La Corte Suprema de Justicia evalúa fijar la semana próxima una posición institucional frente al proyecto de ley de Presupuesto 2023 que incluye el pago de jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales del impuesto a las ganancias.
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La Corte Suprema de Justicia evalúa fijar la semana próxima una posición institucional frente al proyecto de ley de Presupuesto 2023 que incluye el pago de jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales del impuesto a las ganancias.
Los cuatro jueces del alto tribunal mantuvieron una reunión fuera del acuerdo semanal para tratar causas judiciales y esta vez centraron toda su atención en la iniciativa del oficialismo en el Congreso.
Los jueces, según revelaron fuentes judiciales, interpretan el proyecto que los incluye en el pago de ganancias -como a cualquier otro trabajador de altos ingresos- como un nuevo capítulo de lo que consideran una "avanzada" del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.
En ese contexto, anotan la modificación al sistema de jubilaciones "que causó múltiples renuncias", los cuestionamientos a la continuidad del procurador general interino Eduardo Casal, y el proyecto para ampliar el número de jueces de la Corte.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen sus despachos los cuatro ministros del tribunal, comparan la iniciativa presupuestaria con la reforma de la ley de jubilaciones y el aumento del aporte de los jueces al 18 por ciento.
Esa ley generó una ola de renuncias de jueces, que prefirieron irse en ese momento y no jubilarse con la ley nueva. Algunos jueces críticos del Gobierno sostienen que lo que se pretende con este cambio es generar un éxodo de magistrados para ocupar esos espacios con gente afín. De hecho, destacan, en las últimas elecciones del Consejo de la Magistratura la lista de jueces que mas creció es la Celeste, con mayor afinidad con el Gobierno.
Sin un "caso"
El alto tribunal no puede avanzar en una resolución judicial puesto que todavía no hay un "caso" sobre el cual pronunciarse. Pero los cortesanos analizaron una postura institucional ante una situación probablemente en ciernes y pronosticaron que una eventual sanción de la inclusión de ellos en Ganancias a través de la Ley de Presupuesto "se judicializará de inmediato".
Los jueces evaluaron, además, que la situación se insinúa como de mayor complejidad, porque la iniciativa comprende también a funcionarios de las justicias provinciales.
Atento a que una modificación de esa naturaleza comprendería a todos los funcionarios judiciales que actualmente no pagan el impuesto a las ganancias, el Poder Judicial podría tener que recurrir a conjueces abogados para emitir un fallo.
Rechazo de los jueces
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó ayer el proyecto de ley de Presupuesto 2023 que contempla una vez más que jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, al igual que el resto de los trabajadores de altos ingresos.
La entidad que los nuclea manifestó mediante un comunicado "su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos".
En rigor, la Constitución prevé la "intangibilidad" de los salarios de los magistrados, y la exención del impuesto a las ganancias es una decisión de la Corte Suprema adoptada durante el gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem.
Cámaras Federales, en contra
Por su parte, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de todo el país señaló que entienden la situación social pero los sueldos de los jueces son intangibles, y afirmó que "el dialogo constructivo y de cooperación entre los distintos poderes del Estado, lejos de obstaculizar las transformaciones estimadas indispensables, permitiría zanjar definitivamente" el asunto, con independencia de la fecha de designación de los jueces en sus cargos.
Asimismo, la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), que preside Jorge Morán y orienta el juez federal Ariel Lijo, de Comodoro Py, señaló que el proyecto le genera "rechazo y preocupación" porque "avanza sobre los salarios de las juezas y jueces de todo el país".