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Agricultura Familiar: un mes de paro y no hay respuesta alguna

Piden la totalidad de reincorporación de los trabajadores despedidos y la reactivación de la oficina que beneficia a campesinos e indígenas. Un conflicto que lleva tres años y dos gobiernos.
Domingo, 05 de septiembre de 2021 11:40

La Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación lleva un mes de paro y aún no hay respuesta para el pedido concreto que realizan. Los trabajadores quieren la reincorporación de todos los compañeros despedidos durante la gestión de Mauricio Macri y que, a casi dos años de la Presidencia de Alberto Fernández, siguen sin poder volver.

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La Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación lleva un mes de paro y aún no hay respuesta para el pedido concreto que realizan. Los trabajadores quieren la reincorporación de todos los compañeros despedidos durante la gestión de Mauricio Macri y que, a casi dos años de la Presidencia de Alberto Fernández, siguen sin poder volver.

Para entender la problemática en Salta se recurrió a la delegada normalizadora de SAFCI ATE Verde y Blanca, Claudia Parpagnoli, quien dijo que "nosotros llegamos a un paro dentro de un plan de lucha que ya lleva casi 4 años. Comenzamos con la medida el 5 de agosto último porque pedíamos que nos reciban para poder aunque sea informarnos. Seguimos apostando al diálogo y no nos quieren recibir". Habla de los directores que fueron nombrados a partir del cambio de Gobierno nacional, que prometieronel reintegro de los puestos laborales y que ahora no quieren sentarse ni a informar la situación.

El 19 de abril de 2018 se produjeron 330 despidos en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, involucrando a 150 agentes de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial a nivel país, y a 17 en la provincia de Salta. trabajadores cuyas antigüedades oscilan entre los 4 y 25 años. Se agravó la situación el 31 de agosto del mismo año cuando se confirma la desafectación de 540 trabajadores, 451 de los cuales son de la Secretaría de Agricultura Familiar, y 11 fueron de Salta.

Salta sufrió 28 despidos, de un total de 62 trabajadores, con lo cual la planta quedó afectada en un 43,3 %.

 

“Acá metieron a funcionarios de segunda línea, agregaron a gente de Movimiento Evita y de otras organizaciones campesinas, siguen otros macristas y aún nos faltan reincorporar a compañeros", dijo el delego Ricardo Bima.

 

Dentro de la estrategia de lucha sindical por parte de ATE Agricultura se encuadraron 24 despedidos, de los cuales lograron la reincorporación de 18 técnicos. El cambio de Gobierno aceleró ese proceso, pero aún falta que 6 agentes vuelvan a su lugar de trabajo en nuestra provincia.

A nivel nacional hubo 350 reincorporaciones concretadas hasta diciembre, pero aún quedan 72 profesionales pendientes de reincorporación.

En ese marco se trazó un plan de lucha que desemboca en un paro que lleva al día de hoy 32 jornadas de huelga.

"Pero no sólo queremos hablar de los 6 compañeros que faltan. En esto casi dos años también queremos saber por qué no recomponen los recursos para trabajar, porque no tenemos parque automotor, recursos ni oficinas para desarrollar nuestras tareas", dijo Parpagnoli.

En el análisis de la situación todo huele a la interna del frente oficialista que ya no estarían tan unidos ni organizados. Cuando llegó la nueva gestión, a nivel nacional a cargo de Miguel Gómez, hasta cambiaron el nombre de la oficina y le agregaron "campesina indígena"; sin embargo aún no cumplieron con el compromiso asumido. En Salta armaron un directorio con cuatro militantes que actualmente son Ignacio Garzarón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Vía Campesina; Alberto José Castro Videla, del Movimiento Evita -UTEP; Patricia Caudullo, una técnica de territorio de la SAF con años de experiencia y mirada de género; más el médico cacheño Miguel Plaza que viene de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), y que está de licencia por las elecciones. Estos cuatro directores están bajo la coordinación regional del integrante del Movimiento Evita, Oscar Vila Díaz. El Tribuno intentó comunicarse con el coordinador regional en varias oportunidades sin poder lograrlo. Es evidente que la puja interna fue positiva para los cargos en el que el Movimiento Evita logró hacer ingresar a otros trabajadores que no estaban en la nómina de los despedidos por reincorporar. En la lectura de los hechos la decisión de no reincorporar a los trabajadores y de continuar con el desmantelamiento de la SAFCI es política.

Oscar Vila Díaz

"Actualmente contamos con un acatamiento del 70 por ciento de los compañeros. Pero vuelvo a expresar: esto es por la reincorporación de todos los compañeros que fueron despedidos por la anterior gestión y que en este Gobierno aún no fueron reintegrado a sus puestos de trabajo. Pero también de una recuperación de una oficina que trabajó con los sectores campesinos e indígenas que siempre quedaron fuera de las políticas públicas y que por ahora no podemos volver. Ya pasaron casi dos años del Gobierno de Alberto Fernández y no podemos volver a los territorios para atender a los beneficiarios de las políticas de inclusión que pregonaron en la campaña. Nosotros que militamos las calles durante 4 años para el regreso de un gobierno nacional y popular seguimos sin poder llegar a donde nuestras convicciones nos dicen que tenemos que llegar", se lamentó Parpagnoli.

Los trabajadores despedidos

El sector campesino e indígena de la provincia incluye a unas 10 mil familias. Es un sector históricamente relegado, con problemáticas diversas que incluyen dificultades en el acceso a la tierra y al territorio; a los servicios indispensables como agua y electricidad; a las comunicaciones, etc. Se suma la situación del minifundio, los bajos rendimientos, la falta de infraestructura productiva, el acceso limitado y asimétrico a los mercados. En estas problemáticas se centraban las actividades que realizaban en la SAF y que fueron anunciadas el 1 de marzo del año pasado en un plan estratégico 2020 / 2024. Ahora se puede cuestionar su cumplimiento porque a dos años de asumir, la operatividad de una oficina sensible sigue siendo nula por las internas políticas. Como si fuera una paradoja o quizás una novela distópica, los actuales funcionarios les estarían dando la razón a los del gobierno anterior que despidieron a los trabajadores con el argumento de que "son muchos empleados para hacer nada".

 

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