El pasado 1 de agosto, el corresponsal del periódico La Stampa en Ciudad del Vaticano, Andrés Beltramo Alvarez, señaló que Zanchetta, en su paso por la Diócesis de Quilmes, había cosechado "numerosas denuncias en materia de malos manejos económicos, algo que se habría repetido en la demarcación eclesiástica que guió desde julio de 2013 en el norte de Argentina".
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El pasado 1 de agosto, el corresponsal del periódico La Stampa en Ciudad del Vaticano, Andrés Beltramo Alvarez, señaló que Zanchetta, en su paso por la Diócesis de Quilmes, había cosechado "numerosas denuncias en materia de malos manejos económicos, algo que se habría repetido en la demarcación eclesiástica que guió desde julio de 2013 en el norte de Argentina".
Sobre los cuatro años de Zanchetta en la sede episcopal de Orán, el portal Caminos Religiosos sostuvo que "sus vínculos con miembros del poder político y económico" le permitieron "recibir asistencia y fondos", dado que "invocaba ser pastor de una "diócesis necesitada'", pero "algunos de los pedidos tenían poco que ver con actividades religiosas".
Valores Religiosos, la publicación que fundó el presbítero Guillermo Marcó con la ayuda de Sergio Rubín, editor de Religión del diario Clarín, sugirió que "Zanchetta fue obligado a renunciar por manejos inadecuados".
En la misma línea, Infobae tituló: "Se lo apunta por desmanejos financieros".
¿Qué hay de concreto?
Poco después de la designación de Zachetta como obispo de Orán, en 2013, se colgó en la página de internet Change.org una petición pública urgiendo al Papa a revisar el nombramiento. La firmaron Santiago Spadafora, médico personal y estrecho colaborador del fallecido obispo Jorge Novak, y otro centenar de laicos y docentes de los colegios religiosos que Zanchetta había administrado hasta junio de 2013 como vicario de Asuntos Económicos y apoderado general de la Diócesis de Quilmes.
Hasta 2010, cuando fue despedido bajo circunstancias que aún debe esclarecer la Justicia, Spadafora había ocupado por 27 años la función de representante legal del Instituto Manuel Belgrano de Berazategui, uno de los establecimientos educativos que dependen del Obispado de Quilmes.
"Zanchetta empezó a perseguirme en 2009, promovió mi despido y me hizo una falsa denuncia, solo porque me opuse a una serie de lamentables decisiones tomadas y transmitidas por escrito", afirmó Spadafora, quien ya había elevado las constancias del caso en 2011 al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio.
La petición llegó dos años después al Vaticano, con la adhesión de un importante número de laicos y docentes en los que el exvicario de Asuntos Económicos de la Diócesis de Quilmes no parece haber dejado las mejores impresiones.
Consultado por El Tribuno, Spadafora afirmó que Zanchetta no le perdonó que se opusiera a "la indicación de derivar coercitivamente fondos de la escuela, subvencionada en un 100% por el Estado provincial (de Buenos Aires), para el sostén de actividades diocesanas y pastorales cotidianas".
"Su represalia también se debió a mi rechazo a las instrucciones de no pagar el servicio de agua corriente a la Municipalidad de Berazategui, como lo hacían otros establecimientos educativos, y de seguir en las escuelas diocesanas un procedimiento coercitivo para la cobranza de aranceles a los alumnos morosos, y discriminatorio para la inscripción (matriculación) de dichos alumnos, a través de la confección de listas negras". La causa que le inició Zanchetta a Spadafora en 2010, por supuestos desmanejos administrativos, tiene constancias escritas de esas y otras controvertidas medidas diocesanas.
A pedido del juez de garantías de Berazategui, Damián Véndola, la fiscal María Attarián Mena acaba de disponer en la causa una serie de testimoniales que inquietan al clero.
La larga lista de testigos que solicitó Spadafora y aprobó la fiscal Attarían Mena, el pasado 1 de agosto, incluye al actual obispo de Quilmes, Carlos José Tissera; a su antecesor, Luis Teodorico Stockler; al vicario general, Carlos Alberto Abad; al contador de esa diócesis, Luis Adolfo Albertón, y a varios sacerdotes y laicos que guardaron incómodos secretos.
Sus cuestionamientos se filtraron hasta ahora discretamente en los portales religiosos y otros medios que aludieron a los supuestos "desmanejos económicos" del exobispo de Orán sin entrar en detalles.
Ahora, bajo la obligación de testificar con la verdad y bajo apercibimiento de afrontar causas por falso testimonio, prelados, sacerdotes y laicos deberán comparecer sin velos ante un estrado judicial.
Este diario accedió a copias de la candente causa que, en poco tiempo, será ventilada en un juicio oral y público.
Según sus colaboradores, cayó en una crisis depresiva
En la carta que dirigió a la comunidad diocesana de Orán el pasado 29 de julio, el exobispo Zanchetta comunicó que dejaba la sede episcopal por “un problema de salud” cuya recuperación consideraba “imposible de seguir en la provincia de Salta”. Desde entonces está recluido en Corrientes. ¿Qué tipo de tratamiento podría recibir allí que no tenga las mismas condiciones en Salta? La respuesta abona la hipótesis de una crisis depresiva.
Se sabe, por fuentes bien informadas, que en los últimos meses el estado de salud de Zanchetta había presentado “algunos síntomas que requirieron estudios, pero nada que hiciera suponer la decisión
de viajar a Roma para presentar ante el papa Francisco la renuncia como obispo”.
Una religiosa oranense, que prefirió reservar su identidad, advirtió que el contrabando, la trata de personas, el lavado de activos y el narcotráfico desplazaron a la producción y el comercio lícito del centro de la actividad económica del norte y sumieron a Orán, Tartagal, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria -los municipios abarcados por la diócesis fronteriza- en una profunda crisis social.
“Todo eso se puso de manifiesto en la crisis de los bagayeros y en esta tristísima renuncia del padre Gustavo”, aseguró la monja. “Luego del conflicto (con los bagayeros) se lo notaba con desasosiego”, acotó.
En su carta de despedida, Zanchetta no dio detalles del problema de salud, pero voces de su entorno más cercano revelaron episodios que lo habrían obligado a recurrir a ayuda psicológica y psiquiátrica en los últimos meses.
Esas mismas fuentes afirmaron que el obispo “quedó mal parado con la gestión porque no se cumplieron los puntos acordados” para resolver aquel conflicto.