Por Rubén Arenas
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Por Rubén Arenas
Jorge Rubén Esper y Analía Verónica Suárez eran hasta los primeros meses de 2016 uno de los tantos matrimonios salteños que desde hacía años esperaban que el Estado les entregara un terreno para tener un techo. Él es un jubilado por discapacidad y ella ama de casa. Tienen dos hijos menores. Luego de 14 años de espera el sueño de la pareja se hizo realidad cuando desde Tierra y Hábitat le informaron mediante resolución N§ 20 -firmada por el entonces subsecretario del organismo, Rodrigo Diez- que era adjudicataria de un terreno en la urbanización Parque La Vega. De acuerdo con el sorteo, les tocó el lote 12 de la manzana 27 y allí se instalaron en una carpa y se abocaron a la construcción de la vivienda.
Una tarde de noviembre Analía acompañó a una sesión de fisioterapia a su esposo por el ACV que había sufrido y cuando retornaron se encontraron con la triste novedad de que el terreno estaba ocupado por otra familia. La nueva moradora les exhibió la resolución 126/16 firmada por el nuevo titular de Tierra y Hábitat, Angel Sarmiento, mediante la cual dispuso desalojarlos con el argumento de que no se encontraban viviendo de manera estable en el terreno.
Desde ese día el matrimonio viene librando una encarnizada batalla para recuperar el predio que, según ellos, el Estado les usurpó. "Nosotros no fuimos víctimas de un ocupa, sino de un funcionario (por Sarmiento) que nos quitó el valor más preciado por el que luchamos tantos años", expresaron a El Tribuno los Esper. Dijeron que la medida fue dispuesta sin aviso y sin orden judicial. "Lo que ocurrió fue lisa y llanamente una maniobra orquestada desde el Estado que aprovechó nuestra ausencia, por el tratamiento de mi discapacidad, para permitir que otra persona ocupe el terreno donde teníamos acopiados todos los materiales para terminar de construir", afirmó Jorge.
Analía, en tanto, negó en forma terminante que no hayan estado ocupando el terreno y que la pocas veces que se ausentaban eran por el tratamiento médico de su esposa o las salidas normales que hace cualquier familia. "Todas las veces que fueron a hacer los censos para comprobar si la gente estaba ocupando los terrenos, nosotros estuvimos ahí y por eso Sarmiento no puede decir que no estábamos viviendo de manera estable", indicaron. También cuestionaron el hecho de que le hayan otorgado el lote a una mujer que argumentó tener problemas de salud. "Yo también soy un enfermo, y lo que hicieron, entonces, fue desvestir a un santo para vestir a otro, como dice el refrán", dijo el hombre. Jorge calificó de "arbitrario" y "carente de fundamento lógico" el tenor de la resolución 126 en la que se expresa que de las verificaciones realizadas por el Subprograma Censo de Tierra y Hábitat se estableció que el lote suyo y de otros cuatro de la urbanización no se encontraban habitados por sus adjudicatarios. Señala el instrumento que existen cinco familias a las que les adjudicaron terrenos en la extensión Parque La Vega conforme sorteo realizado en marzo de 2016, los que hasta el momento no fueron entregados por carecer de los servicios necesarios para su habitabilidad. Según la resolución, esas familias renunciaron luego al beneficio y solicitaron que se les otorgue terrenos en condiciones de ser habitados en razón de las necesidades urgentes de contar con un techo.
"Esto es lo llamativo de la resolución de marras. El doctor Sarmiento acepta la renuncia de los lotes que hicieron esas personas y, al mismo tiempo, otorga y da el beneficio de usurpar nuestro terreno mediante un instrumento legal", sentenció el matrimonio. La pareja exhibió la documentación de todos los planteos que vienen realizando desde noviembre pasado, tanto a nivel administrativo como policial y judicial. "Por esta actitud arbitraria y rayana con la injusticia no solo nos despojaron del terreno, sino todo lo que invertimos para construir nuestra vivienda", se lamentaron Jorge y Analía.
El 14 del corriente enviaron una carta documento al responsable de Tierra y Hábitat en la que exigen la restitución del lote en virtud de la promesa que le hicieron de resolverle el problema en el plazo de un mes. La respuesta de Sarmiento fue categórica: No a lugar. "El dolor es grande, pero seguiremos luchando para que se haga justicia", concluyeron con una sensación de angustia.