavía es lenta la Justicia. Queremos que cambie el Código Penal. Queremos audiencia con el Presidente (Mauricio Macri). Necesitamos que sean más breves los juicios y más dura la pena en casos de alcohol, picadas o velocidad", evaluó.
Para contactarse con Pavicei, hay que llamar a los teléfonos: 0387-154418573, 155232373 o 154144052.