El Tribunal Oral Federal 2 consideró que existió un "Plan criminal" por parte de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para favorecer durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez con la cesión de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y por la cual estimó que hubo una defraudación al estado en más de 84 millones de pesos en esas 51 licitaciones bajo sospecha.
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El Tribunal Oral Federal 2 consideró que existió un "Plan criminal" por parte de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para favorecer durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez con la cesión de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y por la cual estimó que hubo una defraudación al estado en más de 84 millones de pesos en esas 51 licitaciones bajo sospecha.
A partir de la resolución, corre el tiempo para las apelaciones a la Cámara Federal de Casación Penal, pues la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, quedan en stand by hasta que el fallo quede firme, esto es hasta que resuelva la Corte Suprema de Justicia.
Tanto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, como la defensa de Cristina Kirchner y demás acusados, cuentan con diez días hábiles para apelar a la Cámara Federal de Casación Penal.
"Podemos afirmar que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva", sostuvo el Tribunal 2 con la firma de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Las obras fueron "sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción".
Para los jueces hay evidencias de "la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes" y en esa lógica "ha sido dirimente la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, puesto de relieve a través de su participación en los beneficios económicos -producto del delito- obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra".
"En ese sentido, nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. También quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad", sostuvieron en un fallo de más de 1.600 páginas.
Los jueces analizaron el crecimiento económico de Lázaro Báez, también condenado a seis años de prisión, y la conformación de su grupo empresario "de indudable cercanía con los responsables del diseño de esa política pública". En ese sentido, focalizan que en 2003 cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, el ahora empresario era "monotributista" y empleado del Banco de Santa Cruz para luego crear su emporio de empresas.
Además, remarcan que Austral Construcciones se fundó en 2003 cuando el entonces candidato Carlos Menem renunció a competir en segunda vuelta con Néstor Kirchner y éste tenía asegurada su llegada a la Presidencia. Fue el 8 de mayo de ese año con un capital inicial de $12 mil, de los cuales Báez aportó 3 mil.
Cartelización
Hubo -según los jueces- "cartelización de obra pública vial" en Santa Cruz a favor de Báez y se buscó "mejorar engañosamente las posibilidades de éxito de una única persona enmascarada detrás de sus empresas". "En la provincia de Santa Cruz Lázaro Báez competía contra él mismo", añadieron.
Las empresas de Báez recurrieron "de forma sistemática a pagos anticipados" de la Dirección Nacional de Vialidad sobre las obras que le eran encargadas, que muchas de las licitaciones no se concluyeron por lo cual las obras no se hicieron y que, tanto el empresario como "Cristina E. Fernández de Kirchner, y José Francisco López planificaron, decidieron y ejecutaron el abandono de las obras adjudicadas a las empresas del Grupo Báez, y contaron para ello con la asistencia de Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez", estos últimos de la Dirección Nacional de Vialidad.
Operativo "Limpien todo"
"Lo primordial es que las vastas pruebas reseñadas demuestran con suficiencia que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Lázaro Antonio Báez y Fernández de Kirchner, con la asistencia de Julio Mendoza, José Francisco López y, en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal", añadieron.
"Es evidente que las ofertas realizadas y adjudicadas a las empresas controladas por Lázaro Antonio Báez en 2006 registraban sobreprecios", sostuvieron los jueces.